La pena de muerte en EEUU, en el nivel más bajo desde hace 20 años

La opinión pública estadounidense la rechaza como nunca antes en los últimos 40 años -dato importante si el Supremo tuviera que revisar su constitucionalidad-. Según el sondeo anual de Gallup, el apoyo a la pena de muerte ha caído a una cifra del 60%, con un 40% de la gente encuestada declarando que no cree que se administre de forma justa. El año 2013 concluye con cifras esperanzadoras de que Estados Unidos deje algún día de ser el único páis de Occidente que mantiene en su ordenamiento jurídico la brutal práctica de la pena de muerte.

En 2013, los Estados cometieron 39 homicidios legales –la segunda vez desde 1994 que ese número ha bajado de 40-. En 2013, Maryland se convirtió en el sexto Estado en abolir la máxima pena en los últimos seis años, lo que eleva la cifra de los Estados abolicionistas a 18 (más el Distrito de Columbia y sumado al hecho de que el estamento militar y el sistema federal la mantienen en hibernación). En 2013, el boicot europeo de no vender al sistema de prisiones de EE UU los medicamentos necesarios para ejecutar a los prisoneros con la inyección letal se hizo notar y varios Estados tuvieron que posponer sus ejecuciones debido a la falta de alternativas.

El Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, siglas en inglés), una organización sin ánimo de lucro contraria a la pena de muerte y que documenta tal práctica, asegura en su informe anual que la pena capital se encuentra en uno de sus momentos más bajos desde que fue reinstaurada por el Tribunal Supremo en 1976. Este año se han dictado solo 80 nuevas sentencias a muerte, tres más que en 2012 pero muy lejos de las 315 que se fallaron en 1996.

La pena de muerte es arbitraria, racialmente sesgada e irresolubre. Mientras que se hace cada vez más infrencuente en una parte del país en otra se enquista como una epidemia inmune a la vacuna de la razón. Las 80 sentencias a muerte que se dictaron en 2013 provienen de solo un 2% de los condados de todo el país y las 39 ejecuciones se llevaron a cabo en un 1% de esos condados, según el DPIC. El 85% de todos los condados de la nación no ha llevado a cabo una sola ejecucuión en más de 45 años.

De las 39 condenas llevadas a cabo en 2013, más de la mitad ocurrieron en Texas y Florida (16 y 7 respectivamente). Oklahoma tuvo seis; Ohio tres; Arizona y Misuri dos cada uno; y Alabama, Georgia y Virginia, una. Pero incluso Texas, el Estado líder en pena de muerte, está lejos de su propio –y triste- record: en 1999 dictó 48 sentencias a muerte; este año solo nueve –el sexto año seguido que ese Estado dicta menos de 10 sentencias-.

Para Richard Dieter, director ejecutivo del DPIC, el declive de la pena de muerte tiene que ver con el hecho de que la gente es ahora consciente de que se han producido errores y no tienen vuelta atrás. “Que gente inocente pueda ser ejecutada ha conmocionado a la sociedad hasta el punto de que es más difícil que los fiscales y los jurados la busquen como condena”, escribe Dieter. “Se está produciendo un cambio en la sociedad”, apunta.

Tanto Texas como otros Estados adoptan cada día más la imposición de cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, lo que supone otro importante factor en el declive de la pena de muerte. Jueces, fiscales y víctimas aceptan dejar fuera la máxima pena al garantizárseles que los criminales morirán en prisión. A este punto se suma el hecho –por mucho que la opinión generalizada crea lo contrario- de que la pena de muerte es muy cara, hasta seis veces más que una cadena perpetua, debido a la posibilidad de recursos y apelaciones que alargan indefinidamente el proceso.

La opinión pública estadounidense la rechaza como nunca antes en los últimos 40 años. Según el sondeo anual de Gallup, el apoyo a la pena de muerte ha caido a una cifra del 60%, con un 40% de la gente encuestada declarando que no cree que se administre de forma justa

Florida, sin embargo, sigue apostando fuerte por tan salvaje castigo y ha declarado su intención de matar a más gente y de forma más rápida con la aprobación de una norma que expedita el proceso legal para la ejecución.

Arkansas, Carolina del Norte y California han tenido que dejar en suspenso en los últimos años sus ejecuciones por no lograr un protocolo aceptable a la hora de aplicar la inyección letal debido a la falta del anestésico que duerme al preso. El boicot europeo jugó aquí un importante papel.

Florida ha optado por usar tan solo un componente a la hora de ejecutar al condenado, en lugar de los tres medicamentos de que se compone el método, lo que ha levantado críticas ya que no garantiza que el reo muera sin dolor y no se viole la Constitución americana.

California representan un auténtico desafío al futuro de la pena de muerte en Estados Unidos. En noviembre de 2012, el Estado rechazó por un 52% frente a un 48% abolir la máxima pena. Pero a la vez, los californianos elegían a un Gobernador, Jerry Brown, contrario a la pena de muerte. California tiene en sus corredores de la muerte a 731 presos esperando ser ejecutados –algunos de ellos desde hace décadas-, el mayor número de todo el país (seguido por Florida con 412).Como todos los Estados que usan la inyección letal, California enfrenta años de debate sobre qué hacer con el cóctel mortal de medicamentos del que ahora falta el pentotal sódico para dormir al preso.