Un juzgado suspende una ejecución a dos horas de cometerse por motivos médicos

Russell Bucklew debía ser ejecutado cuando pasase un minuto de la medianoche de este martes pero una corte de apelaciones canceló a poco más de dos horas de su muerte la ejecución al tener en cuenta una enfermedad que sufre el reo y que le hubiera asegurado una muerte dolorosa. Bucklew debía morir por inyección letal en Misuri y todo en el corredor de la muerte estaba preparado para que el preso tomase su última cena debido a que días antes un juzgado de rango inferior había rechazado las apelaciones de los abogados del condenado.

El secretismo con el que el Estado de Misuri iba a llevar a cabo la ejecución, sin informar de qué ingredientes se compone la inyección de pentobarbital que se le iba a administrar de forma intravenosa ni de dónde procedía, y la rara enfermedad que el preso sufre desde niño en los vasos sanguíneos de la cabeza y el cuello, que podría hacer que el medicamento que debe de acabar con su vida circule incorrectamente por su cuerpo, fueron ambos argumentos rechazados con anterioridad por una juez federal de Kansas City.

Hasta que el Octavo Circuito de Apelaciones se pronunció in extremis, concediendo que la condición médica de Bucklew podría hacerle sufrir un dolor que violara sus derechos constitucionales, EEUU se disponía a esperar y ver si la primera ejecución en EE UU desde que el pasado 29 de abril Clayton Lockett tardara casi 45 minutos en morir en Oklahoma se convertía en otra terrible puesta en escena de la barbarie que es la pena de muerte.

Beth Phillips, la misma juez federal que no había visto inconveniente en el oscurantismo que rodea a la inyección letal ni a la condición médica del reo, tampoco había considerado necesario acceder a la petición de grabar lo que esta madrugada debía suceder entre los muros de la cámara de la muerte del correccional de Bonne Terre en Misuri.

Su enfermedad congénita, un hemangioma cavernoso, podía suponer un verdadero problema a la hora de su ejecución

"Si los funcionarios de Misuri tienen la suficiente confianza como para ejecutar a Russell Bucklew, deberían tenerla también para grabar la ejecución en vídeo", indicó uno de los letrados del reo, la abogada Cheryl Pilate, en un comunicado. "Es momento de correr la cortina que cubre las inyecciones letales", añadió Pilate antes de que se conociera la primera decisión judicial.

En la demanda, de 15 páginas, los abogados del condenado pedían que se filmase la ejecución con el objetivo de "preservar una prueba crucial" de que el procedimiento viola la Octava Enmienda de la Constitución de EEUU, que prohíbe castigos crueles.

Según el doctor Joel Zivot, testigo de la defensa en el caso contra Bucklew por asesinato y violación, el condenado tiene "un tumor en continuo crecimiento en su cara que le ocupa la nariz, la garganta y parte de su laringe, lo que le causa dolor continuo y dificultad para respirar". Su enfermedad congénita, un hemangioma cavernoso, podía suponer un verdadero problema a la hora de su ejecución.

Después de que recientemente el doctor revisase al preso llegó a la conclusión de que los funcionarios que debían de acabar con la vida de Bucklew no estaban preparados para el caso médico que enfrentaban, lo que conduciría en su opinión, a otra caótica ejecución similar a la de Oklahoma.

El fiscal del Estado respondió hace una semana con una carta de 12 páginas a los problemas de salud que sufre Bucklew y que, en opinión de los abogados del preso, hacen imposible que la ejecución no sea "cruel". Una página y media del documento estaba dedicada a exponer con detalle el asesinato por el que Bucklew fue condenado, cuando su crimen nada tiene ahora que ver con su actual condición médica.

En opinión del médico del preso, ahora refrendada por una corte superior, sin duda su paciente "sufrirá una terrible asfixia mientras muere", apuntaba Zivot, que argumentaba -imitando a los más fervientes defensores de la pena de muerte- que "al fin y al cabo eso es lo que se pretende cuando se permite que el Estado asesine, arrancarle la vida al condenado".

Hasta el momento, y desde que EEUU comenzó a sufrir desabastecimento de uno de los tres medicamentos que componen el cóctel mortal de tres fármacos que conforman la inyección letal, Misuri ha ejecutado a seis personas con pentobarbital sin que en principio ninguna de ellas experimentara signos visibles de sufrimiento.