Una huella dactilar a cambio de comida

El superintendente nacional de Costos y Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, terminó de darle forma a la idea que asomó el miércoles el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. A partir del 30 de noviembre, según comunicó Méndez, todos los supermercados y abastos del país deberán incorporar dispositivos para capturar huellas digitales a sus procesos de facturación.

Es la última medida que ha tomado el régimen chavista para garantizar el abastecimiento de bienes, seriamente afectado por el contrabando y la baja productividad del sector privado, al cual el Gobierno le regatea las divisas necesarias para operar. El Gobierno aspira a que la implantación de los controles biométricos y la confiscación del contrabando de alimentos básicos le ayuden a hacer correcciones mínimas en un modelo económico que subsidia todos los bienes y servicios.

Este viernes Maduro sumó otras decisiones a las tomadas en semanas pasadas para disminuir el trasiego de alimentos y gasolina hacia los países vecinos. La inauguración de una nueva dependencia de Pdvsa que venderá la cesta básica a precios al mayor, dirigida a aquellos negocios que necesitan adquirir grandes volúmenes de insumos, y un decreto que prohíbe exportar productos de la cesta básica y penará a aquellos funcionarios que transgredan esa disposición. “Venezuela no exporta esos alimentos; los produce para consumirlos”, dijo el mandatario durante un acto oficial en un sector popular del oeste de Caracas.

El Gobierno está ganado a la idea de evaluar el impacto de estas medidas coercitivas antes de corregir las distorsiones de la economía. El chavismo está convencido de que si se exige a los consumidores las huellas dactilares y se suma la contraloría social podrá disminuir la crónica escasez que desde hace un año acogota al país. En ese sentido, Maduro dejó en claro que el desabastecimiento y la escasez no son solo su problema y pidió a todos los venezolanos que denuncien el contrabando de extracción y el acaparamiento de productos.

"Tenemos que levantarnos para que este modelo cambie, para que podamos conseguir los productos cuando nos provoque Henrique Capriles, excandidato presidencial 

La oposición, en cambio, vaticina que al reforzar los controles se incrementará la escasez y los problemas asociados a ella: la formación de mafias que comercian con esos productos regulados en los mercados fronterizos. La idea que más se repite en su análisis es la imposibilidad de destruir la lógica del libre juego de la oferta y la demanda mediante el control de precios.

El gobernador del Estado de Miranda y excandidato presidencial, Henrique Capriles Radonski, aseguró que el Gobierno está administrando el racionamiento de facto que existe en Venezuela desde 2013. “El problema de fondo es que la industria nacional quebró, que acabaron con la producción nacional. Mientras no haya un cambio en el modelo seguirá habiendo escasez”, reiteró el líder de la oposición en un acto público en una escuela.

Capriles recordó las denuncias del mentor ideológico de Hugo Chávez, el exministro de Planificación Jorge Giordani, quien reveló que el Estado entregó a empresas fantasmas más de 25 mil millones de dólares. El opositor instó a los venezolanos a reaccionar ante la profundización del racionamiento. "Tenemos que levantarnos para que este modelo cambie, para que podamos conseguir los productos cuando nos provoque. Este racionamiento tiene que ser una oportunidad para que el pueblo se una en contra eso”, dijo.

Las declaraciones de Capriles recogieron parte del malestar que ha causado la medida. En el este de Caracas, mayormente opositor, dos señoras fustigaban este viernes el anuncio del Gobierno con comentarios irónicos en un kiosco de periódicos de la urbanización Cumbres de Curumo. “Usted y yo”, le decía una a la otra, “somos diferentes, pero estamos obligadas a comprar las mismas cantidades de comida. Y después dicen que esto no es comunismo”.

El Gobierno prefiere no hablar de racionamiento de alimentos y refuerza la idea de que debe garantizar los alimentos a todos los venezolanos, que ya se aplica en las regiones fronterizas con Colombia. En los estados de Táchira y Mérida hay restricciones para surtir a los vehículos de gasolina. En el Estado Zulia se aplica en los supermercados —las redes Pdval, Mercal y Abastos Bicentenario— una venta controlada para evitar la compra indiscriminada de materias básicas.

Maduro ha terminado por ceder a una propuesta que en junio de 2013, como lo recordaba la prensa local este viernes, la consideraba descabellada.