Cameron desafía a Bruselas y acelera las restricciones a los inmigrantes de la UE

En un claro desafío al derecho de libre circulación en el espacio comunitario, el Reino Unido ha decidido acelerar sus planes para acotar la inmigración procedente de otros países de la Unión Europea. Los ciudadanos europeos que recalen en el Reino Unido no dispondrán de un acceso automático a los subsidios estatales a partir del próximo 1 de enero, precisamente la fecha en la que la UE va a poner fin a las restricciones para que rumanos y búlgaros accedan al mercado laboral de cualquiera de los Estados miembros. Desde los medios más conservadores y abiertamente antieuropeos viene vaticinándose en los últimos meses una avalancha de inmigrantes desde Rumanía y Bulgaria con el único objetivo de abusar del sistema británico de ayudas públicas.

En una nueva concesión al ala euroescéptica del Partido Conservador, el primer ministro británico, David Cameron, se dispone a tramitar por la vía rápida parlamentaria un paquete de medidas que retrasarán por un periodo de tres meses el acceso de otros ciudadanos comunitarios a la asistencia estatal. El objetivo de su gobierno es “hacer del Reino Unido un lugar menos atractivo por los inmigrantes de la UE”, una proclama que está calando entre aquellos sectores menos desfavorecidos del mercado laboral británico.

En el marco de ese discurso populista, que busca también contrarrestar la creciente pujanza de la fuerza antieuropea y antiinmigración del Partido de la Independencia de Reino Unido (UKIP, en sus siglas en inglés) el Gobierno de Cameron no permitirá a los ciudadanos comunitarios arribados al país el cobro del subsidio de desempleo durante sus primeros tres meses de estancia. Una vez cumplido ese periodo, sólo podrán ser asistidos por la red pública durante medio año, a no ser que demuestren posibilidades reales de obtener un empleo. Algunos ministros de la coalición en el poder (conservadores y liberaldemócratas) quieren añadir a ese requisito un dominio razonable de la lengua inglesa.

Londres ya anunció en la pasada primavera su intención de implementar esas medidas, pero ha sido la subsiguiente reacción contraria de Bruselas la que ha endurecido el discurso de un primer ministro que es rehén de sus correligionarios más recalcitrantes. Aquéllos que forzaron a Cameron a anunciar que el Reino Unido celebrará un referéndum sobre su pertenencia a la Unión Europea lo más tardar a finales de 2017 (y siempre que los conservadores repitan victoria electoral).

Para responder a la “profunda preocupación de los británicos” ante la llegada de un supuesto alud de inmigrantes rumanos y búlgaros, Londres vetará el derecho de estos últimos a reclamar de forma inmediata subsidios en la vivienda, un mecanismo que en las últimas décadas ha contribuido a la integración de millones de extranjeros, no sólo procedentes de la UE, en el Reino Unido. Aquellos que mendiguen o duerman en las calles serán deportados, sin posibilidad de regresar a suelo británico en el plazo de un año.

En el trasfondo de ese nuevo reto a la UE subyace la intención de Londres de renegociar con los restantes socios comunitarios las normas de libre circulación en el espacio europeo para que ya no sean, en palabras de Cameron, simplemente “indiscriminadas”.