Rodríguez, exsecretario de la OEA, sortea una década de acusaciones

Entre las imágenes que marcan la historia política de este país de pocos sobresaltos está la de aquel viernes a las 2:20 p.m. Miguel Ángel Rodríguez Echeverría bajaba esposado y cabizbajo la escalerilla del avión en que aterrizó en el aeropuerto Juan Santamaría, en San José, en el país que presidió entre 1998-2002. Ese que descendía cabizbajo era el economista que hacía menos de un mes se había convertido en secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) y su destino era un calabozo, como sospechoso de corrupción. Ese 14 de octubre del 2004 él venía de su nueva oficina en Washington DC; después estuvo una temporada en la cárcel preventiva, otra en arresto domiciliario. Llegó un juicio, una condena, una apelación exitosa, nuevos cargos y otro proceso judicial.

Hasta esta semana, que lo sobreseyeron de un último caso y ha decidido presentarse ante el público como “un perseguido”. Rodríguez Echeverría recibió este lunes la noticia de la exoneración de los cargos que se le imputaban por supuestos desvíos de fondos públicos en negocios del estatal Instituto Nacional de Seguros (INS). Ya puede sacudirse las manos porque también está libre de las culpas que los tribunales le cargaron por aparentes comisiones de la telefónica francesa Alcatel, por las cuales fue condenado en una sentencia que fue después anulada en 2012.

Alejado completamente de la política, Rodríguez Echeverría ha pasado estos diez años dedicado a defenderse de sus enredos judiciales y a impartir clases de Economía en la Universidad de Costa Rica (UCR). Su Partido, Unidad Social Cristiana (PUSC), se derrumbó por el golpe que le supuso ver arrestado y preso a dos de sus expresidentes, pues también Rafael Ángel Calderón (1990-1994) cayó preso por aquellos años por otro caso relacionado a negocios irregulares de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). El PUSC perdió su puesto como partido grande, se rompió el bipartidismo y se abrieron espacios para nuevas fuerzas políticas, a pesar de la desconfianza popular que se despertó contra la clase política después de 2004.

“Hoy hace 3.409 días que volví al país, que renuncié a la OEA. Lo hice porque tenía conocimiento de que los hechos acusados eran falsos y tenía confianza en los jueces, en que iban a demostrar mi inocencia”, dijo este martes en su casa. Allí aseguró haber sido víctima de una persecución de los medios de comunicación, del presidente Abel Pacheco (2002-2006) y de Francisco Dal’Anese, el fiscal general que lo hizo apresar aquel viernes de 2004 y que dirigió la investigación judicial, antes de encabezar la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cijig).

“Fue un circo”, ha dicho con su traje gris y su irrenunciable corbata negra, tal como vestía cuando aterrizó en el aeropuerto Juan Santamaría. Sustituyó al colombiano César Gaviria pero no logró comenzar siquiera el quinquenio que le correspondía. El estadounidense Luigi Eunaudi fue secretario general interino hasta que en 2005 fue elegido José Miguel Insulza, aún en el puesto.

Mientras, Rodríguez vivió entre abogados. Encaró el juicio de los negocios que Alcatel hizo con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y fue condenado en abril de 2011 a cinco años de prisión por “corrupción agravada” al participar en la repartición de unos 14 millones de dólares en comisiones para cerrar un contrato con la empresa francesa. Esta condena, sin embargo, quedó sin efecto porque un tribunal de apelaciones anuló en noviembre de 2012 la validez de una prueba clave bancaria obtenida en Panamá y descalificó el testimonio de un antiguo colaborador de Rodríguez.

Así Rodríguez superaba uno de sus embrollos, pero faltaba más. La Fiscalía consideró a Rodríguez y a otros nueve exfuncionarios como sospechosos de recibir unos dos millones de dólares por sobornos de la reaseguradora londinense PWS, que dio servicio al INS entre 1998 y 2002, además de otras dádivas de firmas internacionales. Sin embargo, los jueces invalidaron de nuevo pruebas bancarias obtenidas en otros países y que eran claves para la acusación, sumadas a otras debilidades del expediente. Ahora la Fiscalía dice tener pruebas suficientes para apelar este fallo, pero Rodríguez da por cerrada se década olvidable, que también incluyó cuestionamientos por contratos de electrificación subterránea en San José y por programas financiados con dinero donado por Taiwán.