El ‘caso Oceanografía’ planea sobre la economía y la política de México

El fraude millonario de la empresa mexicana Oceanografía SA de CV parece tener raíces más profundas de lo que se conoció en un principio. Con el avance de la investigación, la Procuraduría General de la República ha empezado a hablar de “lavado de dinero”, aunque todavía no existen acusados directos por el caso.

“Estamos ante lavado de dinero. Recordemos que el lavado de dinero debe de tener como inicio un delito primigenio que es el fraude. Pero no se queda en el fraude. En el momento en el que ese dinero después es utilizado de otra manera, se convierte en lavado de dinero", ha asegurado en una entrevista radiofónica a Radio Fórmula Jesús Murillo Karam, procurador (fiscal) general.

No se sabe mucho más sobre el posible origen y destino de ese dinero porque, como aseguró el procurador, las autoridades están siendo “muy cuidadosas de tener todos los elementos para empezar a fijar las responsabilidades”. Por el momento, no hay acusados de haber intervenido en el fraude de la empresa que consiguió créditos de Citigroup - el tercer mayor banco de EE UU por sus activos - a través de Banamex por valor de 585 millones de dólares. El banco concedió esos préstamos porque la compañía mexicana presentó cuentas por cobrar a Pemex que después se descubrieron que eran falsas.

La petrolera mexicana se deslindó desde el primer momento de las operaciones fraudulentas de Oceanografía. En la misma dirección se han dirigido las declaraciones del presidente de la paraestatal, Emilio Lozoya, que ha asegurado en una entrevista radiofónica que su compañía no se ha visto afectada por el fraude a pesar de que Oceanografía es una de las principales proveedoras de Pemex - cuenta con 38 embarcaciones y da trabajo directo a casi 4.500 empleados.

“No se ha encontrado ninguna irregularidad pero el monto por el que se ha defraudado a Banamex es tan grande que estamos revisando cualquier tipo de irregularidad que algún funcionario público hubiese cometido”, aseguró Lozoya. El presidente de la paraestatal ha denunciado que la proveedora falsificó de manera masiva documentos y firmas de empleados de Pemex. Según ha informado Julián Olivas - titular de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas -, la Secretaría de la Función Pública ha revisado de momento nueve contratos suscritos por Oceanografía con Pemex pero no ha iniciado ningún procedimiento contra funcionarios públicos.

Una situación muy diferente a la de la petrolera están viviendo Banamex y Citigroup, compañías que están resultando muy perjudicadas por el escándalo de Oceanografía. La agencia de calificación Moody’s ha emitido este miércoles un comunicado en el que, si bien confirma la calificación de Banamex (C-) y mantiene su perspectiva estable, asegura que el descubrimiento del fraude revela “una falla en las funciones de control y auditoría, así como debilidades en la administración y medición de riesgos en lo que se refiere a una de las principales exposiciones crediticias del banco”.

El pasado viernes, Citigroup se vio obligada a revisar su dato de beneficio para 2013 por un fraude que afectaba a su filial en México. Entonces, ya hacía dos semanas que la Secretaría de la Función Pública había inhabilitado a la empresa mexicana para trabajar con cualquier entidad gubernamental durante 21 meses. Tras el anuncio de Citigroup - que reconoció que ganó 235 millones de dólares menos de lo previsto como consecuencia de esta operación - la Procuraduría General de la República anunció que tomaba el control de la empresa, con sede en Ciudad del Carmen, en el Estado de Campeche.

Banamex reconoció entonces que sus cuentas registrarían un impacto negativo estimado en 2.880 millones de pesos (217 millones de dólares), lo que representaba aproximadamente el 2% del capital de Banamex. La estimación de Moody’s es que el fraude disminuyó un 19% la utilidad neta de Banamex para el ejercicio de 2013.

Mientras, Citigroup ha recibido citaciones de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, en sus siglas en inglés) y de la Fiscalía Federal para aportar información en relación a “políticas, procedimientos y actividades relativas al cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario y normas contra el blanqueo de capitales bajo las leyes federales y las normativas bancarias”.

Desde el punto de vista político, varias polémicas rodean a Oceanografía SA de CV. Una de ellas vinculó a los hijos de la mujer de Vicente Fox - Marta Sahagún - con la compañía, que sufrió un importante crecimiento durante los sexenios de Fox y Felipe Calderón a pesar de ser proveedora de Pemex desde hace 40 años. La Cámara de Diputados mexicana abrió una comisión para investigar los posibles nexos que finalmente no fueron probados. Sin embargo, estos días aparecen voces que cuestionan la eficacia de aquella comisión, como la de la diputada del PRD (partido de izquierdas) Malú Micher. La legisladora fue presidenta de aquella comisión y ha denunciado que ésta se cerró sin que diera tiempo a hacer una investigación en profundidad.

Además, el descubrimiento del fraude parece ser solo el inicio de un agujero negro de informaciones sobre corrupción. Estos días, la prensa mexicana ha publicado los oscuros negocios que uno de los socios de Oceanografía, Martín Díaz Álvarez, presuntamente habría realizado con los hermanos Francisco Javier y Óscar Rodríguez Borgio, propietarios de casa de apuestas y de la caja popular Caja Libertad. 

Según ha publicado el diario Reforma, los tres empresarios están relacionados con el lavado de dinero. “Se presume blanqueaban dinero de la venta de hidrocarburos robados a Pemex. De acuerdo con documentos oficiales, los Rodríguez operaban, hasta el 2012, la empresa Grupo Gasolinero Mexicano, cuyas estaciones vendían hidrocarburos ordeñados por los cárteles, lavando supuestamente las ganancias ilícitas en la Caja Libertad”, publicó Reforma. 

Las raíces negras del caso Oceanografía ya se extienden más allá de Ciudad del Carmen (Campeche) donde la empresa tiene su sede.