Chile debate sobre la vigencia de su Ley Antiterrorista

El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que condenó al Estado chileno por aplicar la Ley Antiterrorista contra siete mapuches y una activista, encuentra a Chile en un debate intenso sobre la reforma de esta norma nacida en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). El Gobierno de la socialista Michelle Bachelet ha garantizado que cumplirá la sentencia de la corte, que ordena anular las condenas y una indemnización de 50.000 dólares a cada uno de los implicados. El Ejecutivo ha aprovechado la publicación del fallo para reiterar la postura que tiene sobre su aplicación y sus eventuales transformaciones para adecuarla a la legislación internacional: “La Ley Antiterrorista ha sido totalmente inútil desde el punto de vista de lo que se perseguía con ella. Por eso hemos dicho tan fehaciente y claramente que aplicarla a veces no es la solución del problema", ha dicho el ministro de Justicia, José Antonio Gómez.

Los ocho chilenos a los que se refiere la sentencia de la CIDH fueron procesados por hechos ocurridos entre 2001 y 2002 en las regiones del Biobío y La Araucanía, en el sur de Chile, donde está vivo el conflicto indígena por la posesión de tierras que reclaman los pueblos originarios. Recibieron condenas que van desde los cinco a los 10 años de prisión por delitos como amenaza de incendio terrorista, incendio terrorista y conducta terrorista. De acuerdo al fallo, Chile violó el principio de legalidad y el derecho de presunción de inocencia, el principio de igualdad y no discriminación y, entre otros asuntos, el derecho a igual protección de la ley de las víctimas. La corte, además, señala que los tribunales chilenos no pueden basarse en testigos protegidos –que no revelaron su identidad– como pruebas esenciales para una sentencia. Esta situación se había producido, según la CIDH, en el menos dos de los ocho casos analizados.

La demanda contra el Estado ingresó a la CIDH en 2003. Actualmente, cinco e los beneficiados están libres con sus condenas cumplidas, uno de ellos falleció y dos permanecen bajo libertad vigilada o condicional, medidas que el Estado deberá suspender. El órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) también determinó que Chile debe brindar un tratamiento médico y psiquiátrico inmediato y gratuito a las víctimas. Además, conceder becas de estudios a sus hijos. “Lamentablemente la Ley Antiterrorista se sigue ocupando, se sigue haciendo daño y persiguiendo a los mapuches. Espero que quede un precedente en la historia”, señaló a La Tercera Aniceto Norín, líder –lonco- de la comunidad indígena de Pantano.

El Gobierno de Bachelet ha encargado a una comisión de expertos constitucionalistas y penalistas que proponga un conjunto de medidas para modificar la Ley Antiterrorista, una disposición dictada en 1984 que castiga con penas altas algunos homicidios, secuestros, incendios y detonación de artefactos explosivos. Las medidas que serán entregadas al Ejecutivo en las próximas semanas pretenden actualizar el sistema legislativo chileno y adecuarlo al contexto internacional, como en reiteradas ocasiones lo ha solicitado Nacional Unidas al Estado chileno. El abogado Juan Pablo Hermosilla, que lidera el equipo de trabajo, ha señalado que “Chile está obligado, desde el punto de vista del derecho internacional, a tener legislación (antiterrorista)”. “Pero no debe ocurrir lo que, con toda razón, señaló el informe de la ONU en marzo pasado: que la aplicación de la Ley Antiterrorista en el conflicto mapuche no sólo no ayuda, sino que agrava el problema”, indicó el jurista a CNN Chile.

El conflicto indígena en el sur de Chile se remonta a unos 140 años atrás, cuando “el Estado arrebató tierras que empobrecieron a las comunidades”, según ha explicado el historiador Jorge Pinto Rodríguez, especialista en el conflicto mapuche y Premio Nacional 2012. En las últimas décadas, sin embargo, el problema se agudizó por la llegada de terratenientes extranjeros y la instalación de trasnacionales que no lograron generar puestos de trabajo en una región que, de acuerdo al académico, “no ha podido levantarse”. Pese a que desde 1994 el Estado ha entregado cerca de 500 hectáreas a las comunidades, la violencia no ha cesado en la zona: pequeños grupos radicales han incrementado sus acciones para lograr que los actuales dueños de los predios vendan al Estado y, de esa forma, los terrenos se devuelvan a las comunidades indígenas.

El intendente de la Araucanía, Francisco Huenchumilla, está abocado a conseguir la paz social en la zona. Pero para ello, ha explicado, es necesario una política de tierras clara y óptima y, además, disminuir la pobreza dura que afecta a la región. El pasado 12 de marzo, cuando asumió el cargo de jefe del Gobierno en la zona, leyó un documento en el que pidió perdón al pueblo mapuche por “el despojo que el Estado de Chile le hizo de sus tierras” y a los colonos “venidos de lejos (…), porque el Estado los trajo al lugar inadecuado, en un momento inoportuno”.