Selecciona Edición
Selecciona Edición
Tamaño letra

El fiscal que retomó la lucha por los derechos civiles en EE UU

Eric Holder ha liderado diversas demandas para el avance de las libertades, desde el derecho a voto al matrimonio homosexual

El fiscal general estadounidense, Eric Holder.
El fiscal general estadounidense, Eric Holder. EFE

El despacho del primer Fiscal General afroamericano de Estados Unidos está presidido por un retrato de uno de sus predecesores, Nicholas Katzenbach, su homólogo en la Administración Johnson y uno de los principales responsables del fin de la segregación en la Universidad de Alabama. Cincuenta años después de esa victoria, Eric Holder, quien se confiesa heredero de aquellos avances, se resiste a retroceder. Sus últimos cinco años al frente del Departamento de Justicia son un catálogo de demandas para proteger y ampliar los derechos civiles en cualquiera de los frentes actuales.

El presidente Obama ha marcado el paso a Holder -uno de los más cercanos miembros de su Gabinete-, pero sus referencias a la defensa de las libertades y, en concreto, contra la discriminación racial, han sido mucho más discretas. Con gestos simbólicos, como la invitación a su discurso sobre el Estado de la Unión de 2013 a una mujer afroamericana de 102 años que esperó varias horas para votar en Florida o recordando un año después que la desigualdad económica es “el mayor desafío” al que se enfrenta EE UU en este siglo, el presidente cubre en público las espaldas de su Fiscal General, pero la batalla diaria la libra Holder en los pasillos del Departamento de Justicia.

Holder no es un abogado que se haya limitado a evaluar la persistencia de la discriminación desde un despacho. Está casado con Vivian Malone, la hermana mayor de la primera afroamericana que estudió en la Universidad de Alabama y que llegaría a clase el primer día, gracias a una orden del presidente Kennedy, escoltada por la Guardia Nacional. Cuando ya era fiscal en Washington, Holder volvió a sentir la sospecha en su piel. La policía le dio el alto cuando iba corriendo por el barrio de Georgetown porque llegaba tarde al cine. Compartió esta anécdota en un discurso tras la muerte del joven Trayvon Martin en Florida. Entonces, Holder se sentó a hablar con su hijo adolescente: “Le expliqué cómo debía dirigirse a la policía igual que mi padre hizo conmigo”.

Holder ha criticado a los jueces del Tribunal Supremo por “ver el mundo como les gustaría que fuera” y no como realmente es

El mandato del abogado ha estado marcado hasta ahora por diferentes casos que abarcan desde nuevas protecciones a periodistas ante posibles interferencias del gobierno, las consecuencias de las revelaciones sobre la Agencia Nacional de Seguridad, las justificaciones legales de los ataques con ‘drones’ en territorio extranjero, o el uso de éstos para acabar con enemigos de nacionalidad estadounidense. No todos han recibido la misma acogida. Pero pocos discuten en Washington la generosa inversión de Holder en materia de derechos civiles.

Durante los últimos tres años, el Departamento de Justicia ha denunciado a aquellos Estados que aprueban leyes que dificulten el voto, a las que ha criticado abiertamente por su impacto discriminatorio. Recientemente ha propuesto restaurar el derecho a voto de los presos. Y esta misma semana dio un paso más al afirmar que, para él, hay una manera de acabar con las leyes que discriminan contra los homosexuales: que los fiscales generales de cada Estado dejen de defenderlas ante la justicia.

A pesar del revuelo causado por estas declaraciones, Holder sólo estaba recomendando que se haga a nivel estatal lo que la Administración Obama, con él al frente del Departamento de Justicia, decidieron hacer en 2011: abandonar la ley de Defensa del Matrimonio, que definía el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer e impedía así el reconocimiento de uniones homosexuales. El gesto hizo que cuando la ley fue retada ante el Tribunal Supremo, el Gobierno no se presentara ante los jueces para defenderla, sino para argumentar su inconstitucionalidad.

Ese mismo año, sin embargo, el Supremo sí se pronunció en contra de una de las normativas federales más defendidas por Holder: la ley de Derecho a Voto de 1965. Una mayoría de jueces consideró que ya no es necesario proteger a los ciudadanos de Estados que participaron en la segregación racial, sometiendo sus leyes a un escrutinio especial por parte del Departamento de Justicia.

Tras la decisión del Tribunal, Holder afirmó en una entrevista a The New Yorker que los jueces “ven el mundo como les gustaría que fuera” y no como realmente es. También confirmó cuál será su principal dedicación hasta que deje el cargo: “Estoy dispuesto a enfrentarme a cualquier intento de hacer retroceder el tiempo, de poner trabajas a que los estadounidenses puedan ejercer su derecho más fundamental, el derecho a votar”.

Las leyes de supresión de voto

C. F. P.

Solo en el transcurso de 2011 una quincena de Estados con gobernadores republicanos aprobaron normativas conocidas como “leyes de supresión de voto” que se han convertido en el objetivo de Holder al frente del Departamento de Justicia. El gobierno de Obama demandó ante los tribunales a todas aquellas que imponen nuevas condiciones para acceder a las urnas, como la presentación de un documento de identidad con foto, o restringen el acceso a éstas por adelantado, un procedimiento extendido en todo EE UU. En Texas, Holder demandó al Estado al considerar que su ley, que permite votar con una licencia de armas pero no con un carnet de estudiante universitario, discrimina contra un grupo de la población.


A pesar de que los gobiernos republicanos que han impulsado estas leyes argumentan que sirven para combatir el fraude, el Partido Demócrata y numerosas organizaciones por los derechos civiles advierten que apenas hay rastro de votos ilegales en las elecciones, mientras que el impacto de estas leyes es mucho mayor -se estima que las normativas de 2011 habrían afectado a cinco millones de votantes. Gran parte de ellos son ciudadanos de minorías raciales y con menos recursos económicos, con dificultades para acceder a las instituciones donde obtener el documento necesario -en EE UU no hay una identificación federal alternativa al pasaporte- y que, tradicionalmente, han respaldado a los candidatos demócratas.