El Gobierno de Venezuela interviene la producción y venta de vehículos

El Gobierno de Venezuela tomará la producción y comercialización de vehículos para reanimar el sector y continuar con la llamada “ofensiva económica”, que busca regular los precios de todos los bienes y servicios, mediante decretos leyes dictados en el marco de poderes legislativos concedidos al presidente Nicolás Maduro.

Se trata de un plan que durará los próximos seis meses y que busca resolver uno de los entuertos más grandes legado por el control de cambios que rige a la economía local desde hace más de una década. “Los carros saldrán de la planta con el precio justo establecido por nosotros”, anunció el presidente la noche del martes. Hasta el momento el Gobierno no ha establecido los márgenes máximos de ganancia mediante una ley, pero en la práctica por cada bien vendido no se puede obtener más del 30% de utilidad.

Este método azaroso ha surgido de las inspecciones efectuadas por el gabinete madurista a los comercios desde hace tres semanas. El Gobierno lo ha tomado como globo de ensayo para ver hasta dónde le es posible controlar todos los aspectos de las transacciones comerciales. En vez de atacar las causas que originan la escasa oferta ha decidido regular los precios de los pocos bienes que se producen o importan en el afán de reducir la inflación, que entre enero y octubre acumuló 45,8%.

El sector automotriz es uno de los que exhibe mayores distorsiones. La producción local viene en caída libre por una suma de factores: falta de divisas preferenciales para importar autopartes y conflictos laborales derivados de la atomización del movimiento sindical venezolano aupada por el chavismo. A esas dos razones se suma una tercera que impacta en la drástica caída de las ventas: la prohibición a las empresas automotoras de importar otros modelos de vehículos para satisfacer la demanda. Si en 2007 se vendieron 491.899 vehículos el año 2013 cerrará con menos de 100.000 unidades vendidas, según las cifras estimadas. Este año también muestra un decrecimiento en el número de unidades producidas. Entre enero y octubre se habían ensamblado apenas 65.263 vehículos, 29,13% menos que en el mismo período de 2012, cuando se armaron 95.085.

El Gobierno cree que sus medidas estimularán el consumo, pero desde ya muchos analistas vaticinan una merma más drástica de la oferta debido a la incapacidad que ha demostrado el Ejecutivo para garantizar el abastecimiento una vez que tiene una posición dominante en el mercado o controla el proceso de producción. La escasez de vehículos ha provocado el milagro de que un carro usado, con pocas millas de rodaje, que en otros países se deprecia de inmediato, cueste mucho más que un vehículo cero kilómetros. El bien escaso es mucho más caro.

En una sociedad envilecida como la venezolana los clientes acuden a toda clase de argucias que aumentan el precio final de las unidades. Como la demanda supera a la oferta se hacen listas enormes de compradores que en teoría son atendidos en el mismo orden que fueron anotados por los concesionarios. Puede pasar más de un año antes de recibir el carro, que no cuesta lo mismo que valía al momento de anotarse debido a la inflación. Los créditos se vencen y hay que renovarlos. Hay quien soborna – o paga vacuna, como se le conoce en el argot popular venezolano- al vendedor para colocarse de primero en la fila. Las mafias aprovechan sus contactos privilegiados dentro de las plantas para revenderlos hasta por el doble de su valor. Muchos contratos colectivos del sector automotriz asignan vehículos una vez al año a sus trabajadores como parte de los beneficios de la contratación. Ellos también los venden al precio que marca la cotización del dólar en el mercado negro.

El Gobierno está consciente de todas estas irregularidades, pero no está dispuesto a atacar el problema facilitando las condiciones para que las firmas automotoras aumenten la oferta. En un esfuerzo por asestarle golpes a esas mafias ha autorizado la emisión anual de licencias de importación a particulares siempre y cuando abran una cuenta en dólares. “Es una manera de estimular el ahorro”, dijo Maduro en su intervención de este martes, poco antes de que un apagón dejara a oscuras a 15 estados del país. A las ensambladoras les toca reportar al Estado su producción semanal para que este asigne las divisas que necesita. En la práctica esto significa un nuevo trámite para obtener los dólares necesarios para trabajar.

Poco después de estos anuncios apareció un nuevo reporte de la ONG Transparencia Internacional. Venezuela sigue siendo percibida como el país más corrupto de América Latina. En una escala del 0 (sumamente corrupto) al 100 (muy transparente), este país va en la cola con 20 puntos.