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“Montevideo no será Ámsterdam”

La ley quedó habilitada automáticamente a los 10 días de su aprobación, aunque todavía hay aspectos que necesitan del reglamento que tiene que estar finalizado en 120 días

Julio Calzada, responsable de la Junta Nacional de Drogas
Julio Calzada, responsable de la Junta Nacional de Drogas

Julio Calzada es sociólogo, padre de tres hijos adolescentes, y desde la Junta Nacional de Drogas ha sido el responsable de analizar e informar al presidente de Uruguay, José Mujica, y sus ministros sobre las políticas públicas en materia de drogas en el mundo. Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en aprobar una ley que regula la producción y el comercio de la marihuana, ahora se enfrenta al reto de atar los cabos sueltos que quedaron en su tramitación, ponerla en marcha y demostrar que no fue sólo un “experimento”.

La ley impulsada por Mujica y aprobada el 10 de diciembre permite la producción, distribución y venta del cannabis, el autocultivo (con un máximo de 6 plantas por hogar), los clubes de consumidores (con un máximo de 45 miembros y de 99 plantas) y la compra de hasta 40 gramos al mes en farmacias autorizadas, tras inscribirse en un registro previo obligatorio, para mayores de 18 años y residentes en Uruguay, que no termina de convencer a los consumidores.

Extranjeros, turistas y reventa de la marihuana ‘legal’

El reglamento de la ley, que el Ejecutivo tiene que tener finalizado en 120 días, que se cumplen el 20 de abril, especificará algunos aspectos de la ley como que para inscribirse el registro se solicita la residencia. “Es necesario tener la cédula de identidad uruguaya”, explica Calzada.

Este es uno de los temas polémicos con la oposición, que mantiene que el reglamento no puede ser más restrictivo que la ley y debería de haberse prohibido expresamente en la ley el acceso a los no residentes.

“Esto no es una liberalización del mercado, es una regulación”, dice Calzada, quien asegura que en estos 18 meses de trabajo “no estuvo encima de la mesa que Montevideo sea Ámsterdam”. La semana pasada fue a Argentina para dejar claro a los turistas que “no van a ir a Uruguay y se van a encontrar que les van a ofertar en el peaje camino a Rocha para consumir marihuana”. Las penas por tráfico y venta ilícita continúan en vigor.

En cuanto a la posibilidad de que los propios uruguayos vayan a vender sus 40 gramos mensuales, Calzada se pregunta “¿por cuánto dinero asumes ese riesgo? Para ganar 400 dólares, 600 dólares, porque si vendes los 400 gamos a 800 dólares ganarías 400 y te expones de 2 a 5 años de prisión, no parece una hipótesis razonable”. “Las personas que se dedican al narco se exponen a ese riesgo por lo manos para conseguir eso mes a mes, no anual”.

Contexto de la ley

En Uruguay el mercado ilegal de la marihuana mueve entre 30 y 40 millones de dólares y se calcula que la marihuana representa el 90% del conjunto de drogas que se consumen.

En Uruguay, con 3,3 millones de habitantes, ente 120.000 y 150.000 consumen marihuana al menos una vez al año, “un numero nada despreciable”, dice Calzada. Esta situación “no tiene que ser igual para otros países en Latinoamérica” pero asegura que en Uruguay “el mercado y la venta de otras drogas se articula sobre la base del mercado de la marihuana”.

El proceso

Quedan otros asuntos pendientes como la creación del Instituto de Regulación y Control del Cannabis, que se encargará de dar las concesiones para el cultivo; el modelo de producción y el tipo de semillas se cultivarán.

Las licencias se darán a “profesionales que sepan, que den confianza al Gobierno de que va a ser una producción en las condiciones que vamos a plantear”, dijo Calzada. Entre los requisitos: “no pueden tener antecedentes delictivos”. Adelantó que varias empresas -uruguayas y extranjeras- ya han manifestado interés. Sin decir nombres apunta a que algunas se dedican a la semilla, otras a los productos medicinales en Europa. “Vamos a hacer un estudio claro de todas las empresas para evitar que eventualmente organizaciones que están en el tráfico ilícito de cannabis se puedan constituir como empresas”.

La producción

Se estudian varias propuestas para la producción pero “todavía hoy no tenemos una definición”, dijo Calzada, que espera esté “más claro” para mediados de febrero. Las opciones serían: cosechar permanentemente, con un sistema de invernaderos; establecer una cifra de 4 ó 5 cosechas al año; o una producción estacional, un cultivo que se inicia en noviembre y se recoge en abril.

Están evaluando además la extensión de los cultivos, para garantizar su seguridad. Según los cálculos de la Junta, se necesitarían unas 20 hectáreas para satisfacer la demanda en el país.

El precio sin subvención y con impuestos

El precio –todavía por definir- se ha estimado en un dólar el gramo “basándonos en información de la más diversa”, desde la policía a centros de tratamiento, señala el sociólogo, quien manifiesta la disposición a hacer un seguimiento del mercado ilegal y bajar los precios si fuera necesario “para evitar la fuga del mercado legal al negro”.

Calzada adelantó que “se le va a poner impuestos”, con los que se financiarán las campañas de salud y educación, sin que afecte al precio. No se sabe a ciencia cierta el costo de producción, pero Calzada se muestra confiado en “que tenemos un amplio margen desde el estado sin necesidad de subvención”.

¿Será más difícil viajar con pasaporte uruguayo?

Calzada no cree que esta ley afecte a los viajeros uruguayos que lleguen a aeropuertos internacionales, ni que vayan a ser escrutados particularmente. Señala que “algunos problemas ya los tenemos, cuando van a Argentina” puesto que el consumo en Uruguay ya es legal.

Está por ver también si tendrá algún impacto en el transporte de mercancías en las fronteras internacionales.

Una ley de la que todos hablan

La ley ha causado polémica dentro y fuera del país. Según la encuesta más reciente realizada sobre el tema en septiembre el 61% de los uruguayos estaban en contra de la ley. Si bien el Gobierno defiende que su objetivo es tener el control para evitar los riesgos y reducir los daños del uso del cannabis, quitándole el mercado al narcotráfico con una marihuana de calidad controlada y campañas de información contra las drogas. La oposición cree que es una ley que se ha hecho con premura, sin consenso y que puede minimizar la sensación de riesgo a los jóvenes. La ONU ha criticado la decisión de Uruguay y advertido de que viola los tratados internacionales suscritos por Uruguay; el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, ha aplaudido la novedosa ley que “no es una legalización ni una liberalización” y ha deseado “suerte” a Uruguay con la iniciativa. Mientras tanto, Uruguay ha sido el centro de atención mundial por esta y otras leyes aprobadas este año como el matrimonio homosexual, que le ha valido ser nombrado “país del año” por la revista The Economist, entre voces críticas que consideran que la prensa extranjera se fija sólo en lo superficial y no en otros problemas que tiene Uruguay, como una alta tasa de fracaso escolar.

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