Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Amnistía Internacional denuncia 40 ejecuciones en Irán solo en 2014

Irán es el país del mundo que más aplica la pena capital

La semana pasada el régimen ejecutó a 33 personas

El presidente iraní, Hassan Rouhani en una conferencia en Teherán. Ampliar foto
El presidente iraní, Hassan Rouhani en una conferencia en Teherán. AP

Amnistía Internacional (AI) ha denunciado hoy que Irán ha ejecutado a 40 personas en lo que va de año, 33 de ellas en los últimos siete días. El elevado número de ajusticiamientos contrasta con las esperanzas que ha suscitado la llegada de Hasan Rohaní a la presidencia el año pasado. Irán, el país del mundo que más aplica la pena capital, concluyó 2013 con 624 ejecuciones, un centenar más que el año anterior, según el Centro de Documentación de los Derechos Humanos en Irán. Al menos medio centenar de ellas fueron públicas.

“El elevado número de ejecuciones llevadas a cabo este mes en Irán es alarmante. Los intentos de las autoridades iraníes de cambiar su imagen internacional son inútiles si al mismo tiempo continúan aumentando las ejecuciones”, afirma Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta de AI para Oriente Medio y el Norte de África, en un comunicado difundido por esa organización.

Desde comienzos de 2014, AI, que trabaja para la erradicación de la pena de muerte, ha registrado 21 ejecuciones reconocidas oficialmente por las autoridades iraníes, así como 19 más que le han sido comunicadas por fuentes dignas de su crédito. Sólo en la semana transcurrida entre el 9 y el 16 de enero se han llevado a cabo en Irán más ajusticiamientos anunciados que en todo el mes de enero del año pasado.

La mayoría de los reos fueron condenados por presuntos delitos de drogas. Pero AI recuerda que “según las normas internacionales, los delitos no letales, como los relacionados con drogas, no se encuentran entre los más graves a que ha de limitarse la pena de muerte”. Además, la Ley Antinarcóticos de Irán no reconoce a los condenados por ese motivo el derecho a interponer un recurso significativo de apelación, “algo en contra de las obligaciones internacionales contraídas por el país”, que exigen garantizar el derecho de apelación contra cualquier sentencia de culpabilidad.

“En Irán, los delitos de drogas se ven en los tribunales revolucionarios, que incumplen de manera habitual las normas internacionales sobre juicios justos. Lo cierto es que se condena despiadadamente a muerte en juicios injustos, y eso es inaceptable”, asegura Sahraoui.

Amnistía Internacional ha solicitado a las autoridades iraníes que conmuten todas las condenas de muerte y suspendan de forma oficial todas las ejecuciones, que en ese país suelen llevarse a cabo colgando al condenado de una grúa a veces en público. También reclama que acaben con el secretismo que rodea a la utilización de la pena capital. Los activistas de los derechos humanos sospechan que ese castigo se usa encubiertamente para acallar a los disidentes políticos, en especial a las minorías étnicas.

“Las autoridades iraníes deben tomar con urgencia medidas para abolir la pena de muerte, pues se ha demostrado una y otra vez que no tiene ningún efecto disuasorio especial sobre la delincuencia”, pide la responsable de AI.

Con motivo del día mundial contra la pena de muerte el 10 de octubre, la Campaña Internacional por los Derechos Humanos en Irán y el citado Centro de Documentación, señalaron que desde la inauguración de Rohaní en agosto se había producido un aumento de las ejecuciones. En las dos semanas entre el 11 y el 25 de septiembre, Irán ajustició a 50 personas, una cifra sin precedentes.

Algunos observadores se peguntaron entonces si los sectores más reaccionarios, que controlan la judicatura, trataban de empañar la nueva imagen de Irán que Rohaní intentaba proyectar en el exterior. Pero la realidad es que el nuevo Gobierno, concentrado en alcanzar un acuerdo sobre su programa nuclear para obtener el levantamiento de las sanciones internacionales, ni siquiera se ha planteado una revisión del sistema judicial, que permite no sólo la pena capital sino numerosos castigos físicos considerados crueles e inhumanos. En 2010 la condena a morir por lapidación que un juez pronunció contra Sakineh Ashtianí dañó gravemente la imagen de la República Islámica en el mundo, aunque finalmente fue revisada.