Leopoldo López convoca una marcha para entregarse a la justicia

Leopoldo López, dirigente opositor al que el gobierno venezolano busca apresar porque le atribuye la organización de los disturbios que estremecen a esta nación sudamericana desde el pasado miércoles, colgó un video en su cuenta de Twitter en el que convoca a una manifestación el próximo martes que le acompañe a entregarse en el ministerio de Interior y Justicia, en Caracas.

“Como es natural, me he tomado algunos días para reflexionar”, admite en la grabación, divulgada desde la clandestinidad. “Daré la cara”, asegura, e instruye a los potenciales manifestantes a acompañarlo en el recorrido “hasta cierto punto”, para evitar episodios de violencia.

Poco después, el presidente Nicolás Maduro respondió con una advertencia: “El fascismo no volverá a entrar a Caracas”, asomó lo que será la postura oficial de orden público ante la eventual marcha. Instó además a López a aceptar las gestiones “de buena fe” que estaría haciendo el ministerio público para facilitar su entrega antes del martes, “sin show”, afirmó.

La noche anterior, de sábado, fuerzas de seguridad habían allanado las residencias de López y de su padre. Maduro denunció que fuerzas de la oposición se habrían propuesto asesinar a López para achacar el atentado al gobierno y provocar “una crisis política”.

Maduro hizo sus declaraciones en una cadena nacional de radio y TV transmitida desde el palacio presidencial de Miraflores. El público en el estudio estaba conformado por “mi ejército de tuiteros”, como llamó el mandatario venezolano a los empleados que operan las cuentas oficiales en las redes sociales, y por personal del tren subterráneo (metro) de Caracas, que prestaron testimonio sobre las agresiones de las que habrían sido objeto por parte de los manifestantes. Esos episodios fueron los que motivaron a Maduro a suspender el servicio de metro y metrobús para los municipios capitalinos gobernados por la oposición. Sin embargo, informó el propio presidente, luego de intercambiar sobre el tema con el ministro de Transporte, decidió levantar la medida y restituir los servicios.

El sucesor de Hugo Chávez a la cabeza de la Revolución Bolivariana introdujo en sus “reflexiones domingueras” -como las llamó- un golpe de efecto de carácter nacionalista para amalgamar a sus seguidores. Según relató, este domingo el subsecretario de Estado adjunto para América Latina, Edward Alex Lee, habría convocado en Washington al embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (OEA) –Caracas no tiene embajador ante el gobierno norteamericano-, Roy Chaderton, para comunicarle algunas exigencias. Entre ellas, según Maduro, estaba la de suspender la orden judicial de captura contra López so pena de enfrentar graves consecuencias “con ramificaciones internacionales”.

Ante lo que consideró una presión indebida de Washington, Maduro ordenó la expulsión de tres funcionarios consulares de la Embajada de Estados Unidos en Caracas. El presidente venezolano aseguró que sus servicios de inteligencia venían siguiéndole los pasos a los diplomáticos, a quienes acusó de incentivar la subversión en universidades privadas.

El relato presidencial busca darle fundamento a la versión oficial, según la cual los disturbios de los últimos días forman parte de una trama conspirativa mayor guiada desde Washington. Este domingo dos funcionarias de alto nivel, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, y la ministra de Información y Comunicación, Delcy Rodríguez, dieron declaraciones en el mismo sentido, con la novedad de que la ministro Rodríguez agregó una nueva figura al elenco de la conspiración, el “narcoparaco” –así lo denominó- Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia.

El excandidato presidencial y gobernador del estado de Miranda, Henrique Capriles Radonski, dio un giro irónico a esas afirmaciones oficialistas, durante una rueda de prensa ofrecida en Caracas y que no contó con cobertura de medios radioeléctricos venezolanos. “Los civiles no damos golpes de Estado”, le devolvió la pelota al oficialismo, “así que le exigimos al Gobierno que muestre las evidencias de los militares que pueden estar actuando contra la Constitución”.

La aparición de Capriles pareció devolverle algo de la iniciativa política capitalizada, luego de los hechos de calle de la última semana, por los dirigentes de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que, como Leopoldo López y María Corina Machado, favorecen opciones más allá de las electorales para desalojar al Gobierno de Nicolás Maduro. Capriles exigió al primer mandatario el desarme de los grupos paramilitares adeptos a la revolución y, si bien rechazó la violencia, pidió que no se criminalice a los estudiantes “que tienen razones para protestar”. Anunció además que pronto convocará a una concentración pública “contra la violencia”.

El domingo fue el quinto día seguido de protestas y disturbios, aunque de menor intensidad y constreñidos a puntos casi emblemáticos de la oposición, como la Plaza Francia de Altamira, en el este de Caracas. Manifestantes volvieron a levantar barricadas frente a la sede del principal canal de televisión del Estado, Venezolana de Televisión, enclavada en el corazón de un barrio de clase media caraqueña. Fuerzas antidisturbios actuaron para levantar el cerco mediante el empleo de gases lacrimógenos.

La jornada dominical prometía abrir una tregua después de cuatro días de protestas protagonizadas por grupos estudiantiles contrarios al Gobierno chavista. En horas de la mañana, cientos de estudiantes marcharon sin incidentes por la avenida Francisco de Miranda de la capital. Los dirigentes universitarios dijeron que este lunes anunciarán las nuevas acciones de protesta que van a emprender.

En su edición dominical el diario Últimas Noticias de Caracas puso en entredicho la versión oficial sobre los disturbios del miércoles, los más graves de la semana, que en la capital tuvieron un saldo de tres muertes y decenas de heridos. Haciendo un análisis de fotos y vídeos aficionados, el diario demuestra que funcionarios de la policía política reprimieron a los manifestantes con disparos, y que podrían haber causado dos de los decesos. También el domingo, abogados y activistas de derechos humanos formularon denuncias sobre supuestos abuso sexuales que habrían cometido integrantes de cuerpos de seguridad contra algunos de los casi 200 detenidos tras las manifestaciones.