Lo decente es matar al Mecanismo

Hace dos años, en abril de 2012, los diputados y senadores terminaron de aprobar la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas con una visión similar a la que tendría un carnicero que quiere poner su tienda en un barrio de vegetarianos.

Desde un principio varios periodistas advertimos que el Mecanismo de Protección creado por la ley era un engendro burocrático que no iba a funcionar. En julio de 2012 escribí que un análisis de cómo operaría el mecanismo en zonas con alta incidencia de ataques a la prensa “indica que no responde a la realidad y sería inútil en muchos casos”.

Dos años y decenas de ataques a medios de comunicación, periodistas y activistas, han confirmado lo que se sabía desde un principio. Cifras publicadas recientemente indican que desde 2012 la Junta de Gobierno del Mecanismo no ha atendido ni la mitad de los casos que ha recibido (88 de 152 aún no tienen respuesta). Los que por lo menos menos han llegado a la mesa de la Junta han recibido, en la mayoría de los casos, una atención deficiente.

Incluso el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en cuyo regazo cayó el Mecanismo apenas unos meses después de aprobado, ha reconocido implícitamente que fue un fracaso cuando anunció a la organización Reporteros Sin Fronteras que se reestructuraría.

El problema es que el Mecanismo puede reestructurarse para quedar igual de inútil.

Lo decente ahora es matar el Mecanismo. Aplicarle la eutanasia, firmar un certificado de defunción y pasar a otra cosa. Es claro que el Mecanismo actual no es la solución, no es ni siquiera una opción.

Quizá la clave está en empezar en otro lado.

Uno de los razonamientos para diagnosticar que el Mecanismo no serviría fue el hecho de que las personas que lo diseñaron en la Secretaría de Gobernación, la Cámara de Diputados y el Senado nunca tomaron en cuenta la realidad en el terreno, sobre todo fuera de la Ciudad de México, donde las formas de agresión a periodistas y activistas son tan variadas como las regiones del país.

Desde esta perspectiva era imposible diseñar un mecanismo homogéneo sin tomar en cuenta que la realidad cambia dependiendo del lugar. En Veracruz, por ejemplo, la forma más común de agresión a la prensa ha sido el asesinato de periodistas; en Tamaulipas o Nuevo León ha sido el ataque a instalaciones de medios.

Sin embargo, nadie en el Gobierno Federal o el Congreso se tomó el cuidado de siquiera levantar el teléfono y hablarle a directivos, editores o reporteros de medios locales para preguntar cómo estaban las cosas en sus ciudades, cuáles eran sus principales amenazas, sus temores de un ataque o sus medidas de protección.

Por eso lo que el Congreso aprobó y el entonces presidente Felipe Calderón terminó publicando fue una estructura burocrática que no sirvió para proteger, por ejemplo, al veracruzano Gregorio Jiménez de ser secuestrado y asesinado, o al sinaloense Adrián López, de ser asaltado y baleado incluso luego de que su diario recibió amenazas por su cobertura del arresto del Chapo Guzmán.

Un vistazo a la ley sirve para entender el problema. La ley obliga a la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida del Mecanismo a recibir solicitudes de incorporación, definir la naturaleza de los casos, solicitar a la Unidad de Evaluación de Riesgos un Estudio de Evaluación de Riesgos y emitir Medidas Urgentes de Protección.

Esta medida aplicaría solamente, y en el mejor de los casos, de manera individual pero no hay mención de los casos institucionales, cuando es una empresa o una organización la que es agredida (por ejemplo con ataques contra sus instalaciones). La ley habla de evacuación, reubicación y asignación de escoltas. ¿Pero qué pasa cuando el edificio de un medio es atacado? ¿Se reubica a todo el personal? ¿Se le pone escoltas a las decenas de trabajadores de un medio?

Hay otras medidas poco prácticas, como la entrega de chalecos antibalas. ¿Para qué? Ninguno de los periodistas asesinados en México ha sido baleado a distancia, sino que han sido secuestrados y luego asesinados, algo que un chaleco nunca podría evitar.

La ley también ordena un monitoreo nacional de agresiones para sistematizar información en una base de datos con reportes mensuales, de los cuales no se conoce ninguno. Y obliga a la Federación y los estados el desarrollo de medidas de prevención para evitar agresiones, lo cual ya sabemos que no se ha logrado, precisamente porque no hay información para diagnosticar cada situación.

Pero el problema no está en la estructura burocrática, a final de cuentas la Secretaría de Gobernación y la Junta de Gobierno y el Consejo Consultivo del Mecanismo están obligados a regirse por esta ley. Es decir, el Congreso decidió que la forma de proteger periodistas y defensores de derechos humanos era con esta herramienta. Disfuncional, inútil y lenta, pero es lo que hay.

De aquí se concluye que ante los resultados de un aumento en agresiones a periodistas y activistas en los últimos dos años, lo que procedería es cambiar la herramienta, conservando algunos aspectos útiles pero despojándola de su carga burocática.

¿Se necesita una nueva legislación? No estoy seguro. Cualquier mecanismo estrechamente definido en una ley será insuficiente para la gran variedad de agresores y tipos de agresiones que hay contra la prensa y organizaciones civiles en el país. Lidiar con amenazas telefónicas es diferente a lidiar con un secuestro, que es diferente a enfrentar una balacera en el edificio, que no se compara con una golpiza durante una cobertura.

Además, la ley actual entra en funcionamiento a raíz de amenazas, pero sus autores nunca tomaron que una gran cantidad de ataques a periodistas y medios se hace sin amenaza previa y muchos otros se dan cuando el tiempo que media entre amenaza y agresión es de unos minutos, a lo mucho unas cuantas horas, tiempo insuficiente para que periodistas en, digamos, Veracruz, llamen a la Ciudad de México para pedir apoyo del Mecanismo y se active todo el proceso burocrático.

Gran parte el fracaso del actual Mecanismo es su centralización. La ley obliga a la Secretaría de Gobernación a concentrar los casos de todo el país y regresarlos luego a autoridades estatales para que apoyen en las medidas de protección. Esto de por sí es un problema, no sólo por la desconfianza en los cuerpos de seguridad locales sino ante el hecho de que en ocasiones los agresores son precisamente las autoridades locales.

Una salida es descentralizar la reacción. Esto agilizaría la respuesta no sólo para atender una amenaza sino también para responder rápidamente a una agresión. Un modelo que he visto funcionar en varias ocasiones es el de contactos directos entre directivos de un medio de comunicación y mandos de cuerpos de seguridad federales o locales capaces de decidir y activar operativos de protección o prevención.

Una vertiente digna de explorar sería vincular a medios de comunicación con las principales autoridades de seguridad en sus ciudades, tanto a nivel federal como estatal, para construir una relación que pueda reparar dos de las principales fallas del Mecanismo actual: la lejanía y la ignorancia de las realidades locales.

Un contacto entre medios de comunicación u organizaciones no gubernamentales en una ciudad y los encargados de la Policía Federal, de la delegación de la Procuraduría (Fiscalía) General de la República o de los destacamentos del Ejército y la Marina en esa localidad, además de los mandos de policías estatales, permitiría a los periodistas y activistas tener un apoyo cercano con reacción inmediata, sin necesidad de estar llamando a la Ciudad de México para buscar protección ante una amenaza o ataque.

Además, pedir apoyo directo a fuerzas de seguridad en cada localidad permite poner inmediatamente el problema en manos de funcionarios con conocimiento del terreno, de los actores locales y de las distintas dinámicas que tienen los posibles agresores en cada región (criminales, policías, funcionarios con mucha “iniciativa”, líderes políticos o sindicales, etc.)

Por supuesto que cabe la posibilidad de que sean esas fuerzas de seguridad en cada ciudad las que, en muchas ocasiones, son quienes amenazan o agreden a periodistas o activistas. Pero el involucrar a más de un cuerpo de seguridad (Policía Federal, PGR, Ejército, Marina, policías estatales), permitirá identificar fácilmente si alguna de estas instituciones no está trabajando.

Las fuerzas locales de seguridad deben tener un incentivo para acabar con esto, en la medida en que las agresiones atraen los reflectores sobre sus propias fallas en sus labores de seguridad pública. Los gobernadores también tendrían un acicate para que sus procuradurías o fiscalías trabajen en investigaciones sólidas contra los agresores.

Porque en el fondo el mejor mecanismo de protección de periodistas y activistas es acabar con la impunidad de los agresores. Mientras 9 de cada 10 agresiones no se castiguen, la invitación está abierta a todos los que quieran intimidar.

 Javier Garza Ramos, periodista, es exdirector de El Siglo de Torreón