Condena pionera a Chile por la demora en investigar las torturas de la dictadura

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha condenado al Estado chileno por la demora en investigar las torturas a las que fue sometido Leopoldo García Lucero, arrestado el 16 de septiembre de 1973, cinco días después del golpe de Estado del general Augusto Pinochet contra el presidente democrático Salvador Allende.

Además, la CIDH ha fijado una compensación de 20.000 libras esterlinas (unos 23.000 euros) por “compensación por el daño inmaterial ocasionado, denegación de justicia y reparación adecuada”. García Lucero, de 80 años, tiene discapacidad permanente debido a las torturas sufridas durante su detención y es la primera víctima superviviente de los abusos de la dictadura que logra una sentencia a su favor, lo que podría sentar precedente.

García Lucero fue torturado durante un año y medio, el tiempo que pasó preso, y en junio de 1975 fue deportado por decreto del Ministerio del Interior chileno. Fruto de las torturas García Lucero sufre una discapacidad permanente por daños en la columna vertebral, no tiene los dientes incisivos, necesita asistencia auditiva y suministro constante de analgésicos para el dolor crónico y aún es evidente la cicatriz en su frente provocada por un culatazo de un fusil.

“No estoy feliz, pero sí satisfecho porque (la sentencia) sienta un precedente en el mundo para que nada de esto vuelva a ocurrir. Han pasado 40 años y solo se ha hecho un poco de justicia. La compensación no es mucha considerando lo que me hicieron, podría estar muerto”, ha dicho García Lucero a la cadena británica BBC.

También ha recordado sus torturas, pero asegura que el peor momento fue cuando estaba en el campo de concentración de Chacabuco, en el desierto de Atacama, y le amenazaron con disparar a su hija de seis años en la espalda y después matarle.

Desde su exilio, García Lucero reside en Reino Unido y en 1994 denunció las torturas ante las autoridades chilenas. Sin embargo, no fue hasta octubre de 2011 cuando el Estado presentó ante la Corte de Apelaciones de Santiago una denuncia para iniciar la investigación correspondiente.

“Debido a la excesiva demora en iniciar la investigación de las torturas, Chile es internacionalmente responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con la obligación de respetar los derechos de la misma y con las obligaciones establecidas en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura”, señala la CIDH.

La sentencia tiene fecha del 29 de agosto, pero fue publicada y notificada a las partes el pasado 30 de octubre. El fallo está firmado por seis de los siete jueces de la CIDH, ya que, según la propia normativa interna del tribunal, el juez chileno se ha inhibido del caso.