Obama pide 3.700 millones de dólares para afrontar crisis de menores migrantes

El presidente Barack Obama ha pedido este martes 3.700 millones de dólares al Congreso de Estados Unidos para afrontar la llegada de decenas de miles de inmigrantes menores procedentes de Centroamérica. El dinero debe servir para reforzar la presencia de jueces y agentes en las regiones fronterizas, aumentar la vigilancia aérea con drones o aviones no tripulados, construir centros de detención para los indocumentados e incrementar la cooperación con sus países de origen.

El objetivo es acelerar la deportación de los menores no acompañados que han entrado huyendo, en muchos casos, de la violencia en sus países y atraídos por los rumores, alentados por las mafias que los transportan, de que podrán quedarse en EE UU sin problemas.

La Casa Blanca define la ola de inmigrantes menores como una crisis humanitaria. Coincide con el bloqueo, en el Congreso, de la ley migratoria que debía abrir la vía a la regularización y, en última instancia, a la ciudadanía a unos once millones de sin papeles que viven en este país.

El Partido Republicano, mayoritario en la Cámara de Representantes, ha anunciado que la ley no se votará este año. Ante el bloqueo de la ley, el demócrata Obama quiere buscar una manera alternativa para reformar el sistema por medio de decretos-ley.

La petición de fondos al Congreso puede topar con resistencias a izquierda y derecha.

“El problema no es la crisis humanitaria. El problema es un sistema de inmigración roto”, dice por teléfono el demócrata Joe García, miembro de la Cámara de Representantes por el sur de Florida. “Mover a los jueces a la frontera para procesar o deportar niños no debería ser la prioridad. La prioridad debería ser arreglar un sistema de inmigración roto. Y seguimos poniéndole un pedazo de esparadrapo para contener el dique que se está cayendo. No tiene sentido”, añade García, que la semana pasada participó en una gira de dos días por la frontera.

El presidente estará el miércoles y el jueves en el estado de Texas, cuya frontera con México es el punto de llegada de buena parte de los inmigrantes sin papeles. En su agenda no figura una visita a la frontera, en contra de lo que le había sugerido el gobernador de este estado, el republicano Rick Perry. La Casa Blanca ha invitado a Perry, uno de sus críticos más severos, a participar en una mesa redonda sobre inmigración en la ciudad texana de Dallas.

La propuesta de Obama no incluye una revisión de una ley de 2008, adoptada en las últimas semanas de la Administración Bush, que impide la deportación automática siempre que los menores no sean ciudadanos de países fronterizos con EE UU. Esto significa que los más de 52.000 menores que las autoridades norteamericanas han registrado desde el pasado octubre será sometidos a un proceso que puede llevar meses y años y que no tiene por qué desembocar en la expulsión. Durante este periodo, y a la espera de que se resuelva su estatus, los niños puede reunirse con sus familias, si éstas residen en EE UU, o con familias de acogida, y llevar una vida más o menos normal en este país.

Como la ley no permite la expulsión inmediata, la Casa Blanca propone “reducir de forma significativa” el tiempo que lleva el proceso de deportación de los menores que no puedan acogerse a un estatus de refugiado.

“Muchos de estos niños son víctimas de dos opciones malas. Ser sometidos a los gangs internacionales criminales o tomar un viaje riesgoso a ver a sus padres en Estados Unidos para quedarse con ellos”, dice el congresista García. “Viendo estas dos opciones entiendo cómo muchos padres opten por una ilegalidad sobre otra”.

“Primero habría que asegurar la frontera y asegurar que no sigan viniendo”, propone. “Pero una vez están aquí me parece que tiene todo el sentido del mundo que un niño debe estar con sus padres. Si tuviéramos un sistema migratorio que funcionara allí es donde estarían”.