La protección de Peña Nieto al líder de las autodefensas causa polémica en México

Decenas de policías y soldados vigilan el hospital de la Ciudad de México donde el líder de los grupos de autodefensa de Michoacán, José Manuel Mireles, está ingresado desde el domingo. Mireles sufrió un golpe en la cabeza y la dislocación de la mandíbula después de que la avioneta en que viajaba tuviera un aterrizaje forzoso en una carretera de La Huacana, un municipio serrano a 440 kilómetros al suroeste de la capital del país, la tarde del sábado pasado. Su estado de salud es estable. Pero la protección extraordinaria a un hombre que lidera un grupo de civiles armados ha causado críticas. El Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto "juega con fuego", según algunos analistas.

El secretario de Gobernación [ministro de Interior], Miguel Ángel Osorio Chong, explicó el martes que había ordenado que se protegiera a Mireles porque “es una persona que ha lastimado a los cárteles, particularmente a los Caballeros Templarios [el grupo narcotraficante que domina la región]”. Osorio Chong dejó claro que, de ser necesario, el Gobierno de Enrique Peña Nieto estaba dispuesto incluso a pagar los gastos médicos. “Di la instrucción para que se le diera todo el apoyo”.

"El Gobierno sabe el riesgo que corre [Mireles] y de alguna manera lo están protegiendo para que no le vayan a llegar ahí, en donde está”, reconoció Hipólito Mora, jefe del grupo de autodefensas de La Ruana y, junto con Mireles, su líder más conocido. “Muchos funcionarios y presidentes municipales [alcaldes] no corren el mismo riesgo que Mireles porque él está en la mira de Los Caballeros Templarios”, comentó a medios locales.

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia, urgió al Gobierno a restablecer el Estado de Derecho y detalló que la aparición de estos grupos responde al "abandono" de las autoridades. "Cuando un gobierno decide abandonar el ejercicio de su función y dejar a la sociedad a la deriva, surgen estos grupos". No obstante, recordó que las guardias comunitarias "toman la justicia por su propia mano" y añadió que, con ello, "se ponen por encima de la ley".

El Gobierno de Peña Nieto "juega con fuego", advierte el periodista Carlos Puig. Añade que el peligro de que los grupos de civiles armados acaben convirtiéndose en un problema mucho mayor. "Creo que esta película ya la vimos. Así empezó en Colombia", asegura, en referencia a los paramilitares que aparecieron en el país sudamericano a raíz de la violencia causada por la guerra entre carteles de los años noventa. El analista Alejandro Hope, especialista en temas de seguridad, comentó este jueves que "las autodefensas ocupan los espacios a los que no llega el Gobierno federal" pero subrayó que protegerlas "es un juego peligroso".

"El Gobierno juega con fuego", afirma un analista

Michoacán ha sido uno de los puntos más álgidos de México desde el inicio de la ofensiva contra el narcotráfico en diciembre de 2006. El año pasado registró 990 homicidios, la cifra más alta desde 1998. Desde su aparición, a inicios de 2013, las autodefensas controlan 10 alcaldías y fuentes oficiales reconocen que tienen presencia en al menos 40 de los 113 municipios del Estado.

A la violencia se añade una cierta inestabilidad política. Fausto Vallejo Figueroa (del Partido Revolucionario Institucional, PRI) debió separarse del cargo en abril de 2013 para tratarse una enfermedad. Le sustituyó Jesús Reyna durante unos meses. El portavoz de Reyna, Julio Hernández, acusó a Mireles de tener antecedentes penales en julio pasado. Vallejo regresó a la cabeza del Gobierno estatal en noviembre y recordó entonces que "todo el mundo debe someterse al Estado de derecho". Tras la toma de Parácuaro, el sábado pasado, el gobernador michoacano declaró que "el avance de las autodefensas las debilita".

Clases suspendidas y caminos cerrados

Mientras tanto, en la región, dos soldados murieron en una emboscada el domingo. Decenas de personas han organizado frecuentes bloqueos en algunas vías. Exigen la expulsión de las autodefensas de las comunidades que controlan.

Todas las salidas de autobús hacia Apatzingán, el centro político y económico de la región, están suspendidas. En la central de autobuses de Morelia, la capital del Estado, las dependientas de las compañías de transporte responden a los viajeros: "No hay salidas hacia esa zona hasta nuevo aviso”. Las empresas calculan que, cada día de paro, les cuesta unos 150.000 pesos (unos 11.000 dólares). Esta semana llevan cinco. En la región, cerca de 20.000 niños y jóvenes no han asistido a clases. Más de un centenar de escuelas permanecen cerradas. También hasta nuevo aviso.

Las dificultades para transitar por los caminos afectan también a los agricultores. La zona es una de las principales productoras de limón del país y estos meses son temporada de cosecha. Los productores calculan pérdidas millonarias.

“Tenemos mucho miedo, pero es que no hay de otra”, explica una habitante de Apatzingán. Pide que no se mencione su nombre. “Ellos [los miembros del crimen organizado] cobraban [extorsión] al campesino, al panadero, al carnicero. Mi hermana quiso organizarle a mi sobrina una fiesta de XV Años [tradicional en México] y tuvo que pedirles permiso hasta para eso. Lo que estamos viviendo es muy difícil, pero no hay de otra”.