Un caso de corrupción en Sanidad acosa al partido de Mujica en Uruguay

La sanidad pública uruguaya, cuya mejora es uno de los principales logros del izquierdista Frente Amplio, está inmersa en un escándalo tras el procesamiento de uno de sus directores, el sindicalista Alfredo Silva. Las revelaciones sobre la trama de corrupción en varios hospitales públicos salpica al gobernante FA de cara a las elecciones presidenciales del próximo mes de octubre.

Según los primeros elementos de la investigación judicial, durante varios años Silva y sus cómplices utilizaron la influencia de sus cargos para tercerizar servicios hacia una empresa que controlaban, con importantes sobrecostos para los hospitales. Los testimonios muestran que también cobraban coimas para activar o desactivar conflictos laborales aprovechando su condición de sindicalistas.

El centro del caso se encuentra en el Hospital Maciel de Montevideo, un centro médico que no necesitaba nuevos escándalos tras saltar a la actualidad mundial en 2012 con el descubrimiento de que varios enfermeros habían asesinado a pacientes ancianos durante al menos siete años. Mientras ese caso sigue en los tribunales, ahora la justicia mira hacia los gastos irracionales de limpieza y otras irregularidades que suman un desvío de unos 75.000 dólares, según los primeros datos. La cantidad puede parecer pequeña, pero su dimensión es enorme en el contexto de la salud pública uruguaya, que atiende a los sectores más pobres de la población y ha recibido una gran inversión por parte del Gobierno.

El Hospital Maciel, situado en la Ciudad Vieja de Montevideo, es un edificio construido en el siglos XIX, que suele tratar a enfermos graves, en su mayoría ancianos. Situado en una zona humilde de la capital, recibe a muchos pacientes provenientes de los otros departamento del país.

La justicia mira hacia los gastos irracionales de limpieza y otras irregularidades que suman un desvío de unos 75.000 dólares

Con la espectacular detención, interrogatorio y procesamiento de Alfredo Silva y otras nueve personas estalla una bomba de relojería que el Gobierno no supo desactivar a tiempo. Desde hacía varios años eran del dominio público los excesos del sindicalista del PIT-CNT, nombrado director de la sanidad pública como representante de los trabajadores, un cargo previsto en la legislación uruguaya.

La Junta Anticorrupción, dependiente del Poder Ejecutivo, había alertado sobre las irregularidades en el 2012 y abundaban las denuncias y testimonios acusadores. Pero el gobernante Frente Amplio prefirió mirar hacia otro lado, manteniendo hasta el límite de la legalidad una alianza controvertida con los sectores sindicales. Ahora el PIT-CNT dio de baja a Silva y condenó su actuación, pero una de sus federaciones, que reúne a los funcionarios públicos, le mantuvo todo su apoyo. La central única uruguaya se debate desde hace años entre la defensa de los trabajadores y el corporativismo, especialmente marcado en el sector de los empleados estatales.

La factura podría pagarla el FA en las elecciones presidenciales del próximo mes de octubre y en particular su candidato, el cancerólogo Tabaré Vázquez, quien como primer presidente de izquierda de Uruguay puso en 2007 los cimientos de la seguridad social que ahora existe en el país.

Vázquez reaccionó rápidamente afirmando que “en cualquier Gobierno puede haber corrupción. En un Gobierno del FA podemos equivocarnos”.

Pero esta vez su célebre frase “podemos meter la pata, pero no la mano en la lata” podría no bastar en un país donde los casos de corrupción son excepcionales y la sociedad los tolera mal. Los últimos sondeos siguen dando como favorita a la izquierda de cara a las presidenciales de octubre pero también muestran una erosión del voto progresista, Tabaré Vázquez tiene por delante una campaña electoral cada vez más difícil.