Dos casos de tortura reflejan los abusos policiales en México

Dos nuevas acusaciones de tortura en los Estados de Michoacán y Guerrero, al sur de México, muestran que los abusos policiales son habituales entre los agentes mexicanos, según han denunciado organismos internacionales. El último informe de Amnistía Internacional recomienda a las autoridades mexicanas deben tomar “medidas eficaces” para no volver a incumplir “sus promesas frente a la comunidad internacional” en cuanto al respeto de los Derechos Humanos.

Un vídeo difundido en YouTube muestra a un grupo de policías (dos hombres y una mujer) del puerto turístico de Acapulco mientras golpeaban en los glúteos y en los genitales a un detenido. “Ya, por favor”, ruega el agredido entre las risas de los agentes.

Justo también esta semana la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán (CEDH) denunció que el líder de las autodefensas de Yurécuaro, Enrique Hernández Saucedo, detenido por su supuesta vinculación con el asesinato del alcalde del vecino pueblo de Tanhuato, Gustavo Garibay, había sufrido torturas tras su arresto el 31 de marzo pasado a manos de agentes de la policía estatal. La Procuraduría General del Estado de Michoacán, la fiscalía regional, es controlada desde enero por el Gobierno federal.

Familiares de un líder autodefensa detenido en Michoacán denuncian torturas y golpes

Hernández, además, está en la cárcel sin que sus familiares hayan podido hablar con él más de cinco minutos y permaneció más de 72 horas retenido sin que se presentaran cargos en su contra, una clara violación al proceso judicial en México. “Solo lo ha visto un tío mío, cinco minutos y a través de un circuito cerrado. Habló con él y me dijo que estaba muy mal, que no escuchaba bien, que posiblemente pierda un oído por la golpiza y que se le iba la memoria. Parecía medicado o drogado”, explica por teléfono Guadalupe Hernández, hija del líder autodefensa detenido.

"Él no quiso confesar lo que le estaban pidiendo, entonces lo subieron a una camioneta. Dice que era una camioneta cerrada, en donde le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza, se la cerraban a nivel del cuello y le echaban agua y le golpeaban con la mano abierta en los oídos y golpes en diferentes partes del cuerpo", describe Lorenzo Corro, director de Orientación Legal de la CEDH.

Habitantes de la comunidad de Yurécuaro, además, han organizado manifestaciones en contra de la detención de Hernández, en las que denuncian que es inocente. La hija del detenido insiste además que los propios familiares del asesinado alcalde de Tanhuato “saben que mi papá no lo mató” y que el desarme de las autodefensas en ese municipio, al noroeste de Michoacán, ha traído de vuelta a varios de los sicarios del cartel de Los Caballeros Templarios que ya habían sido expulsados.

Jesús Hernández, hermano del detenido, añade que la captura de su hermano ocurrió sin una orden de arresto y sin que se esgrimiera más prueba que “unos mensajes de celular [teléfono móvil]”. El hombre cree que las denuncias que su hermano había hecho en días pasados, de que agentes de la policía ministerial de la región recibían sobornos de los Caballeros Templarios, tienen que ver con su acusación. Las autodefensas de Yurécuaro habían subido días antes a YouTube un vídeo que muestra la confesión de un hombre que se identifica como El Mapache, que describe una supuesta red de corrupción policial que operaba en la zona.

Las denuncias sobre torturas en México ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se han triplicado en los últimos seis años, y los organismos internacionales coinciden en que los agresores no reciben ningún castigo. Solamente entre enero y septiembre de 2013, la CNDH recibió más de 860 denuncias de tortura, trato cruel, inhumano y degradante por parte de la policía. La policía (junto con los diputados) son las dos instituciones que generan más desconfianza entre los mexicanos, según una encuesta de 2012 elaborada por Mitofsky.

El informe anual de Human Rights Watch apunta que los agentes de la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) “casi nunca” aplican el Protocolo de Estambul, que evalúa la salud de los detenidos, y que de las 39 investigaciones de tortura que se han iniciado entre 2003 y 2012 (menos del 10% de las denuncias presentadas) ninguna culminó con una condena. Un informe del Departamento de Estado de 2012, además, señala que los agresores operan bajo "impunidad absoluta".