Un coste alto, pero una flota segura

La capital rusa ha permanecido este domingo en calma después de las manifestaciones que el sábado celebraron la oposición por un lado y los partidarios del Gobierno por otro. Ambos bandos han seguido atentamente el desarrollo del referéndum en Crimea, a pesar de que nadie dudaba de que el resultado sería positivo para el Kremlin. El problema ahora está en averiguar qué pasará el día después: ¿Cómo afectarán las sanciones a Rusia, cómo responderá, cuánto se demorarán en aceptar a Crimea como república de la Federación Rusa, cómo solucionarán los problemas de infraestructura, para abastecer a la península de alimentos y energía?

El presidente ruso, Vladímir Putin, manifestó hoy a la canciller alemana, Angela Merkel, que respetará el resultado del referéndum, según un comunicado del Kremlin. En una conversación telefónica que se produjo a petición de Berlín, Putin remarcó que la consulta era congruente “con las normas de derecho internacional y especialmente con el artículo primero de la Carta de la ONU, que contempla el principio ”. Putin subrayó su inquietud por el incremento de la tensión en el este y el sureste de Ucrania, una tensión "atizada por grupos radicales con la connivencia de las autoridades de Kiev", dijo.

Los políticos cercanos al Gobierno y los partidarios de un Estado fuerte ponen buena cara al mal tiempo en Rusia. Quien mejor ha expresado los ánimos al respecto es el diputado Leonid Slutski, presidente del Comité de la Duma Estatal para las relaciones con la Comunidad de Estados Independientes (CEI). “Por supuesto que nos van a demonizar, nos criticarán en todas las tribunas internacionales, pero estamos preparados para ello. Ya pasamos por una situación similar cuando estábamos restableciendo el régimen constitucional en Chechenia a principios de la primera década de 2000 [segunda guerra chechena] y cuando reconocimos la independencia de Abjazia y Osetia del Sur [después de derrotar a Georgia en 2008]”, declaró ayer.

Para este parlamentario, la tarea de Rusia es defender los derechos de la población rusohablante y la flota del mar Negro, esforzándose, al mismo tiempo, en evitar una guerra. De ahí que Rusia, según Slutski, “deba apoyar la paz interétnica e interreligiosa” en el territorio de Ucrania. “Lo principal es que no haya derramamiento de sangre”. “Esas provincias deben permanecer en Ucrania, pero en ellas el ruso debe ser idioma regional cooficial en concordancia con la ley de 2012”, explicó Slutski. Agregó que la población que vive en el este del vecino país también tiene derecho a organizar sus propios plebiscitos. En entrevistas anteriores, Slutski había opinado que Crimea será recordada como el lugar donde Moscú plantó cara a Washington y terminó con los sueños estadounidenses de un mundo unipolar controlado, naturalmente, por él.

Para la mayoría de los rusos, Crimea es tierra rusa y Putin no podía, según opina un gran número de politólogos, dejar pasar esta oportunidad de recuperar la península, donde se emplaza la principal base de su flota del mar Negro.

El Kremlin es consciente de que tendrá que pagar un precio por Crimea, pero independientemente de cuán grande sea, a su favor tendrá el que habrá solucionado el problema de la seguridad de su flota en el mar Negro, que ya no estará en territorio extranjero, y también las riquezas de la península, con posibilidades de explotar también su plataforma continental.

Algunos economistas advierten de que, sin embargo e incluso aunque no haya sanciones, Crimea le saldrá caro a Moscú. El viernes Moscú pasado ya prometió una cifra superior a los 700 millones de euros el primer año.

Los problemas de infraestructura a resolver incluyen los del agua potable y la electridad, además de los de comunicación por tierra, para lo cual tendrá que acelerar la construcción del puente entre los puertos de Kavkaz, cerca de Novorrosiísk y Crimea, cerca de Kerch. La energía eléctrica y el agua llegan a la península desde Ucrania y si el primer problema se puede solucionar con relativa facilidad con pequeñas centrales, el segundo es más complicado y seguramente tendrá que ponerse de acuerdo con Kiev para comprarle el agua potable.

Algunos análisis consideran que el costo de Crimea será de unos 15.000 millones de euros en los próximos tres años, pero Slutski piensa que puede ser incluso superior a los 30.000 millones. A pesar de ello, sostiene, vale la pena gastarlos.

Moscú, además, se ve amenazada por un aislamiento. Pero, paradójicamente, hay políticos influyentes que consideran que esto puede ser positivo para Rusia.

Como reconoce Serguéi Karagánov, experto en relaciones internacionales, “son muchos los que están a favor de un enfrentamiento [no bélico] con Occidente”. Y el ideólogo y escritor nacionalista Alexandr Projánov confiesa que hace años lucha a favor de una nueva guerra fría. Otro nacionalista, Alexandr Duguin, está a favor de una revolución conservadora en la que mezcla la economía de protección social típica de la izquierda con un tradicionalismo cultural de derecha. Como Projánov, es rabiosamente antiestadounidense, y para contrarrestar la influencia de Washington propone un imperio euroasiático.

Putin, desde que volvió a ocupar el sillón presidencial en 2012, ha propugnado la creación de una alianza económica eurasiática, tarea que le ha encargado a Serguéi Gláziev, un economista que fue ministro de Borís Yeltsin hasta 1993 pero que después se convirtió en un ácido crítico de las políticas económicas liberales. Incluso entre los oligarcas hay partidarios de combatir lo que califican de dominación impuesta por Estados Unidos y de volverse hacia el Este. Uno de ellos es Vladímir Yakunin, aliado de Putin y presidente del gigantesco monopolio de la Compañía de Ferrocarriles Rusos.

Desde los tiempos zaristas, Rusia ha estado dividida entre prooccidentales y lo que llamaban eslavófilos, conservadores que buscaban valores propios y miraban hacia Asia. Las últimas décadas los primeros parecían haber triunfado, pero ahora parece que los segundos son los que llevan las de ganar, al menos temporalmente.