El Supremo de El Salvador cuestiona la ley de amnistía

El 25 de julio de 1981, una patrulla de 20 soldados del Ejército salvadoreño llegó al pueblo de San Francisco Angulo. Eran sobre las once de la mañana. Sin mediar palabra, asesinaron a 45 personas. En 2005, familiares de las víctimas comenzaron a exigir justicia y que se supiera la verdad de lo ocurrido. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador lanzó el miércoles un rayo de esperanza sobre la causa al ordenar a la Fiscalía General investigar quiénes ordenaron y cometieron los asesinatos.

Durante la guerra civil salvadoreña, entre 1980 y 1992, se produjeron este tipo de carnicerías que respondían a una táctica de contrainsurgencia conocida como tierra arrasada. Se trataba de “quitarle el agua al pez”, es decir, quitarle a la guerrilla la base social de apoyo.

Hay registro de masacres, como las de El Mozote y la de Río Sumpul, en las que fueron asesinadas un millar de personas en cada una. Los registros del Informe de la Comisión de la Verdad, auspiciado por la ONU, dan cuenta de tales atrocidades de lesa humanidad, que nunca han sido investigadas judicialmente en El Salvador: lo impide una ley de amnistía promulgada en 1993, durante el Gobierno de Alfredo Cristiani.

La sentencia de amparo emitida por la Sala de lo Constitucional es ahora favorable a los familiares de las víctimas: Higinio Ponce Ruiz, Ina de los Ángeles Arias de Rodríguez, Miguel Romero y Blanca Nohemy, quienes exigen desde 2005 saber la verdad. Aunque hubo exhumaciones de más de 40 cadáveres de las víctimas, la Sala de lo Constitucional considera “que el Fiscal General de la República vulneró los derechos de acceso a la jurisdicción y a conocer la verdad de los hechos, al no investigar oficiosamente el homicidio colectivo ocurrido en el cantón San Francisco Angulo, y haber dilatado injustificadamente el inicio de tal actividad investigativa, la cual hasta la fecha no ha sido seria, exhaustiva, diligente ni concluyente”.

Claudia Interiano, en representación de los familiares y del Centro para la Promoción de los Derechos Humanos Madelaine Lagadec, considera que “el fallo es un hecho sin precedentes en El Salvador, porque es la primera vez que se habla que se ha violentado un derecho constitucional, que es el acceso a la jurisdicción, y dentro de este, por primera vez se estaría diciendo que se ha violado el derecho a la verdad”.

Interiano explica que la actual Corte Suprema de Justicia (CSJ) abre las puertas para que los familiares de víctimas y supervivientes de la conocida como masacre de Tecoluca reciban reparación emocional, psicológica y física. “Se daría un paso más para sanar a la sociedad salvadoreña”, recalca la activista.

Sectores sociales ligados a grupos que velan por los derechos humanos y el Estado de derecho en El Salvador han demandado ante la Sala de lo Constitucional la anulación de la ley de amnistía de 1993. La sala ha admitido la demanda hecha el año pasado y hay expectativa de que resuelva a favor. Este fallo para investigar la masacre de Tecoluca camina en ese sentido, asevera Interiano.