Una nueva ley pretende atraer las inversiones extranjeras a Bolivia

La nueva ley de Promoción de Inversiones en Bolivia, que consolida el rol hegemónico del Estado, ha dejado sabor a poco entre quienes la llevan esperando más de un lustro. Su aplicación está supeditada al desarrollo de un reglamento premio y a la redacción de otra norma sobre controversias y arbitrajes.

“La nueva ley refuerza el modelo económico basado en las inversiones estatales en sectores productivos estratégicos, como es el de los hidrocarburos”, ha expresado en Cochabamba el investigador y consultor de economía Pablo Cuba.

En efecto, la reforma refuerza el papel protagónico del Estado boliviano, al asumir el control y la regulación de los sectores estratégicos del desarrollo económico. También la aplicación de las inversiones en áreas que ahora se mantienen como pilares de la economía: la producción de gas y petróleo y la extracción de materia prima mineral.

El consultor Cuba echa de menos los esperados alicientes para la inversión directa en otras actividades, “incentivos precisos y claros para la pequeña y mediana empresa o para la actividad industrial agropecuaria”. El experto considera que no se percibe en el contenido de la ley “un mayor interés en atraer capitales de inversión directa” para otras áreas que no sean las estratégicas bajo control estatal. También lamenta que penda “como espada de Damocles” el riesgo de las nacionalizaciones. Si bien se modificó el artículo en la ley de Promoción de Inversiones, se mantiene intacto en la Carta Magna, que admite la expropiación en casos de necesidad o interés público.

El Gobierno boliviano acaba de incorporar la nueva ley a su legislación tras un proceso de elaboración de casi ocho años. Los tres últimos han estado dedicados a buscar consensos no solamente con la empresa privada sino también a recoger sugerencias del cuerpo diplomático acreditado en el país, según ha explicado la ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro.

Las autoridades informaron de que la ley ofrece incentivos generales y específicos, especialmente en las áreas consideradas estratégicas y en las que el Estado espera recibir en calidad de socio los aportes de capital extranjero. El texto contenido en una treintena de artículos se proyecta como un instrumento que otorga seguridad jurídica para las empresas inversoras a fin de lograr empleos y mejorar la calidad de vida de los bolivianos.

La ley “mantiene el espíritu de la Constitución”, ha asegurado la ministra Caro cuando destacaba las proyecciones de duplicar las inversiones - más de 3.000 millones de dólares en 2013 - en los próximos años, especialmente en los sectores considerados como estratégicos y de interés gubernamental. Dentro de ese espíritu se encuentra un aspecto especialmente sensible para los inversionistas extranjeros como es el de las expropiaciones, que el Estado puede aplicar en caso de necesidad o de interés público y reconocer un pago por la afectación.

El presidente de la Confederación de Empresarios Privados, Daniel Sánchez, considera que la nueva les es muy positiva, aunque admite que no se han establecido de manera precisa los incentivos a las inversiones. “No hay incentivos tributarios y se tiene que trabajar en el proyecto de ley para dirimir controversias y establecer los arbitrajes”, ha declarado públicamente.

El presidente Evo Morales ha sido categórico al señalar que, si hay problemas entre el Estado y el inversionista, éste tiene que someterse a las resoluciones de los tribunales bolivianos. El mandatario considera el hecho como “una liberación”, una vez que los tribunales internacionales tienden a favorecer a las empresas y no a los Estados. Tanto Cuba como Sánchez coinciden en señalar que habrá que buscar una tercera opción para resolver las controversias que puedan surgir entre el Estado y los capitalistas.

“Ni las autoridades de Gobierno creen en la justicia boliviana”, ha mencionado Sánchez en aparente alusión a las duras críticas que el vicepresidente Álvaro García Linera formuló contra el Poder Judicial boliviano. También era una referencia a los reclamos de la oposición ante la supuesta marcada injerencia del Poder Ejecutivo en la acción de los tribunales.

“Hay mucha desconfianza en la justicia”, dice Cuba, que considera poco viable la idea de que los tribunales bolivianos diriman con equidad un conflicto en caso, por ejemplo, de una expropiación o reversión al Estado de acciones o concesiones. La elaboración del proyecto de conciliación y arbitraje - además del análisis de los incentivos tributarios - son las dos tareas inmediatas para los empresarios privados. Estos pretenden que Bolivia incremente de forma sustancial la atracción de inversiones extranjeras que son bajas en comparación con otros países de la región.

Desde mayo de 2006, el Gobierno del presidente Evo Morales ha procedido a la reversión de acciones de inversores extranjeros en empresas que, tras un periodo de privatización parcial a partir de la década de los noventa, volvieron al poder del Estado por decretos de nacionalización. Hasta fines del 2013, Bolivia afrontaba ocho demandas de arbitraje internacional por otras tantas empresas, entre ellas algunas españolas, afectadas por las nacionalizaciones de Morales.