El Gobierno vuelve a ampliar plazo a los mineros informales peruanos

Los mineros informales que llevaban una semana en Lima, la capital de Perú, exigiendo cambios en las normas de formalización del sector, y que fueron miles durante los primeros días de movilizaciones, abandonaron la plaza que fue su reducto. El Gobierno firmó un acuerdo el martes con un grupo de dirigentes de mineros informales de cuatro departamentos del país –de los 22 donde hay minería informal e ilegal– y este jueves el ministro de Energía y Minas reconoció que han prorrogado el plazo, hasta agosto, para que cumplan con los requisitos de formalización.

"Todos los que hasta el 19 de abril expresen su voluntad de formalizarse tendrán plazo de esos 120 días mencionados en el acta", respondió el ministro Eleodoro Mayorga a una pregunta de EL PAÍS durante una conferencia con la prensa extranjera. "Los que hacen minería aluvial en la selva, esos no se puede formalizar", precisó.

La minería aluvial se desarrolla con maquinaria pesada y mercurio en los cauces de los ríos de los departamentos de Madre de Dios y Puno, ambos en el sureste del país. Parte de la Reserva Nacional Tambopata en Madre de Dios ha sido deforestada por esta actividad extractiva que no se detiene desde que se abrió la carretera Interoceánica Sur, enlace entre la costa, los Andes y la Amazonía peruanos y Brasil.

Más de cuatro mil mineros –artesanales, pequeños e informales- llegaron el jueves pasado a Lima para exigir al Ejecutivo cambios en las normas, dado que el 19 de abril vencía el plazo para presentar un documento denominado Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo, una especie de diagnóstico de daños y compromiso de cambio. Era el quinto y último requisito que debían cumplir para cerrar su trámite de formalización, pero el Gobierno nuevamente ha cedido ante la presión en calles y carreteras bloqueadas por los miles de manifestantes.

El sábado hubo decenas de heridos entre policías y civiles en la costa de Arequipa (al sur del país) durante un enfrentamiento cuando la policía despejó la carretera Panamericana Sur, bloqueada por los mineros durante 48 horas. El miércoles en Lima, durante un enfrentamiento en la plaza San Martín, hubo cuatro heridos y 24 manifestantes detenidos, entre ellos cuatro mujeres, que luego fueron recluidos en la división policial de Seguridad del Estado.

Perú denomina mineros informales a quienes operan de manera irregular en concesiones obtenidas por alguien distinto a quien extrae el mineral, que no paga impuestos, ni cumple otras obligaciones de ley –de salud, laborales o ambientales–. La minería ilegal es la que se desarrolla en zonas reservadas, áreas protegidas o reservas naturales que los ilegales deforestan y contaminan. Estos tipos de explotación traen además a los lugares otros delitos asociados como trata de personas y trabajo esclavo.

El año pasado, luego de una movilización nacional de mineros informales e ilegales, una actividad que se ha extendido a 22 de los 25, el gobierno de Ollanta Humala aprobó un nuevo cronograma que indicaba que el plazo final para el saneamiento de la minería informal vencía en 2016.

El acuerdo que firmaron el martes miembros del Ejecutivo, el Congreso y asociaciones de mineros de Arequipa, Cajamarca, La Libertad, Apurímac y Ayacucho, indica que el 31 de marzo se conocerán los requisitos de saneamiento que exigirán a los trabajadores, es decir, procedimientos vinculados con un mejor procesamiento del mercurio y modos alternativos para que el minero obtenga un contrato de uso de la concesión por parte del titular o peticionario.

"Las acciones de la etapa de saneamiento se iniciarán luego de 120 días de declarado concluido el proceso de formalización con aquellos mineros que al 19 de abril hayan contado con la declaración de compromisos vigente y los requisitos de la estrategia de saneamiento que se presentará el 31 de marzo", precisa el documento.

Según el Gobierno, unos 70.000 mineros han presentado su declaración de compromiso para formalizarse, pero los analistas estiman que son menos del 10% de la cantidad de trabajadores dedicados a la minería informal e ilegal en el país.