Maduro acusa a una líder opositora de tramar un plan para matarlo

La primera gran denuncia de magnicidio contra el presidente de Venezuela Nicolás Maduro se hizo pública este miércoles. Tanto el escenario, el proscenio del Teatro Nacional en Caracas, como los personajes que acompañaron al vocero, el alcalde del municipio Libertador (centro-oeste de Caracas) Jorge Rodríguez, daban a entender la gravedad de la acusación que harían. Lo había anunciado el propio jefe de Estado la noche anterior en su programa En contacto con Maduro. El alto mando político de la revolución haría importantes anuncios sobre el golpe de Estado continuado contra el Gobierno.

La plana mayor del chavismo –estaban, además de Rodríguez, el vicepresidente Jorge Arreaza, el número dos y presidente del Poder Legislativo Diosdado Cabello, la primera dama Cilia Flores, los ministros de Energía y Petróleo, de Interior y Justicia, y los gobernadores de los estados de Aragua y Carabobo- acusó a la defenestrada diputada María Corina Machado de urdir un plan para asesinar a Maduro a partir de varios correos electrónicos interceptados de dos cuentas del proveedor Gmail. El chavismo no presentó más pruebas que los emails, en los que se habla de "aniquilar al Maduro", frase en la que se apoyan para hacer la acusación aunque podría entenderse como una metáfora de su derrocamiento político.

Machado, quien reconoció en una conferencia de prensa posterior que las cuentas le pertenecen, supuestamente envió los mensajes entre marzo y mayo de 2014, en distintos momentos de las protestas que desde hace cuatro meses buscan la inmediata renuncia de Maduro. En marzo, cuando los disturbios mantenían semiparalizada a las ciudades principales de Venezuela, la defenestrada parlamentaria le habría contado a uno de los asesores, el abogado y ex parlamentario Gustavo Tarre Briceño, la poca solidaridad de algunos miembros de la oposición con la causa que ella y Leopoldo López, el encarcelado líder opositor, encabezan. “Ya Kevin Whitaker me reconfirmó el apoyo y me indicó los nuevos pasos. Contamos con una chequera más fuerte que la del régimen para romper el anillo de seguridad internacional que ellos mismos han creado a punta del dinero regalado de todos los venezolanos”, habría escrito.

Kevin Whitaker es un funcionario del departamento de Estado que ha sido designado como embajador de Estados Unidos en Colombia. En una nota de la agencia EFE desde Washington rechazó “por falsa e infundada” la acusación. “Hemos visto muchas veces que el Gobierno venezolano intenta distraer de sus propias acciones al culpar a Estados Unidos de acontecimientos que ocurren dentro de Venezuela”, añadió la fuente, que pidió el anonimato.

Agregó que la acusación “refleja una falta de seriedad por parte del Gobierno venezolano a la hora de lidiar con la grave situación que enfrenta”. Venezuela “debería dar respuestas a las quejas legítimas del pueblo”, concluyó la fuente estadounidense.

Rodríguez también mostró comunicaciones de Machado con los excandidatos presidenciales Diego Arria y Henrique Salas Romer para intentar demostrar que las manifestaciones contra el Gobierno no son espontáneas, sino eventos producidos “por la derecha venezolana” para provocar “un golpe de Estado lento”. En marzo Maduro anunció la detención de tres oficiales de la Aviación Bolivariana sindicados de tramar una conspiración. Pero hasta la fecha no se conocen detalles de ese supuesto movimiento para derrocarlo. El Alto Mando Político de la Revolución ha prometido ampliar esa historia en los próximos días.

Machado tenía pautado un viaje a Panamá, pero ha decidido suspenderlo para denunciar ante la fiscalía a los funcionarios que revelaron sus comunicaciones privadas. “El Gobierno pretende intimidar a una ciudadana mientras el país se cae a pedazos”, dijo poco después de conocer la denuncia. La parlamentaria destituida alegó que dejó de utilizar una de las cuentas después de que se difundieran en las redes sociales imágenes de su vida privada. “La utilicé por última vez el 21 de abril de 2013. Por tanto, todos los correos enviados desde esa dirección y las palabras utilizadas son falsas”.

Con el paso de los meses las protestas han perdido el fuelle que tuvieron entre febrero y marzo. Apenas ocurren escaramuzas aisladas en las principales ciudades del país. El Gobierno, que parece tener bajo control a los manifestantes, parece dispuesto ahora a descabezar al sector de la dirigencia opositora que llamó a la calle para exigir su salida. Con Leopoldo López preso y Machado fuera de la Asamblea Nacional, la denuncia supone un golpe a todo el lobby internacional que la dirigente ha desarrollado desde que fue destituida. Al mismo tiempo, el Gobierno pretende profundizar la brecha que existe en la oposición. “Queremos convocar a la Mesa de la Unidad a una reunión para que ellos digan si son partícipes de estos planes. Si no, cabe la duda de si están jugando al doble rol del policía bueno y el policía malo”, dijo Rodríguez casi al final de una comparecencia que fue transmitida en directo por todas las televisoras del país como si fuera una orden del Ministerio de Comunicación e Información.

Esta denuncia se produce el mismo día que la Cámara de Representantes ha aprobado un proyecto de ley que estipula sanciones a los funcionarios venezolanos involucrados en violaciones a los derechos humanos desde febrero pasado. Dicho proyecto, junto con una resolución similar aprobada por el Comité de Asuntos Exteriores, pasará por el tamiz de la Cámara Alta del Senado. Si es aprobado en esa instancia irá a la Casa Blanca donde el presidente Barack Obama decidirá si lo convierte en ley.