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Las ONG de China, entre la sospecha y la libertad

El Gobierno chino las tolera y fomenta en los últimos años, pero mantiene un ojo vigilante sobre ellas

He Shuzhong es el alma de su ONG, “Beijing Cultural Heritage Watch” (BHCW). La fundó en los 90, cuando apenas existían este tipo de organizaciones. Su objetivo es concienciar a los ciudadanos sobre el valor de su patrimonio cultural. Organiza charlas, convoca a medios, divulga. Ha sido muy activo contra la destrucción de las callejas tradicionales (“hutong”) en el área pekinesa de Gulou, una de las más emblemáticas de la capital. También trata de concienciar sobre la riqueza de la diversidad cultural de las minorías. Son áreas ambiguas, donde cada día explora hasta dónde puede llegar sin irritar al Gobierno.

Esa irritación puede surgir con frecuencia, pero trata de resolverla mediante la negociación, no el enfrentamiento. “Mi objetivo es que la ONG funcione, no dedicarme a provocar al Gobierno y que me la cierren”, explica. “Si hay un tema donde dicen que no me puedo meter, lo dejo. O intento llegar a un acuerdo con ellos. No ir por este camino, sino por este otro. Encontrar un término medio. A veces funciona”.

La de He es una postura bastante frecuente en las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) chinas, u “organizaciones sociales”, como se denominan en mandarín. Tratan de aprovechar huecos, o irlos abriendo poco a poco, para que actúe la sociedad civil. En caso de fricción, los problemas se resuelven negociando con el Gobierno, sin implicarse en batallas donde tienen las de perder. Pero, donde se puede, van arañando aquí y allá posiciones y espacios de actuación.

Hace cuarenta años no existían. Hoy son oficialmente medio millón, aunque las no registradas pueden triplicar esa cifra. Se ocupan de todo tipo de asuntos sociales, desde la protección medioambiental -una de las áreas donde más han proliferado- a la ayuda a los ancianos. Como en el caso de BCHW, pueden haber sido fundadas por un ciudadano. Otras, a instancias de una empresa, o incluso del propio Gobierno. Algunas son verdaderamente activas, otras meramente creadas para captar fondos oficiales. El Gobierno chino las tolera; en los últimos años, incluso las fomenta. Siempre con un ojo vigilante, eso sí, una tendencia que parece ir a más. Aquellas que se adentran en terrenos “comprometidos” -los derechos humanos, principalmente- están estrictamente prohibidas. Pero pese a todas sus limitaciones, las ONG chinas abren un espacio donde la sociedad intenta canalizar sus preocupaciones y resolver por sí misma sus problemas.

La política del Gobierno chino hacia ellas ha cambiado mucho. Prohibidas durante el mandato de Mao Zedong -las pocas autorizadas eran realmente entidades paraestatales-, empezaron a surgir tímidamente en los años ochenta. Y explotaron a partir de 1995, cuando se celebró en Pekín la Conferencia de la ONU sobre la Mujer, a la que acudieron numerosas ONG extranjeras.

La situación registró un vuelco definitivo a partir del terremoto de Sichuan de 2008, en el que murieron casi 70.000 personas. Los medios de comunicación mostraron a numerosos voluntarios y miembros de ONG que asistían a las víctimas. Aquel desastre consolidó la imagen de estas organizaciones como cercanas a la comunidad, diferentes del Gobierno, llenas de nuevas ideas y energía. Entidades que ofrecían una alternativa a los jóvenes y una clase media creciente en busca de referentes morales alejados del “hacerse rico es glorioso” que proclamara Deng Xiaoping.

Según apunta el catedrático Deng Shengguo, del centro de investigación sobre ONG de la Universidad de Tsinghua, en Pekín, las “organizaciones sociales” han contribuido a “la concienciación de la población sobre sus propios derechos y sus propias responsabilidades, aunque esta concienciación aún es muy débil. Los ciudadanos se habían acostumbrado a depender del Gobierno, que el Gobierno decidiera todo” durante la larga etapa de economía planificada.

Los dirigentes tomaron nota de este fenómeno. Y a partir de 2011 cambiaron las leyes que regulan a las ONG, para hacer más fácil que se registraran y actuaran abiertamente. Entre otras cosas, en muchas provincias ya no es necesario contar con un organismo gubernamental que las patrocine, uno de los principales obstáculos que existían hasta entonces. Aunque la nueva flexibilidad no es para todos: Las ONG dedicadas a defender derechos siguen sin poder registrarse, y muchas se ven obligadas a operar legalmente como empresas.

Las ONG regularizadas disfrutan de beneficios como desgravación de impuestos o acceso a subsidios. Pero están sometidas a un mayor escrutinio del Ejecutivo, tanto de sus actividades como de sus cuentas. Si parte de su financiación viene del extranjero, el control se hace aún más firme.

He asegura que da la bienvenida a esa supervisión: “así está todo más claro. El Gobierno mira las cuentas, todo es transparente, todo es abierto”.

La supervisión más estricta parece en línea con un endurecimiento de la inspección que reciben las ONG extranjeras, revelado por accidente en una anodina página web oficial. No parece casual que el control haya aumentado en medio de una campaña para acallar las voces disidentes, que ha costado años de prisión a los dirigentes del movimiento civil “Nuevo Ciudadano”, defensor de mayor transparencia en el Gobierno, y ha impuesto serias penas de cárcel a quienes divulguen “rumores” a través de las redes sociales.

El por qué el Gobierno haya decidido fomentar las ONG -una posición consagrada en el programa de reformas presentado el pasado noviembre- no termina de estar claro. Puede ser un intento de adquirir legitimidad a través de estos grupos de popularidad creciente. De vigilar que no deriven en organizaciones enfrentadas al régimen. De permitir a los ciudadanos dar vía libre a sus inquietudes de manera controlada. O de delegar en ellas tareas incómodas o caras, para las que carece de los fondos, el personal o el conocimiento suficientes. Quizá todas estas razones al mismo tiempo.

Según Deng, “el Gobierno tiene recursos limitados. Sus actividades y las de las ONG pueden ser complementarias”. Huang Haoming, vicepresidente de la Asociación China para la Cooperación de las ONG -una federación oficial-, opina que el régimen se ha dado cuenta de la importancia de incorporar a estas organizaciones al sistema: “Es muy importante contar con su voz y sus sugerencias en el proceso de gobernanza. Hasta ahora no sucedía”.

En cualquier caso, las ONG chinas son cada vez más numerosas. Y el que se labren un nicho, pese a todas sus limitaciones, es algo positivo. Para ellas mismas. Para un Gobierno que puede compartir responsabilidades en las áreas sociales. Y para unos ciudadanos que anhelan espacios donde volcar sus inquietudes.