Una organización busca mejorar el asesoramiento legal para inmigrantes

Después de varios años detectando la falta de acceso a abogados de inmigración de calidad, el juez Robert Katzmann, jefe de la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito, acaba de plantear una solución: inundar los bufetes de abogados de Nueva York y las ONGs locales con letrados especializados. Son profesionales que puedan representar a inmigrantes con casos de deportación, víctimas de violencia doméstica o explotación laboral y que no cuentan con los recursos necesarios para ello.

La idea de Katzmann acaba de cuajar en una organización, Immigrant Justice Corps, que reclutará a abogados especializados para que trabajen en los barrios de la ciudad donde hay un mayor número de inmigrantes y donde son más necesitados. El magistrado explica desde Nueva York que el asesoramiento deficiente “tiene consecuencias devastadoras” para los inmigrantes y afecta también el trabajo de los jueces.

Nisha Agarwal, directora de Immigrant Justice Corps, explica que el número de casos de inmigración en los tribunales estadounidenses se incrementó especialmente después de los atentados del 11 de Septiembre de 2001, cuando cambió la legislación. “Desafortunadamente, sin embargo, el número de abogados disponibles no ha aumentado al mismo ritmo, es muy reducido y su calidad deja mucho que desear”, asegura.

Tanto Agarwal como Eric Weingartner, coordinador de programas en Robin Hood, la organización encargada de recaudar más de un millón de dólares para contratar a los nuevos abogados, denuncian la baja calidad de los servicios de asesoramiento a los que tienen acceso los inmigrantes. Ambos alegan que el ámbito de la inmigración es el único en el que se puede ejercer sin haber superado el examen de cualificación que se exige para cualquier otro campo de la abogacía o la jurisdicción.

El proceso es más eficiente si todas las partes están bien asesoradas”

“Cuando el asesoramiento es bueno, para el juez es más fácil tomar una decisión. El proceso es más eficiente si todas las partes están bien asesoradas”, afirma Katzmann. El juez asegura que el tribunal también sufre las consecuencias de que un cliente no tenga el asesoramiento adecuado. “No puedes abordar el caso con la confianza de que todos los elementos han sido investigados o desarrollados hasta el final”.

Desde la comunidad china de Flushing, en Queens, a la dominicana en el South Bronx y Washington Heights, o los mexicanos de Central Brooklyn, numerosos inmigrantes desconocen que pueden disponer de asistencia legal en el caso de tener que lidiar con la justicia, no pueden costearla o, una vez contratado un abogado, éste no les proporciona el servicio adecuado.

“Hay inmigrantes que tienen las cualificaciones para solicitar un permiso de residencia legal y aún no lo han hecho porque lo desconocen”, afirma Agarwal. “Otros podrían pedir la ciudadanía y, por diferentes motivos, tampoco lo solicitan”. A partir del otoño, 25 abogados y 15 trabajadores comunitarios serán desplegados cada año en diferentes ONGs y bufetes de estos barrios de Nueva York para proporcionarles asistencia legal.

Immigrant Justice Corps ofrecerá ayuda gratuita a quienes se encuentran en el proceso de obtener la ciudadanía estadounidense, están luchando contra una orden de deportación o hayan sido víctimas de violencia doméstica y carezcan de un abogado. “Los trabajadores comunitarios se encargarán de explicarles cuáles son sus derechos y les animarán a que dispongan de nuestra asistencia”, explica Agarwal.

Hay inmigrantes que tienen las cualificaciones para solicitar un permiso de residencia legal y aún no lo han hecho porque lo desconocen”

A pesar de que los inmigrantes tienen derecho a consultar con abogados, no siempre lo saben. Lindsay Nash, abogada de inmigración vinculada a Immigrant Justice Corps, explica que se enfrentan a dos obstáculos principales: los escasos recursos de los que disponen los inmigrantes, así como la falta de preparación de los abogados.

Otro de los objetivos de la organización es reducir el nivel de pobreza en la ciudad de Nueva York, donde afecta a uno de cada cuatro residentes y es siempre un riesgo para los inmigrantes. “Muchos  viven en esta situación por no tener acceso a asistencia legal”, dice Weingartner. Las comunidades más afectadas son los mexicanos, salvadoreños y dominicanos. “Están totalmente desconectados de esa ayuda y sus consecuencias tienen gran impacto en sus vidas y en las de aquellos a los que cuidan, como sus hijos”.

Las últimas medidas aprobadas por la Administración Obama, como la cancelación de las órdenes de deportación para los dreamers -jóvenes indocumentados que entraron ilegalmente en el país siendo niños- representan además nuevos desafíos. “Conforme los inmigrantes empieza a acceder a estos permisos, nos encontramos con problemas que desconocemos porque todavía no se han ajustado las políticas a nivel local”, comenta Nash, justificando así la necesidad de más profesionales.

El juez Katzmann considera que es difícil saber aún si una mejor representación legal en el ámbito de la inmigración reducirá el número de casos ante la justicia. Immigrant Justice Corps espera atender entre 9.000 y 14.000 al año. “Lo más probable es que gracias a un mejor asesoramiento, los inmigrantes lleguen a la corte conociendo todas sus opciones, y muchos de los casos serán resueltos antes de ver a un juez”, afirma.

La falta de avances de la reforma del sistema de inmigración, cuyo debate sigue bloqueado por la división en la Cámara de Representantes, convierte el aumento del número de abogados especializados en algo imprescindible, según Katzmann. “Independientemente de lo que haga el Congreso, hace falta mejor asesoramiento. Si no hay una nueva ley, seguimos teniendo un problema de representación. Y si la hay, necesitaremos más abogados que nunca”.