Ecuador impone su primera sanción por la polémica ley de medios

El caricaturista Xavier Bonilla, Bonil, tiene tres días para rectificar la viñeta que publicó el pasado 28 de diciembre sobre el allanamiento que la Fiscalía hizo en la casa de Fernando Villavicencio, periodista y asesor de un asambleísta de la oposición. El Superintendente de Información y Comunicación, Carlos Ochoa, firmó la resolución este viernes y señaló que la afirmación que hizo el caricaturista “no corresponde con la realidad de los hechos y estigmatiza la acción de la Fiscalía General y la Policía Judicial”. La sanción se hace extensiva al Diario El Universo por publicar la viñeta, lo que la Ley de Comunicación llama “responsabilidad ulterior”. Por esto el periódico tendrá que ingresar en la cuenta de la Superintendencia de la Información el 2% del promedio de su facturación de los últimos tres meses, y tiene 72 horas para hacerlo.

La reacción de Bonil ha sido volver a hablar de la censura previa que se quiere imponer. “Gestos como estos tienen como propósito generar un malestar, un golpe al periódico que no tiene nada que ver, porque la página de opinión tiene una frase que reza que las opiniones que aparecen en esa sección son responsabilidad de cada colaborador. La responsabilidad ulterior recae en el medio cuando no se atribuye a nadie la responsabilidad de la pieza, es decir, cuando no está firmada. Esto lo único que hace es empujar la censura previa, que a su vez está prohibida por la misma Ley”, ha dicho a EL PAÍS.

El caricaturista ha sido muy enfático al señalar que el periódico no tiene nada que ver y que él ni siquiera es empleado del mismo. “Soy un dibujante en libre ejercicio y publico en seis medios más”. Resignado, pero con su usual humor, ha comentado también que “tocará mandar (su dibujo) a la rectificadora” para que le “devuelvan enderezada la frase”. La frase a la que hace alusión es la que acompañaba la polémica viñeta: “Policía y Fiscalía allanan domicilio de Fernando Villavicencio y se llevan documentación de denuncias de corrupción”, que es lo que más ha descalificado la Superintendencia de la Información.

Sobre lo que viene a continuación a nivel profesional ha dicho que seguirá haciendo lo mismo, pero con menos palabras. “No me quedaré mudo, seguiré dibujando como lo he hecho siempre desde hace 30 años, he apostado al humor como una manera de ver la vida, y eso incluye la política”. El próximo lunes dará una rueda de prensa para cerrar el caso ante la opinión pública.

Durante los días que ha durado este proceso, Bonil ha recibido innumerables muestras de apoyo. El columnista Francisco Febres Cordero dijo el domingo pasado, en las mismas páginas de El Universo que el caricaturista “solo ha estado armado de un ingenio tan afilado como su lápiz. Así, hasta que ahora le han cambiado su título de humorista por el de agitador social, sujeto peligroso que merece ser aherrojado con los grilletes del silencio”.

Desde Colombia, el caricaturista Jairo Peláez Rincón publicaba en El Espectador una viñeta con la frase: “A Rafael Correa el caricaturista Bonil no le hace ninguna demogracia”. Hubo dibujos de lápices cortados con guillotinas y libretas cercadas con alambres de púas. El respaldo fue muy grande.

La sanción a la caricatura de Bonil es el primer caso que resuelve públicamente la Superintendencia de la Información, basándose en la Ley de Comunicación que fue aprobada en junio de 2013. Todo esto pese a que 60 ciudadanos presentaron ante la Corte Constitucional un pedido de inconstitucionalidad de la ley el 3 de septiembre del mismo año. Este pedido apenas fue aceptado a trámite el pasado 23 de enero. El pedido señala que varios artículos del cuerpo legal contravienen expresas disposiciones de la Constitución, de Tratados Internacionales de Derechos Humanos y las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, relativas a la libertad de pensamiento, de expresión y de comunicación, que son de obligatorio cumplimiento para el Estado ecuatoriano. Además de que el Artículo 1 de la Ley viola el principio de legalidad establecido en el 226 de la Constitución, ya que la Función Ejecutiva se ha arrogado competencias, además de restringir derechos y garantías constitucionales.

Entre quienes suscribieron la demanda figuran: el exalcalde de Quito Paco Moncayo; el actor Christoph Baumann; el ex magistrado Ernesto Albán Gómez; los escritores Juan Andrade, Hernán Rodríguez Castelo, Iván Carvajal y Marco Antonio Rodríguez; los periodistas Diego Oquendo, Andrés Carrión y Jeannette Hinostroza; los analistas Simón Pachano, Felipe Burbano, Luis Verdesoto y Manuel Chiriboga; y también, los ex asambleístas María Paula Romo y César Montúfar.