La segunda oportunidad para el aeropuerto de Texcoco

La construcción de un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México anunciada el martes por el presidente Peña Nieto cuenta con un antecedente reciente. El Gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha decidido resucitar un proyecto que ya intentó levantar el expresidente Vicente Fox en 2001. El aeródromo de Texcoco, apenas a 10 kilómetros de la capital, fue una de las grandes apuestas de aquel Gobierno panista, recién llegado al poder. El proyecto encontró, sin embargo, la oposición de los gobiernos locales y los propietarios de las tierras. Tras nueve meses de batallas en los tribunales y en las calles, el Gobierno decidió en 2002 echar el freno y cancelar sus planes.

El foco vuelve así a colocarse bajo las más de 5.000 hectáreas limítrofes del Distrito Federal con Texcoco y San Salvador Atenco, al oriente del Valle de México. El Ejecutivo de Fox aprobó en octubre de 2001 un decreto expropiatorio que afectaba a 4.000 familias de la zona, en su mayoría pequeños propietarios que explotaban esas tierras para la agricultura.

Los ejidatarios, organizados en la plataforma Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), rechazaron la medida. Echaban en cara al Gobierno la ausencia de diálogo social previo y no aceptaron la cuantía de la compensación establecida a cambio de la expropiación de sus tierras. El Gobierno federal les ofrecía indemnizaciones de 0,5 dólares por cada metro cuadrado dedicado a los temporeros y 2 pesos en las tierras de riego.

La inversión prevista para el megaproyecto, que incluía además de las instalaciones del aeropuerto, fuertes desarrollos urbanísticos, zonas comerciales, hoteles y la construcción de nuevas carreteras, ascendía a cerca de 3.000 millones de dólares.

La inversión prevista ascendía a cerca de 3.000 millones de dólares

Un mes después de la aprobarse el decreto de expropiación, los ejidatarios comenzaron a protestar bloqueando las carreteras de entrada del municipio, registrándose fuertes enfrentamientos con la policía. La FPDT había abierto también la vía legal y a finales de agosto el 50% de la tierra expropiada para la nueva terminal estaba en el alero judicial. En la acera institucional tanto el Gobierno de Ciudad de México como el ayuntamiento de Texcoco, ambos en manos del PRD, emprendieron también el camino judicial al entender que la utilidad pública de los terrenos, elemento crucial para llevar a cabo una expropiación, no estaba en este caso decididamente fundada.

Durante los meses siguientes continuaron los bloqueos de las carreteras y el FPDT endureció su campaña impendiendo a los técnicos federales la inspección y evaluación de los terrenos. El 11 de julio de 2002 se registró el más duro de los encontronazos. Un grupo de ejidatarios de San Salvador Atenco marchaba por la carretera de Tepexpan-Pirámides rumbo hacia San Juan Teotihuacán, donde había convocada una manifestación en contra del gobernador del Estado de México, Arturo Montiel. Una patrulla de 400 policías del municipio de Acolman les cortó el paso. El enfrentamiento se saldó con decenas de heridos, la muerte de unos de los manifestantes y varios detenidos. Los ejidatarios destrozaron algunos coches policiales patrulla y retuvieron a varios funcionarios públicos. “El enfrentamiento en Acolman fue un punto de inflexión. Una de los heridos, José Enrique Espinosa, falleció pocos días después. Varios de los líderes campesinos fueron detenidos y se enfrentaron a acusaciones de lesiones y robo”, recuerda el abogado de Leonel Rivero.

Con los dos frentes judiciales abiertos y el aumento de la conflictividad en la calles, el uno de agosto de 2002, la Presidencia de la República anunciaba en un comunicado que daba marcha atrás al proyecto y cancelaba el decreto expropiatorio.

A falta de conocer los detalles concretos del nuevo proyecto, los municipios de las tierras afectadas aún no se han pronunciado oficialmente. Contactada por este periódico, la alcaldesa de Texcoco, Delfina Gómez Álvarez, se remitió a una rueda de prensa al respecto que dará este jueves. El FPDT, sin embargo, sí ha hecho pública ya su posición. “El proyecto sigue siendo el mismo: el aeropuerto. Todo es lo mismo, el despojo de la tierra por parte del gobierno federal. Nosotros seguimos luchando, defendiendo la tierra”, señaló uno de sus portavoces poco después de conocerse el anuncio de Peña Nieto.