Simonovis: La crueldad de un régimen malvado

Nunca imaginé encontrarme con un testimonio tan dramático y cruel que reflejara hasta dónde un régimen, del signo que fuera, puede llegar para causarle daño físico, psicológico y moral a sus adversarios. Peor aún, a quienes creen sus enemigos, aunque sea sólo en su imaginación.

Leer la autobiografía de Iván Simonovis (El Prisionero Rojo, Editorial Melvin, noviembre de 2013) hace recorrer al lector en sus 438 páginas lo abominable de un régimen como el venezolano al que poco le importa la dignidad humana, que desprecia la verdad con tal de satisfacer subalternos intereses políticos, demostrando que es capaz de mutilar por más de nueve años la vida de un hombre inocente y su familia.

En abril de 2002 Venezuela vivió su más difícil crisis política de los tiempos de Chávez. Las manifestaciones pacíficas para exigir su salida crecían más. Ese 11 de abril se dio la mayor concentración que recuerda su historia. Aunque convocada para otro rumbo, la enardecida multitud decidió dirigirse hacia Miraflores, el Palacio Presidencial, desbordando a la policía.

Al llegar muy cerca a Miraflores desde Puente Llaguno y la Avenida Baralt fueron emboscados con disparos por oficialistas vestidos de civil que impunemente masacraron a los manifestantes: una veintena de muertos y cientos de heridos. Ante los disturbios Chávez renunció para regresar triunfal dos días después. Quizás todo había sido planeado para que ocurriera así.

Se abrieron 79 investigaciones por los muertos de ese día, casi todos opositores desarmados, menos dos. Resultaron ser oficialistas, muertos en extrañas circunstancias, según las experticias, porque los disparos que recibieron vinieron de arriba hacia abajo, o sea que se hicieron de donde estaban los francotiradores en Puente Llaguno. Las muertes tenían que ser de ambos lados, según la macabra decisión.

Aún con fotos en la mano, claramente identificables, los asesinos, todos oficialistas vestidos de civil, fueron absueltos. Había que encontrar "unos culpables"' aunque no fueran los culpables de muertes de los chavistas. Eso no importaba. Para preservar el honor de la Revolución había que dar con los “responsables”.

El Comisario Iván Simonovis era el Director de Seguridad de la Alcaldía Metropolitana de Caracas. Su experiencia en las agencias de investigación judicial era reconocida a nivel nacional e internacional. Para ese 11 de abril no estuvo ni cerca del área de los disturbios porque la responsabilidad en el campo de acción era de la Policía Metropolitana. Eso no fue suficiente para que más de dos años después de los sucesos del 11 de abril 2002 en noviembre de 2004, Iván Simonovis perdiera su libertad hasta el día de hoy, hace más de 9 años. A otros condenados con él, los Comisarios Forero y Vivas, fueron puestos en libertad por enfermedad.

Ha estado preso en un sótano. Sin acceso al sol tan sólo 13 horas en todos esos años. Han destruido su sistema de salud. Le niegan atención médica oportuna. Durante su encarcelamiento, hasta donde vive su familia, ha sido objeto de acosos oficialistas, hasta una bomba molotov le han tirado. En ocasiones ni al Cardenal Urosa le han permitido visitarle. Simonivs ha resistido como un hombre valiente.

Su juicio, por instrucciones del mismo Chávez, fue el más demorado de la historia de Venezuela. Había que quebrarlo. Lo hicieron en tribunales fuera de Caracas para obligar a sus abogados, incluyendo a su esposa, a trasladarse dos horas a las audiencias. Los testigos falsos, los jueces arbitrarios, los dobleces de todos los funcionarios de los que lo juzgaron, fueron objeto de instrucciones superiores. Posteriormente el ex Magistrado Eladio Aponte Aponte, quien luego de asilarse, confesó toda la trama que lo obligaron montar para condenar a 30 años a Iván Simonovis, como él dice la pena de muerte porque de esa no se sale vivo.

Hasta el Papa Francisco ha intercedido por el Comisario Simonovis. La arbitrariedad de Chávez sólo se compara con la indolencia de su sucesor, Maduro, que pareciera decidido a que este mártir de la libertad muera en prisión. Parece insólito que en pleno siglo XXI se repitan casos como el que creímos desaparecidos con Nelson Mandela.

Guillermo Cochez es abogado y político panameño.