El Gobierno de Chiapas investiga a la familia de una periodista crítica

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (al sureste de México, en la frontera con Guatemala) citó el martes a declarar a V.S. como presunta responsable del delito de extorsión. La persona investigada es hermana de Sandra de los Santos y Patricia Chandomi, dos periodistas críticas con las autoridades del Estado gobernado por Manuel Velasco, emanado del Partido Verde y el PRI. Una de las hermanas de la acusada señala que se trata de “un acto intimidatorio” ya que se ha comenzado a investigar una causa penal fechada en junio de 2013.

Sandra de los Santos es directora de la página Chiapas paralelo, un medio electrónico de izquierdas. “La página es muy incómoda. La verdad es que se han acercado a nosotros a querernos comprar y no hemos querido”, asegura la directora. Este martes el medio publicó una carta abierta dirigida al mandatario de la entidad. La investigación judicial, asegura el texto, “tiene una serie de irregularidades que apuntan a que esta acción es para amedrentar el ejercicio de la libertad de expresión del equipo de Chiapas Paralelo”.

V.S fue llamada por las autoridades porque podría estar vinculada a una extorsión telefónica realizada en julio de 2012. Este delito, común en México, consiste en conseguir dinero a través de engaños o amenazas hechas por teléfono. Los montos que se pidieron en estas supuestas llamadas van de los 400 pesos (30 dólares) a los 1.500 pesos (113 dólares). De los Santos asegura que la averiguación es “improcedente” porque la supuesta víctima no ha denunciado el delito. La queja fue hecha por un tercero que asegura ser el padre de la persona afectada. “Tampoco se ubica a la persona que supuestamente realizó la extorsión y mucho menos existen depósitos bancarios o pagos a V.S”, señala el texto dirigido al gobernador.

El delito es investigado por la Fiscalía de Asuntos Relevantes, dedicada a indagar casos políticos o de gran impacto en la sociedad. “¿Qué hace el caso ahí?”, se pregunta De los Santos, que asegura que su hermana de 34 años, empleada doméstica y recepcionista en una empresa, “no tiene nada que ver con los medios” ni tiene filiaciones políticas o de activismo social. El texto asegura que el procurador (fiscal) de Justicia, Raciel López Salazar, dijo a la familia que la investigación era un “trámite normal”.

La ONG Artículo XIX, encargada de vigilar el derecho de expresión en el mundo, emitió el pasado 25 de enero una alerta por el “hostigamiento” judicial contra la familiar de De los Santos. “La periodista considera que esta acción es para presionar su línea editorial y la de su medio”, señala el texto de la organización.

Este no es el primer antecedente de intimidación a periodistas críticos con el Gobierno de Chiapas. En la administración de Juan Sabines (2006-2012) las autoridades trataron de vincular a Isaín Mandujano, reportero del semanario Proceso, con la agresión de otro periodista. Lo acusaron de homicidio en grado de tentativa. Ante la presión de los medios nacionales y los organismos de Derechos Humanos el fiscal del Estado desistió y anunció que no existía ninguna prueba que relacionara a Mandujano con el caso.

En noviembre de 2010 un joven informático de nombre Héctor Bautista fue detenido por las autoridades después de recibir una denuncia anónima que lo señalaba como autor de “comentarios negativos que tratan de desestabilizar al buen gobierno”. El ministerio público trató de relacionarlo con miles de imágenes pornográficas de menores. Bautista tenía a su cargo la página Infochiapas.com, que subrayó un tema sensible para las autoridades del Estado: El inexplicable aumento de la deuda pública de Chiapas, que en pocos años pasó de 66 millones de dólares a 1.800 millones. El joven estuvo 40 días en prisión y fue liberado gracias a la presión de la sociedad civil.

Los casos de Bautista y Mandujano pertenecen a la administración pasada. Raciel López era el titular de la fiscalía. En el gobierno de Manuel Velasco ha repetido en el cargo en medio de críticas que lo señalan como responsable de la persecución que se hizo de periodistas y adversarios políticos de la administración de Sabines, entre ellos la investigación a 56 exfuncionarios públicos.

A principios de este mes Manuel Velasco fue cuestionado por EL PAÍS por este personaje tan polémico. “Es un funcionario que tengo con base en la seguridad. Somos uno de los tres Estados más seguros del país. No está para perseguir a nadie. En este primer año no hemos perseguido a nadie”, dijo el joven mandatario.