Los directivos petroleros crearon docenas de empresas opacas

Los altos ejecutivos de las grandes petroleras chinas abrieron docenas de empresas en las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Cook y otros paraísos fiscales entre 1995 y 2008, según la base de datos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, según sus siglas en inglés) a la que ha tenido acceso EL PAÍS. La opacidad del sistema de los refugios fiscales y la negativa de las empresas a responder a las preguntas en el marco de la investigación periodística, hacen imposible saber el fin para el que fueron constituidas estas empresas, si ocultaban activos de las sociedades o de los directivos, y ni siquiera si el Gobierno chino estaba informado de estas operaciones.

Lo cierto es que el poder del sector energético es tal que hay analistas que hablan de la existencia de una “facción petrolera” dentro del Partido Comunista Chino (PCCh), compuesta por los dirigentes que han combinado puestos jerárquicos tanto en las empresas como en el aparato político. Las petroleras han sido la punta de lanza y el sustento del trepidante crecimiento económico (9% de media en el último decenio) de China.

El sector es el encargado de saciar el enorme apetito chino por la energía: el país era hasta 1993 un país exportador de hidrocarburos y, 20 años después, es el mayor importador del mundo. La tríada energética se compone de China National Petroleum Corporation (Petrochina), dedicada a la exploración y producción de crudo. Emplea a más de 1,5 millones de personas (550.000 pertenecen a la filial Petrochina) y está entre las cinco mayores del sector por capitalización bursátil. Le siguen China Petroleum and Chemical Corp. (Sinopec), centrada en el negocio de refino y petroquímico —entre las diez primeras del mundo por valor en Bolsa—; y China National Offshore Oil Company (CNOOC), especializada en la explotación de los yacimientos submarinos.

Las tres petroleras han protagonizado unas de las mayores y más rápidas expansiones internacionales conocidas en la industria. Desde que el ex presidente Jiang Zemin declarara la “política de salir al exterior” en el 16 Congreso del PCCh en 2002, las petroleras chinas han desembarcado en más de 30 países y por lo menos en 20 de ellos tienen importantes participaciones en operaciones de producción petrolífera.

La “política de salir al exterior” fue reforzada cinco años más tarde, en el 17 Congreso del PCCh, por el entonces presidente Hu Jintao. El discurso fue el paso definitivo con el que China se entregó a la globalización y supuso un nuevo impulso a la internacionalización de las empresas energéticas, respaldadas con mayor ahínco por el Gobierno a través del apoyo financiero de los grandes bancos públicos, el Banco de Desarrollo de China (BDC), el Banco Industrial y Comercial de China (BICC), y el Banco de Exportaciones e Importaciones (Exim).

En esos años se disparó también la llamada “diplomacia petrolera”, que puso el servicio exterior chino a disposición de las empresas energéticas. Muchos expertos creen que esta política demuestra que el Gobierno y el Comité Central del partido siguen marcando la gran estrategia de las petroleras aun cuando éstas tengan cierta autonomía de gestión y financiera. Otros apuntan a que son las petroleras las que eligen sus objetivos exteriores y las que obligan al aparato político y financiero público a buscar los medios para facilitarles el camino. Parte de la expansión decidida por la tríada energética, sobre todo en los primeros tiempos (como las adquisiciones de Petrochina en Perú en 1992 y Sudán y Venezuela en 1996), se hizo sin la aprobación previa del Politburó. Las empresas decidían la operación e informaban al Gobierno cuando las negociaciones estaban casi concluidas, según un conocedor del sector chino que, como otros consultados, prefiere mantener el anonimato.

Con mayor o menor autonomía, hay situaciones que dejan claro el estrecho marco de relación que subsiste entre el poder público y la industria petrolera. Un ejemplo es la operación entre Sinopec y la petrolera española Repsol en Brasil. Cuando en 2009 Sinopec sufrió un serio revés en su cuenta de resultados ante la imposibilidad de subir los precios de los carburantes por orden del Gobierno, Su Shulin, el mandamás de la empresa por entonces, decidió dar un golpe de timón con una gran operación internacional. Sinopec protagonizó entonces una de las mayores adquisiciones en el sector en 2010 con la compra a Repsol del 40% de sus activos energéticos en Brasil por 7.100 millones de dólares.

La jugada no solo dio a Sinopec una considerable participación en uno de los proyectos petrolíferos más prometedores del país sudamericano, sino que permitió a la firma china poner un pie en ese mercado de la mano de una empresa española ya conocida por el Gobierno brasileño. Tras la operación, muy bien valorada por el Ejecutivo de Pekín, Su Shulin fue designado vicesecretario del partido y gobernador de la provincia de Fujian, una de las más prósperas del país. La promoción de Su demuestra, para expertos como Erica Downs del Brookings Institution de EE UU, que la cúpula del PCCh mantiene el control sobre los altos directivos de las empresas públicas y premia al dirigente que sabe conjugar el éxito empresarial con los intereses del partido: Su se abstuvo de subir los precios de los carburantes internamente, lo que hubiese incrementado el descontento popular, y al mismo tiempo cumplió con el objetivo de “salir al exterior” con una buena adquisición en una zona considerada prioritaria por el Ejecutivo.

Ante las dificultades para comprar activos petroleros en países como Rusia, Canadá o los del golfo Pérsico, la industria petrolera china se ha centrado en regiones más abiertas a sus inversiones como América Latina y África. La estrategia para copar esos mercados ha tenido tres patas: compras directas de activos energéticos, créditos por petróleo, y giras de los líderes chinos por los países productores de gas y crudo.

Las inversiones y contratos suscritos por empresas chinas en el extranjero superaron los 780.000 millones de dólares en 2013, de los cuales 370.000 se destinaron al sector energético, según la base de datos de la Heritage Foundation. No es fácil rastrear estas inversiones porque el grueso de los desembolsos procede de firmas constituidas por las grandes petroleras chinas en Hong Kong o los paraísos fiscales del mar Caribe como las Islas Vírgenes Británicas. A pesar de la opacidad, los datos de la Heritage Foundation dan buena muestra del aumento de los flujos de dinero chino hacia países ricos en recursos naturales de América Latina (Brasil, Argentina, Ecuador, Bolivia, Colombia, Venezuela), África Subsahariana (Nigeria, Níger, Tanzania), y Asia Central (Kazajistán, Turkmenistán).

China quiere reducir drásticamente su dependencia energética de los productores de Oriente Próximo —más de la mitad de su suministro procede de ese área geográfica— porque la ruta de transporte desde estos puntos hacia China necesariamente pasa por el estrecho de Malaca, un área bajo vigilancia militar estadounidense. Para asegurar esta ruta, el Gobierno de Pekín ha diseñado una estrategia que consiste en construir bases navales o puestos de observación en Pakistán, Sri Lanka y Myanmar, que permitirán a la Armada china de alta mar proteger a los buques tanque. Añadido a esto, China pretende aumentar las importaciones de crudo desde América Latina a través del Pacífico y ampliar la red de oleoductos y gasoductos que conectan la región autónoma de Xinjiang con los países centroasiáticos ricos en hidrocarburos.

En paralelo a la adquisición de activos energéticos, China ha desarrollado la estrategia del “préstamo por petróleo”, un mecanismo que ha funcionado muy bien en países productores que se mantienen al margen de los circuitos tradicionales de financiación internacional. Pekín da a estos gobiernos de países en vías de desarrollo créditos blandos a cambio de garantías de suministro. Venezuela, Ecuador o Sudán se han comprometido a entregar a las petroleras chinas ingentes cantidades de su producción durante los próximos años para saldar la deuda. Los créditos e inversiones suelen concretarse tras una gira del presidente chino, en la que generalmente va acompañado de altos cargos de las tres grandes petroleras. Entre 2009 y el año pasado, los sucesivos presidentes Hu Jintao y Xi Jinping realizaron cinco grandes giras por países latinoamericanos y africanos.

El objetivo del trío petrolero chino y del PCCh sigue siendo la seguridad energética del país asiático. Con este fin siempre en la mira, el aparato político nunca ha dejado de tener un ojo sobre la gestión del negocio a pesar de que haya dado cierto margen de libertad a las petroleras. Las firmas son un fiel reflejo de la dualidad del sistema. Por un lado, las empresas son responsables sobre sus beneficios y pérdidas, desarrollan estrategias de inversiones, y hasta cotizan en las Bolsas de Hong Kong y Nueva York. Por el otro, al contrario que Exxon o BP, no están presionadas para pagar dividendos a sus accionistas ni sus consejos de administración eligen a sus directivos. El nombramiento de los responsables de las petroleras es potestad exclusiva del Politburó y a menudo los ascensos y defenestraciones en las empresas responden a la necesidad del partido de recordar a la “facción petrolera” quién manda.

La “facción petrolera” dentro del PCCh ha evolucionado desde los ejecutivos de la economía planificada en los años ochenta, que sólo habían trabajado con sus pares de la antigua URSS, hasta los directivos con estudios superiores en universidades de Occidente y amplia experiencia internacional. Muchos observadores creen que la presencia cada vez mayor de estos profesionales, que tanto ocupan puestos en las empresas públicas como en el aparato político, tenderá a fortalecer su influencia en la economía y a pluralizar al monolítico PCCh.