Obama quiere poner fin a la recopilación masiva de llamadas de la NSA

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, tiene previsto terminar con el polémico programa de recopilación masiva de llamadas telefónicas de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA). La Administración norteamericana trabaja en una propuesta legislativa para reestructurar la forma de acceso, almacenamiento y consulta de esa información, garantizando un mayor control judicial de todo el proceso, muy similar a sendos proyectos de ley que se están preparando en el Congreso, uno de los cuales se dará a conocer este mismo martes. Ninguno de los tres contempla la reforma o reestructuración del resto de los programas de espionaje de la agencia.

El presidente norteamericano ha defendido desde La Haya su iniciativa asegurando que la nueva forma de retención de datos que propone "seguirá permitiendo a EE UU lidiar con las amenazas de ataques terroristas". Para el presidente, ésa es la mejor vía para abordar las "dos principales preocupaciones" que se han alzado a raiz de los escándalos de espionaje: garantizar la protección de la intimidad de los ciudadanos sin descuidar la seguridad nacional.

La propuesta que prepara la Casa Blanca contempla que sean las compañías telefónicas y no la NSA, como ocurre ahora, las que almacenen las bases de datos de las llamadas telefónicas y las que cedan la información de las telecomunicaciones de determinados números, sospechosos de pertenecer o estar relacionados con supuestos terroristas, previa orden judicial individualizada del controvertido y secreto Tribunal de Supervisión de Inteligencia Extranjera, de acuerdo con The New York Times, el primer diario en informar de los planes del presidente. El proyecto de la Administración no obligará a las compañías de telefonía a que conserven los números más allá de los 18 meses que requiere la legislación federal –la NSA los mantiene durante cinco años-.

Con esta propuesta, la Administración extirpa de las agencias de espionaje el control directo de los datos sin obstaculizar la capacidad del Gobierno de acceder a información relacionada con amenazas terroristas, de acuerdo con el presidente. El proyecto está en la línea del discurso que Obama pronunció en enero del año pasado en el que ya avanzó varias reformas en el seno de la NSA con el fin de reducir los riesgos del uso inapropiado de su actividad, entre ellos la progresiva eliminación del programa de recopilación masiva de llamadas, el que mayor indignación levantó de todos los revelados por el informático estadounidense, Edward Snowden.

Entonces, el presidente ordenó al Fiscal General y a las agencias de inteligencia que le presentaran nuevas propuestas sobre la reestructuración de ese programa antes del 28 de marzo, fecha en la que expira la orden judicial que autoriza esa práctica de recolección masiva de llamadas, conocida cono Sección 215 –la disposición de la Ley Patriótica bajo cuyo amparo se desarrolló-. Obama autorizará la prórroga de la orden durante 90 días mientras ultima su propuesta de reforma.

La del presidente es una de las varias alternativas legislativas en las que se está trabajando en el Congreso. Esta misma mañana, los máximos representantes del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Rogers y el demócrata C. A. Dutch Ruppersberger, van a presentar su propio proyecto de ley, muy similar al de la Casa Blanca. El borrador que se ha dado a conocer prevé, también, que sean las compañías telefónicas las que gestionen las bases de datos y el rastreo de las llamadas e impide a la NSA recopilar de manera masiva e indiscriminada los datos. A diferencia de la propuesta legislativa de la Administración que establece que sea el Tribunal de Supervisión de Inteligencia Extranjera quien autorice de manera previa e individualizada cada una de las solicitudes que realice la agencia de espionaje a las compañías, la norma del Comité de Inteligencia solo contempla que a las peticiones de la NSA las acompañe una directriz del Gobierno.

La disposición de Rogers y Ruppersberger competirá en el Capitolio con otra, también bipartita, en la que está trabajando el Comité de Asuntos Jurídicos de la Cámara. Ésta, como las anteriores, también prohíbe a la NSA la recolección masiva de llamadas y, como la de la Casa Blanca, exige una orden judicial previa para acceder a los datos. A diferencia de la del Comité de Inteligencia, se determina que la petición se haga en el marco de una investigación sobre terrorismo en curso. En la actualidad, la NSA obtiene información de miles de números de teléfono de tres compañías telefónicas y realiza controles y cruces de datos bajo la “presunción razonable” de que están relacionados con grupos o actividades terroristas.

A las diferentes propuestas legislativas que se barajan en la cámara Baja hay que sumar las divergencias de opinión que suscitan entre los senadores los programas de recopilación masiva de la NSA. Frente a miembros como la presidenta del Comité de Inteligencia del Senado, la demócrata Dianne Feinstein, que defienden el mantenimiento de las prácticas de vigilancia de las agencias de espionaje, por considerar que son esenciales para garantizar la seguridad nacional, pero que reconocen la conveniencia de incrementar los requisitos previos para su ejecución, otros senadores, encabezados por el colega departido de Feinstein, el senador Patrick Leahy, se han mostrado favorable a la propuesta del Comité de Asuntos Jurídicos de la Cámara, en la que él ha trabajado. “El mensaje a la NSA que procede de cada una de las ramas del Gobierno y de cada uno de los rincones de la nación es de que ha ido demasiado lejos. La recopilación indiscriminada de datos debe terminar”, ha señalado Leahy en más de una ocasión.

A falta de determinar qué proyecto legislativo se imponga en el Congreso, es evidente que el programa de recopilación indiscriminada y masiva de la NSA tal y como existe va a ser desmantelado. Falta por comprobar si la nueva regulación será suficiente para eliminar los riesgos de abusos en la ejecución de sus tareas de vigilancia.