Perú emprende la infraestructura más cara del Gobierno de Humala

Tres años después de ser elegido presidente de Perú, Ollanta Humala va a poder cumplir con una de sus principales promesas de campaña, la de abaratar el precio del gas en el sur del país. La brasileña Odebrecht y la española Enagás recibieron el lunes la adjudicación para construir el Gasoducto del Sur y explotarlo durante 34 años por 7.328 millones de dólares.

La obra tendrá 1.000 kilómetros, supone una inversión de 3.600 millones de dólares y debe servir para tender una red de gas residencial para una población de unos 600.000 personas en los Andes y en la costa meridional y abastecer dos centrales termoeléctricas en construcción, gestionadas por empresas extranjeras. Esa zona sur, donde está el mayor complejo gasífero del país, el de Camisea, es también donde el precio del combustible es más caro. El gas parte desde allí hacia la costa central por el único gasoducto que existe y luego retorna a los cinco departamentos más próximos a Camisea transportado en vehículos. Con el nuevo gasoducto, se crearán unos 5.000 puestos de trabajo —la mayoría, temporales— y se abaratará el gas para esta zona, uno de los bastiones electorales de Humala. Se prevé que esté operativo en 56 meses, casi cinco años.

El proyecto del Gasoducto del Sur indica que las áreas de influencia de la infraestructura son también Puno, el departamento en la frontera con Bolivia; Tacna, en la frontera con Chile, y Apurímac, la sexta región más pobre del país, con un 43% de la población en esa condición. Apurímac, además, se convertirá a medio plazo en la región con mayor producción de cobre del país —en minas operadas por empresas chinas— y por ello podría aumentar la demanda energética.

La nueva infraestructura además pretende mejorar la seguridad energética: algunas instalaciones de la zona del gasoducto ya existente han sufrido ataques de Sendero Luminoso, que ha secuestrado trabajadores y vandalizado helicópteros. El exministro de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi explicó a EL PAÍS que “la producción eléctrica [originada por las nuevas termoeléctricas] se distribuirá en todo el país, dado que la demanda en el sur y el norte no es suficientemente atendida. El sector eléctrico conoce de baches estacionales porque buena parte de la producción es hidroeléctrica [y depende de las lluvias], algo más del 50%”.

El ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, calcula que con esta obra 600.000 personas tendrán acceso al gas en sus hogares. Sin embargo, Herrera Descalzi, actual decano del Colegio de Ingenieros del Perú, precisa que la demanda en las regiones del sur “es casi insignificante” y, de acuerdo a la experiencia en Lima, que se abastece de Camisea, dos tercios del gas se destinan a la producción de electricidad y solo un tercio es gas para las casas y los medios de transporte.

En su origen, el Gasoducto del Sur tuvo un componente petroquímico que no está contemplado en el contrato y el proyecto actual. Herrera Descalzi recuerda que el proyecto original de la empresa privada Kuntur, subsidiaria de Odebrecht, contemplaba un componente petroquímico a cargo de la también brasileña Braskem, de la que Odebrecht es accionista mayoritaria. Sin embargo, durante el gobierno de Humala, el Estado decidió entrar como socio, dadas las demoras de la empresa privada en obtener garantías de bancos internacionales.

Entre los ajustes al proyecto y demoras de la burocracia peruana, los brasileños abandonaron el emprendimiento aunque tenían la concesión. En 2013, Perú decidió rediseñar el proyecto sin la petroquímica, pero la licitación no prosperó y se postergó. Este año ProInversión modificó las bases para que el concesionario tenga la opción de construir un poliducto de líquidos, “de forma que se pueda transportar por separado el etano”, precisa Herrera, y de esa manera a futuro sería viable una planta petroquímica. “Vamos a dar gas a un mayor número de viviendas, vamos a poder tener generación eléctrica a un bajo costo, y vamos a comenzar a avizorar el desarrollo petroquímico en esta región”, afirmó el lunes el ministro Mayorga.

La construcción del Gasoducto del Sur ha generado también críticas en las redes sociales, debido a que, para financiar la obra, el Estado incrementará los recibos mensuales de electricidad. De otro lado, en un programa de televisión, la abogada Cecilia Blume puso en cuestión la utilidad de la infraestructura debido a que se trata de un gasoducto más extenso que el existente de Camisea, para un número menor de reservas de gas comprobadas.