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COLUMNA

Los Pulitzer latinoamericanos

Si hubiera un Pulitzer al periodismo latinoamericano, también bajo la categoría de “servicio público”, sería un evento diario

Esta semana fueron anunciados en Nueva York los ganadores de los premios Pulitzer de periodismo. Uno de ellos fue para The Guardian y The Washington Post por sus coberturas del caso de masivo espionaje y violación de privacidad de la Agencia Nacional de Seguridad, NSA, actuando de acuerdo con programas de inteligencia anti-terrorista. El insumo de esas historias provino de la filtración de documentos clasificados que Edward Snowden, entonces contratista informático de esa agencia, hizo llegar a Glenn Greenwald y Barton Gellman, periodistas de esos medios, y a Laura Poitras, realizadora de cine documental.

Las revelaciones del caso abrieron un intenso debate acerca de la relación entre seguridad y libertad, la legalidad de la vigilancia gubernamental y el derecho a la privacidad—los viejos temas del constitucionalismo. El debate continúa, pero curiosamente el premio se otorga aun cuando Snowden, asilado en Rusia, está acusado por el gobierno de diversas violaciones a la ley de espionaje, y aun cuando los periodistas hoy galardonados son considerados cómplices en varios documentos oficiales relacionados con el caso.

Entre las diferentes categorías de los Pulitzer, este fue otorgado bajo la de “servicio público”. Irónicamente, el servicio público en cuestión no habría podido proveerse sin la presunta violación de una ley, es decir, sin una cierta “ilegalidad”. La coherencia del premio, sin embargo, reside en una jerarquía de necesidades colectivas que pone a los derechos y libertades constitucionales por encima de otras leyes. Por ese motivo es que se reconoce a periodistas que, en definitiva, simplemente cumplen con su función: trabajan con sus fuentes, obtienen información de interés público, informan a la sociedad y al mismo tiempo protegen la identidad e integridad de esas fuentes. Nótese que este simple resumen del ejercicio del periodismo cubre un amplio espectro de derechos constitucionales fundamentales: al acceso a la información, a la libertad de prensa, a la privacidad, a la protección de las fuentes y a la transparencia en los actos del gobierno.

Pero, además, el premio enfatiza la centralidad de esos derechos cuando las circunstancias para su plena vigencia son adversas. En el caso en cuestión, se premia el profesionalismo, pero también se le reconoce por la extraordinaria dificultad de informar en esas condiciones, función que se cumple a pesar del potencial riesgo físico para las personas involucradas. La pregunta obligada es que pasaría si esas condiciones adversas, extraordinarias en este caso, resultaran ser las habituales, es decir, normalizadas a fuerza de repetición y acostumbramiento, internalizadas con base en la intimidación sutil o la violencia explícita practicada por gobiernos, por organizaciones criminales privadas, o por una híbrida combinación de ambos. En esa “normalidad”, todo periodista seria merecedor de un Pulitzer.

Esa es la realidad de América Latina. Si hubiera un Pulitzer latinoamericano bajo la categoría de servicio público, sería un evento diario más que anual. Lo recibirían los blogueros cubanos, que se enfrentan a un monopolista informativo que les limita el acceso a internet, los censura, los intimida y regularmente los detiene por disentir. También les tocaría a los valientes periodistas de Honduras, líder mundial en periodistas asesinados per cápita.

Otro Pulitzer iría para los periodistas mexicanos que arriesgan sus vidas investigando conexiones entre el poder económico del narcotráfico y el poder político, sobre todo a nivel sub-nacional. Les corresponderá otro premio, próximamente, a los mexicanos de las redes sociales, quienes ya están organizando una activa campaña por sus derechos ante la intención del gobierno de reservar para sí ciertas funciones regulatorias en el reciente proyecto de ley de telecomunicaciones; funciones que, en la indefinición actual, bien podrían terminar legalizando la censura.

Varios Pulitzer deberían aterrizar en tierra venezolana, donde el periodismo está sometido hace década y media a un amplio menú de abusos, documentados por una igualmente amplia variedad de organizaciones internacionales de derechos humanos. Los más recientes premios deberían ser para NTN24, cadena de noticias colombiana que, censurada desde el inicio de las protestas, continua transmitiendo por YouTube. Y otro Pulitzer debería ir para la Asociación Colombiana de Editores de Diarios, por donar 52 toneladas de papel periódico a sus pares venezolanos, impedidos de importar papel por no poder acceder a las divisas necesarias. En Venezuela, los controles cambiarios no son política monetaria, son política de información y comunicación.

Otro Pulitzer—este bajo la categoría “caricatura editorial”, que también existe—para Bonil, el caricaturista ecuatoriano víctima de la intimidación personal del Presidente Correa, que lo llamó “sicario de tinta” por cadena nacional, y sujeto a la arbitraria ley de comunicación que penaliza el desacato y creó la figura de “linchamiento mediático”, virtualmente aplicable a todo aquel que investigue a funcionarios públicos. Y otro más para los periodistas argentinos, víctimas del acoso judicial por parte del gobierno, y el escrache en la calle por parte de organizaciones sociales creadas y financiadas por el gobierno.

Pero estos son solo deseos porque, en realidad, no hay premios Pulitzer en América Latina. Lo que hay es una vibrante sociedad civil—de la cual el periodismo es parte—pero que cada vez está más huérfana y más anestesiada. La moraleja de la historia es que la violación de derechos esta tan generalizada, tan normalizada a fuerza de costumbre, que en el camino se van consolidando estos regímenes que gobiernan la región por medio de un autoritarismo sin golpe. Y eso es más grave todavía, porque el riesgo entonces será perder esos derechos por completo.

Héctor Schamis es profesor en Georgetown University, Washington DC. Twitter: @hectorschamis