Miles de niños que cruzan ilegalmente la frontera podrán quedarse en EE UU

A pesar de que la Casa Blanca ha advertido que los miles de menores inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera en los últimos meses acabarán siendo deportados, expertos y miembros de la Administración Obama reconocen que el sistema de inmigración actual les permite comenzar una vida en Estados Unidos.

“¿De verdad van a deportar a un niño de cinco años?” Esta es la pregunta que se puede hacer cualquiera que siga la crisis que sufre Estados Unidos a raíz de la masiva llegada ilegal de menores no acompañados. Esta semana la planteó el congresista republicano Peter King durante una de las audiencias celebradas en la Cámara de Representantes al respecto.

La respuesta es un complejo entramado legal que implica a varios departamentos del Gobierno federal de Estados Unidos, un sistema de inmigración obsoleto y una ausencia de recursos económicos y logísticos para responder a la llegada de 52.000 inmigrantes indocumentados en los últimos ocho meses.

La insistencia de King puso nervioso al secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, encargado de explicar ante el Congreso la respuesta a esta crisis. El gobierno de Barack Obama se ha esforzado en reiterar el mensaje de que ningún menor que llegue de forma ilegal al país podrá beneficiarse de las medidas ya aprobadas, como el retraso de las deportaciones de estudiantes sin papeles, o de las que están siendo estudiadas como la reforma migratoria. Para ello Obama incluso envió a su vicepresidente, Joe Biden, a Guatemala, a realizar la advertencia in situ y ante los presidentes y altos representantes de la región centroamericana que es la principal fuente del inquietante flujo migratorio.

¿A dónde han ido a parar esos más de 52.000 niños interceptados en la frontera? ¿Cuántos han sido ya entregados a un familiar en Estados Unidos?

Pero el ejecutivo demócrata elude dar una respuesta directa cuando se le pregunta si efectivamente va a deportar a los niños que ya están en Estados Unidos. ¿A dónde han ido a parar esos más de 52.000 niños interceptados en la frontera? ¿Cuántos han sido ya entregados a un familiar en Estados Unidos? Y, sobre todo, ¿cuántos de ellos se han presentado ante un juez de inmigración o han sido ya efectivamente deportados? El Gobierno no da cifras. Y responde con muchas evasivas acerca de su futuro.

La legislación estadounidense contempla diferentes condiciones para los indocumentados de México y Canadá, a los que puede devolver a los inmigrantes que intercepte en su frontera. Sin embargo, en el caso de los sin papeles de otras naciones, debe iniciar un proceso que comienza con su detención durante un máximo de 72 horas en instancias de la Patrulla Fronteriza -dependiente del Gobierno federal- para después ser entregados a la Oficina del Refugiado y Reasentamiento.

Craig Fugate, responsable de la Agencia Federal de Emergencias (FEMA), reconoció esta semana ante el Congreso que EE UU no logra cumplir con esos plazos de 72 horas por el intenso flujo de inmigrantes. Además de ese retraso, los menores pasan después una media de 35 días en las instalaciones de la Oficina del Refugiado. “Allí se siguen dos vías”, explica Wendy Young, directora de la organización KIND, especializada en la defensa legal de menores. “Son enviados a bases militares habilitadas en Texas, Oklahoma o California, con capacidad para unos 2.000 menores, o a las instalaciones de la Oficina del Refugiado, con entre 5.000 y 7.000 camas”.

Los expertos aseguran que las pocas cifras oficiales de las que disponen estas organizaciones son las proporcionadas por el informe de la Oficina de Supervisión del Congreso. Ese documento asegura que el 90% de los menores que han llegado solos a la frontera han sido puestos en contacto con un familiar o tutor en Estados Unidos. El resto son entregados a los servicios sociales para encontrarles una familia de acogida.

La acumulación de casos de inmigración hará que muchos de estos menores accedan al sistema educativo y vivan como un indocumentado más 

“Nuestra esperanza es que cuanto más rápido podamos entregarles a sus familiares o a hogares de acogida, mientras continúan los procedimientos legales, menos camas necesitaremos”, reconoció Fugate. “Hemos ampliado la capacidad de nuestros centros pero también ha aumentado el número de niños y no podemos cumplir con el límite de 72 horas”.

Los menores que abandonan las instalaciones, deben presentarse ante las autoridades de inmigración 15 días después. En eso momento los niños entran en el sistema legal migratorio y su proceso de deportación, pero los expertos reconocen que la acumulación de casos a tramitar en el sistema migratorio -la media tarda más de 500 días en resolverse-, hará que muchos de estos menores puedan acceder al sistema educativo y vivan en EE UU como un indocumentado más de los 11 millones que se estima ya residen en el país.

Así lo reconocía el propio secretario de Seguridad Nacional esta semana: “Si me está preguntando si podemos tomar al niño no acompañado en la frontera y devolverlo directamente a Guatemala, no creo que la ley nos permita hacer eso”, replicó Johnson al comentario del congresista republicano Mike Rogers, que exigía enviar una “señal” contundente a los países de donde son oriundos los pequeños.

Además, una vez en custodia de sus padres o de un familiar, estos niños dejan de ser una prioridad para el Departamento de Seguridad Nacional a cargo de las deportaciones, desde que en 2012 el presidente Obama ordenara resolver primero la expulsión de aquellos con antecedentes penales. “Tenemos que priorizar aquellos que suponen una amenaza a la seguridad pública”, recordó Johnson.

Pero esa entrada en el país también supone el comienzo de una nueva realidad en la que, según alerta Leslie Vélez, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para el Refugiado (ACNUR) los inmigrantes necesitan disponer de representación legal y de más información sobre sus derechos y responsabilidades. “Toda persona que tema regresar a su país por miedo a ser perseguido es un candidato legítimo a recibir asilo y está protegido por la legislación estadounidense y la internacional”, asegura Vélez.

La organización KIND teme sin embargo que entre el 70 y el 90 por ciento de los menores completa sus trámites al llegar a EE UU sin asistencia legal. “Los niños que tienen un abogado tienen tres veces más posibilidades de obtener algún tipo de protección y quedarse en EE UU”, afirma Young.

Tanto el Gobierno como las organizaciones que trabajan en la asistencia de los inmigrantes coinciden en que la llegada masiva de menores indocumentados se debe tanto al incremento de la violencia y la inseguridad en Centroamérica como a los rumores difundidos por los traficantes. “La violencia ha creado una oportunidad de negocio para ellos”, insiste Young. “Pero los niños no vendrían voluntariamente, dejando sus países y sus familias, si no estuvieran viviendo allí algo terrible”.