“Si los presos de ETA quieren y España acepta, se les puede trasladar”

Christiane Taubira (1952, Guayana Francesa) es la ministra de Justicia de Francia. Es considerada como la representante del ala izquierda del nuevo Gobierno de Manuel Valls, casi un símbolo que permanece en el Ejecutivo después de la última remodelación profunda. En su gestión ha eliminado las tasas judiciales, ha mantenido el presupuesto para Justicia, pese a los recortes, y ha promovido reformas como la del matrimonio entre personas del mismo sexo, frente a notables resistencias. Lunes y martes ha realizado una visita oficial a España en la que se ha entrevistado con los ministros de Justicia e Interior y el fiscal general del Estado para reforzar la cooperación judicial y tratar asuntos comunes como el futuro de los 99 presos de ETA que hay en este momento en Francia.

 “La inmensa mayoría de esos presos de ETA tienen nacionalidad española y entre ellos hay muchos de los líderes históricos de la organización terrorista. Si estos presos españoles formulan el deseo de cumplir lo que les queda de pena en España lo transmitimos al Gobierno español, y, si éste está de acuerdo, se puede proceder a ese traslado. La cuestión de los acercamientos al País Vasco de los detenidos etarras es diferente. En Francia, hay una regla aplicable para todos los detenidos, indiferentemente de la infracción que hayan cometido, y si hay solicitud muy precisa de cambio, se examina. Lo que se busca es un acercamiento familiar, porque el preso puede reinsertarse en la sociedad más fácilmente. Pero tenemos en cuenta también la duración de la pena, su comportamiento y la peligrosidad. También nos preocupa la seguridad”, asegura.

A la pregunta de si es posible que esos presos sean enviados en breve a cárceles españolas, Taubira explica que “no se puede trasladar a un preso a España sin su consentimiento”. Y explica: “Hasta diciembre de 2013, el colectivo de presos, EPKK, les aconsejaba que no hicieran estas solicitudes, por lo tanto, no había flujo. Desde entonces, tenemos unas 20 solicitudes de acercamiento al País Vasco y algunas pocas a España. Por lo tanto, es una situación de cambio por parte de los presos de ETA. Por parte del Gobierno francés, no ha habido cambio. Seguimos razonando de la misma manera con nuestra legislación en la mano. Esta hipótesis teórica que usted plantea existe, pero no hay una demanda en realidad. En cualquier caso, me he comprometido a informar a España de las solicitudes que nos lleguen en un espíritu de dialogo y de cooperación”.

Tenemos unas 20 solicitudes de acercamiento al País Vasco

Taubira también ha trasladado al Gobierno español su experiencia con la agencia que gestiona los bienes incautados a delincuentes, aplicable, por ejemplo, a los casos de corrupción. “Hemos adoptado una ley en diciembre de 2013 para luchar contra el fraude fiscal y la delincuencia financiera. Hemos creado una fiscalía especializada y endurecido la ley con penas hasta cien veces mayores. Se confisca, además, todo el patrimonio y los bienes que transitan por terceros. Tenemos una oficina de investigación especializada y un estatuto de los arrepentidos o colaboradores con la justicia, para ayudar a desmantelar estos sistemas. Disponemos de un sistema de protección para los que ayudan a detectar estos delitos, con leyes para protegerlos. Hay un Servicio Central de Prevención de Corrupción para luchar contra estos delitos y una agencia que incauta todas las posesiones de los corruptos”.

El ministro de Justicia español, Alberto Ruiz-Gallardón, le expresó su interés por esa propuesta para gestionar bienes decomisados: “La idea es que España tenga una agencia equivalente, porque su eficacia se demuestra: en tres años en Francia hemos recuperado 450 millones de euros y gestionado 1.000 millones”.

Sus reuniones en Madrid han servido para reforzar la cooperación judicial entre Francia y España que, según asegura, “es ejemplar desde hace años”.

“Hemos inventado una forma de cooperación muy eficaz contra el terrorismo, el crimen organizado y el tráfico de estupefacientes. Y ahora vamos a reforzarlo. Por ejemplo, tenemos 85 equipos comunes de investigación en todo el mundo, de las cuales 25 son con España. Tenemos los grupos antiterroristas, los grupos que trabajan de enlace contra el tráfico de drogas. Respecto al terrorismo y el crimen organizado mejoramos las leyes para ser más eficaces y anticiparse a las metamorfosis, sutilezas y capacidades de los que los cometen para cruzar las fronteras. Tenemos que ser capaces de actuar y colaborar para detener a los que quieren pasar de un país a otro y por eso colaboramos tan intensamente con los jueces y fiscales españoles. En la lucha contra el terrorismo contamos con la experiencia de España y en este momento gestionamos una media de 400 comisiones rogatorias internacionales anuales de la justicia francesa hacia España. Es para Francia, el flujo penal más importante al mundo”, añade.

La ministra defiende la condición de izquierdas del Gobierno francés, cuestionada tras la última remodelación. En su opinión “ser de izquierdas es tener unos ideales de justicia social y también una ambición de igualdad. Francia, además, es una nación que se constituyó sobre el concepto de ciudadanía y en ese concepto tienen que estar representadas todas las personas, independientemente de su origen y creencia”.

Taubira asegura que “ser de izquierdas es tener una visión humanista de la sociedad y del mundo, y que la economía esté al servicio de las mujeres y de los hombres”. “Por eso pienso en la economía como una ciencia moral como la llamo yo, en la que están representadas las mujeres y los hombres, y Francia se ha basado en un sistema de solidaridad que se ha hecho con el pacto republicano y el contrato social para garantizar las libertades y los derechos. Para que haya prosperidad económica hay que seguir trabajando con las políticas de solidaridad y eso tiene que ser posible. Eso es respetar los ideales”.

Recientemente fue objeto de polémica porque acudió a un acto del grupo denominado “Vive la gauche” (Viva la izquierda) en el que hubo críticas a la política de Valls y eso dio lugar a que le identificara como el ala más a la izquierda del Ejecutivo.

El nuevo Gobierno de Hollande es de izquierdas, pero siempre hay debates

“Tengo la función de defender la justicia social y la igualdad. Los valores de la República y los valores ante la justicia y que el Estado esté al alcance de todos los ciudadanos. En definitiva, defender las libertades y los derechos, pero no hay una escala o un concurso para ver quién está más a la izquierda. Por ejemplo, me pregunta por esa reunión con los socialistas y estaban allí electos y militantes, pero no había parias, enemigos o adversarios. Se ha montado una película que no es. La democracia es el debate y como decía Montesquieu, “cuando dentro de un Estado no hay ruido eso quiere decir que no hay libertad”. La sociedad tiene que ser libre, solidaria y justa y para eso tiene que haber un debate”, explica.

En su opinión, no son lo mismo los recortes en Francia, con un Gobierno socialista, y los de España, con un Gobierno conservador, porque allí no han afectado, por ejemplo, a justicia y educación. “El presupuesto de Justicia sigue creciendo cada año. Está previsto que haya 500 empleos nuevos hasta 2017, y esto no es austeridad. Para este año tenemos 8.000 millones de euros y un programa inmobiliario para los tribunales, para las prisiones… Mantendremos estable el número de funcionarios. Aplicamos políticas del esfuerzo, de racionalización, pero no de austeridad, porque estamos hablando de 60.000 empleos nuevos para la educación y 5.000 para la policía y la justicia”.

Un ejemplo de esa diferencia es que una de sus decisiones ha sido eliminar las tasas judiciales, mientras que en España se han creado y han subido. “Estoy muy orgullosa de esto, porque es una medida de justicia social. Ser de izquierdas quiere decir hacer una política de justicia social y asegurar unos servicios públicos en todo el territorio y el acceso a ellos. Cuando la situación es difícil y se produce paro y precariedad, si el ciudadano no ve que tiene la ayuda de la justicia, se puede sentir desamparado. Esa tasa de 35 euros que había que pagar en Francia, no es de justicia social. Sí lo es eliminarla”.