Cuatro policías encargados de pacificar las favelas de Río, denunciados por violación

Las 38 Unidades de Policía Pacificadora (UPPs) desplegadas desde diciembre de 2008 en múltiples favelas de Río de Janeiro se han situado definitivamente en el ojo del huracán. Tras varios casos de corrupción y violencia descontrolada que han venido manchando la imagen de diversas unidades, el contingente pacificador destacado en la favela de Jacarezinho, en un área de la zona norte de Río conocido antaño como franja de Gaza, se enfrenta a una denuncia de violación de tres jóvenes de baja renta, una de ellas menor de edad.

Según las víctimas, la agresión se produjo durante la madrugada del pasado martes a manos de cuatro agentes que ya cumplen prisión preventiva y que serán juzgados por la leyes propias de los tribunales de la Policía Militar. De esta manera, el mismo proyecto que vio la luz con la aprobación casi unánime de los principales especialistas en seguridad pública se enfrenta hoy a una creciente resistencia de un sector nada desdeñable de las favelas ocupadas y a una nueva denuncia que socava aún más su credibilidad.

“Es un incidente muy grave que demuestra que la relación entre la policía y estas comunidades está muy lejos del objetivo inicial del proyecto de las UPP”, opina el sociólogo experto en violencia, Ignacio Cano. Ante la gravedad del hecho, la Policía Militar se ha apresurado a emitir una nota en que afirma que “las medidas adoptadas serán rigurosas, incluyendo la prisión y la posible expulsión de la institución (de los responsables, una vez que se confirme su culpabilidad). El comando de la PM lamenta el episodio y repudia este crimen bárbaro, resaltando que no coincide en nada con el comportamiento que se espera de un policía”, concluye la nota. “Es una reacción positiva ya que se abre la posibilidad de una investigación, algo que no ha sido frecuente en la Policía Militar. Esto es fundamental para que se crea en el sistema y que la gente siga denunciando estos crímenes”, comenta Cano.

Por su parte, la socióloga y coordinara ejecutiva de la ONG Ciudadanía, Estudio, Pesquisa, Información y Acción (CEPIA), Jacqueline Pitanguy, afirma que “cuando quien comete este delito es un agente del Estado, la mujer pasa a ser triplemente vulnerable ya que es mucho mas difícil que su denuncia llegue a buen puerto y, lo más preocupante, que no sufra represalias”.

La agresión relatada por las víctimas, que ya han identificado a los agresores en una rueda de reconocimiento con 60 agentes, se produjo durante la madrugada del martes a pocos metros de unas vías ferroviarias que atraviesan la favela de Jacarezinho. Allí se suelen congregar consumidores de crack, convirtiendo la zona en una de las cracolandias más conocidas de la zona norte de Río. Las operaciones policiales y de agentes sociales son permanentes en la zona, aunque hasta ahora no han conseguido acabar con el campamento improvisado de consumidores.

El número de violaciones en el Estado ha crecido exponencialmente desde el 2008

Según los primeros relatos, una patrulla de seis agentes se aproximó a las jóvenes obligándolas a dirigirse a un local cercano donde se habría producido el estupro colectivo. El Instituto Medico Legal (IML) de Río ha procedido al análisis físico de las agredidas para determinar la autoría del crimen. Los soldados Gabriel Machado Mantuano, Renato Ferreira Leite, Wellington de Cássio Costa Fonseca y Anderson Farias da Silva, todos con menos de tres años de servicio en la Policía Militar, se encuentran recluidos en el presidio militar de Benfica, en Río de Janeiro. Sólo uno de ellos ha confirmado la violación.

El episodio pone sobre la mesa el debate de la violencia sexual, a menudo eclipsado por las noticias de tiroteos, homicidios o autos de resistencia en Río de Janeiro. Pitanguy opina que “cuanto imperaba el trafico de drogas en las favelas actualmente ocupadas por UPP, las mujeres estaban más indefensas. Una víctima de violencia doméstica o sexual difícilmente podía salir de la comunidad y denunciarlo ante la policía”.

Según los datos contabilizados en el Dossier Mujer, elaborado anualmente por el Instituto de Seguridad Pública (ISP) de Río de Janeiro, el número de violaciones en el Estado ha venido creciendo exponencialmente desde el 2008. En 2012 (6.029 casos), el 82,8% de las agresiones sexuales tuvieron como las víctimas mujeres, en su mayoría entre 5 y 19 años, blancas o pardas, y solteras. Según Cano, “no se sabe si este aumento se debe que la gente denuncia más o si se producen más violaciones”.

Pitanguy añade que “desde el momento en que la violencia sexual tiene una mayor visibilidad pública y pasa a ser un fenómeno descrito en las estadísticas criminales, ya estamos ante un avance. Lo mas peligros es cuando es invisible, cuando no es contabilizada y cuando no hay espacios para la denuncia. Durante muchas décadas en Brasil esta era la situación”.