La cesión del asiento a la Nicaragua sandinista, precedente en la OEA
En 1979 Panamá dejó su silla en el organismo a la oposición a Somoza. Menos de un mes después caía el dictador
Nicaragua ardía en junio de 1979. A sangre y fuego, las guerrillas sandinistas cercaban a las tropas somocistas en una guerra que arreció en 1978 y sacudió barrios urbanos y aldeas y poblados rurales nicaragüenses. Y en Washington, un diplomático panameño -el entonces canciller Juan Antonio Tack- cedía la silla de Panamá en la Organización de Estados Americanos (OEA) para que Miguel D’Escoto Brockman, un sacerdote nacido en California en 1933 que en la década de 1970 abrazó la causa insurgente nicaragüense, denunciara ante el principal foro político interamericano -integrado entonces por 13 dictaduras y regímenes militares derechistas y 12 gobiernos civiles- las atrocidades de más de 45 años de la dinastía pro-Washington de la familia Somoza que gobernaba en Nicaragua.
¿Qué comparación existe entre aquellos episodios diplomáticos por los que D’Escoto, como emisario del entonces guerrillero (y ahora gobernante) Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), se sentó en la silla de Panamá en la OEA como “embajador alterno” panameño, y los que han impedido que la legisladora opositora venezolana María Corina Machado ocupe el estrado panameño ante el máximo organismo continental, para informar al sistema interamericano -en una sesión a puertas cerradas- sobre los sucesos políticos que sacuden a Venezuela desde hace más de un mes, con saldo de muertos, heridos, presos y una profunda polarización interna?
Machado fue nombrada por Panamá como embajadora alterna en la OEA. Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Panamá el 5 de marzo pasado, tras denuncias la injerencia panameña en los asuntos internos venezolanos por las maniobras en la OEA.
En un momento estelar de la historia americana y tras intensos debates entre representantes de aparatos dictatoriales castrenses como los de Augusto Pinochet en Chile, Jorge Videla en Argentina, Alfredo Stroessner en Paraguay y Jean Claude Duvalier en Haití o gobiernos democráticos como los de Venezuela, Colombia y Costa Rica, una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA acordó el 23 de junio de 1979 pedirle al dictador nicaragüense Anastasio Somoza Debayle que renunciara a la presidencia de Nicaragua y abandonara el país. D’Escoto llevó a ese foro una voz distinta de la del régimen somocista.
“A mi juicio, esa ha sido la decisión más importante en la historia de la OEA: fue contundente”, dijo el ex –presidente costarricense, Rafael Ángel Calderón Fournier, quien gobernó de 1990 a 1994 y en 1979, como ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, participó en la Reunión.
“Ese tipo de resolución nunca antes se había visto. Fue una condena a la violación de los derechos humanos en Nicaragua. Con 17 votos logramos que la OEA pidiera el reemplazo inmediato del régimen somocista en Nicaragua”, recordó Calderón, en una entrevista con EL PAÍS, para aclarar que “todavía no hay paralelismo” entre la situación nicaragüense de 1979 y los acontecimientos venezolanos de 2014. “Pero eso tampoco impide decir que la OEA debiera, para empezar, analizar lo que está pasando en Venezuela, que es muy doloroso”, subrayó.
De los 25 integrantes de la OEA en 1979 -hoy son 34-, 17 votaron a favor de la resolución contra Somoza: las dictaduras de Argentina y Haití (regido por la dinastía Duvalier); los regímenes militares de Bolivia, Brasil, Perú, Ecuador y Panamá, y los gobiernos constitucionales de Venezuela, Colombia, Costa Rica, Jamaica, Barbados, Granada, Estados Unidos, México, República Dominicana y Surinam. Nicaragua, Chile, Paraguay y los regímenes militares de Honduras, Guatemala y El Salvador votaron en contra.
Acorralado por los rebeldes sandinistas, por la presión política y militar internacional -encabezada por Cuba, México, Venezuela, Costa Rica y Panamá- en apoyo a los guerrilleros, Somoza optó por dimitir, aunque aclaró que había sido democráticamente electo, y huyó de Managua al amanecer del 17 de julio de ese año.
Aunque el panorama es incomparable, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tampoco es Somoza y su pasado de violaciones masivas a los derechos humanos, la situación coloca a la OEA ante un momento crucial frente al riesgo de que la crisis que estremece a Caracas y a muchas ciudades venezolanos se siga desbordando y llegue a una etapa sin retroceso. Hacia la confrontación armada interna.
Y 30 años después, el factor silla volvió a aparecer en la OEA. La hondureña Patricia Rodas, ministra de Relaciones Exteriores del depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, logró ocupar una silla en la OEA para denunciar el golpe de Estado que, en junio de ese año, derrocó al mandatario.
Un dato notable en la historia del organismo continental es que la silla le fue cedida a Rodas por Venezuela, ya gobernada en esa época por la revolución socialista del ahora fallecido ex –presidente venezolano Hugo Chávez. En ese momento, Venezuela ya había roto relaciones diplomáticas con Honduras por el golpe de Estado, calificando de dictadura al gobierno del presidente hondureño Roberto Micheletti.
“Venezuela es una dictadura”, denunció Machado este viernes en una silla de las oficinas de Panamá en la OEA.
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