Trece acusados por una masacre contra sandinistas en Nicaragua

La Policía Nacional de Nicaragua presentó este jueves a los supuestos autores de la masacre de sandinistas ocurrida el 19 de julio, en la que murieron cinco personas y donde otras 19 resultaron heridas. En una conferencia de prensa realizada bajo fuertes medidas de seguridad, la jefa de la Policía, Aminta Granera, dijo que gracias al trabajo coordinado con el Ejército de Nicaragua han logrado capturar a ocho personas, uno de ellos, José Ricardo Cortéz Dávila, de 61 años, vinculado al cartel mexicano de Los Zetas. Estos detenidos se unen a otras cuatro personas que ya están siendo juzgadas, señaladas de “conspirar” para realizar la masacre, con lo que son doce los arrestados. Un acusado más está prófugo, afirmó Granera. A pesar de la insistencia de los periodistas, la oficial no especificó las causas del ataque, se limitó a calificarlo como “crimen común” y compararlo con las masacres registradas en Estados Unidos: “Yo me preguntaría qué ganan las personas que en los Estados Unidos cogen un fusil AK y matan a estudiantes en una escuela”, dijo la jefa policial.

La conferencia de Granera, muy esperada por la prensa, no resolvió los interrogantes que los nicaragüenses se hacen tras la masacre, que ha conmovido a este pequeño país centroamericano. Muchos se preguntan por qué atacar caravanas indefensas de simpatizantes del Frente Sandinista, el mismo día que el Gobierno celebraba el 35 aniversario de la revolución que acabó con la dictadura somocista. ¿Era un mensaje? ¿ Para el Gobierno o la Policía? ¿Si se trata de un “crimen común”, como expuso la jefa policial, por qué no hubo robos? ¿Qué mueve a un grupo de personas a coordinar un ataque de este nivel y causar una masacre? Y la nueva pregunta que surge tras la conferencia de este jueves: ¿Cómo explica la Policía la participación de un hombre ligado a un poderoso grupo del crimen orgnizado internacional?

Lo que sí descartó Granera fue que la causa del crimen estuviera ligada a asuntos políticos. “Han visto que se trata de una banda delincuencial, que tienen antecedentes criminales, este es un hecho delictivo, criminal, nunca antes visto en nuestro país.[Los acusados] sí son criminales, pero no hemos encontrado ninguna vinculación ni indicio para afirmar que se trata de un acto político. Se trata de una actividad criminal común”, enfatizó la jefa de la Policía nicaragüense.

La conferencia policial de este jueves parecía responder a un guión de película. Oficiales con los rostros cubiertos y cargando fusiles custodiaban el recinto donde Granera, arropada por altos funcionarios de la Policía, daría a conocer el resultado de las investigaciones. La jefa policial fue presentando uno a uno a los acusados, mientras se proyectaban en una gran pantalla videos en los que esos acusados explicaban cómo coordinaron el plan de ataque. Granera expuso que además de las pesquisas en la zona de la masacre, entrevistaron a 49 testigos y realizaron nueve allanamientos. En total fueron presentadas ocho personas, algunas con antecedentes delictivos y uno ligado a Los Zetas.

Los acusados son: Leonel Antonio Paveda, de 48 años, señalado de realizar el reconocimiento del lugar donde se ejecutarían los ataques, falicitar una de las armas, además de definir la ruta de escape de los atacantes; José Ricardo Cortez Dávila, 61 años, acusado en el pasado por trata de personas, principalmente niños, y vinculado al cartel mexicano de Los Zetas. Cortez Dávila es señalado por participar en las reuniones de planificación del ataque y ocultar a dos de los atacantes. Entre los acusados también están Eddy Antonio Gutiérrez Delgadillo y Jairo Alberto Obando, señalados de disparar con escopetas contra las caravanas; José Meza Raudez, de 47 años, acusado de ocultar a dos de los atacantes; Wilfredo Balmaceda Castrillo, de 54 años, quien facilitó la camioneta en la que se movilizaron los acusados; Rosendo Huerta Gonzalez, de 43 años, acusado de dirigir, coordinar y ejecutar el ataque; Zacarías Cano Angulo, de 41 años, quien participó en la planificación del atentado; y Pablo Martínez Ruiz, de 55 años, quien supuestamente eligió el lugar donde se realizaría la masacre y también disparó contra la caravana.

“Hemos esclarecido en un tiempo récord un caso de extrema complejidad. Complejo por la magnitud de la masacre, por la cantidad de las víctimas, por la modalidad nunca antes vista en nuestra Nicaragua, modalidad inimaginable para cualquier ser humano. Hemos trabajado estos 17 días de forma seria, responsable, profesional y en el marco de las atribuciones que nos confiere la ley, para salvaguardar la seguridad, armonía y convivencia pacífica de cada uno de ustedes, hermanos nicaragüenses”, dijo, llena de orgullo, Granera.

A la jefa policial, sin embargo, no le gustó la insistencia de los periodistas en relación a las causas del ataque, la pregunta que quedó sin responder este jueves. Se limitó a exponer que el hecho fue detenidamente planificado desde el 20 de junio en la casa de uno de los acusados, localizada en la comunidad de Ciudad Darío, en el centro del país. No se conoce cómo consiguieron las armas de guerra, restringidas en Nicaragua, ni cómo financiaron el ataque. En relación a las vejaciones contra los detenidos y desapariciones durante el proceso de investigación, denunciadas por organismos defensores de derechos humanos, Granera dijo que “no ha habido ni habrán muertos ni desaparecidos como en tiempo de la dictadura. Lo que sí hay son personas investigadas por un hecho abominable, que los hemos detenido en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ). Hemos actuado en todo momento en el marco de las atribuciones que nos confiere la ley”. La jefa de la Policía se felicitó por “esclarecer en tiempo récord” la masacre del 19 de julio, pero muchos de los periodistas congregados este jueves en la sede de la Policía, en Managua, salieron del recinto con más dudas que respuestas.