Un diario chino pide en primera página a la policía que libere a un periodista

Un periódico de Guangzhou -capital de la provincia sureña china de Guangdong- ha desafiado a las autoridades y ha publicado este miércoles un editorial en primera página en el que pide a la policía que libere a uno de sus periodistas, detenido por informar sobre “problemas financieros” en una compañía en parte propiedad del Estado. “Por favor, suéltenlo”, señala el texto de New Express con grandes caracteres negros, en referencia al redactor, Chen Yongzhou. La prensa en China está controlada por el Gobierno.

Chen fue arrestado el sábado pasado bajo “sospecha de haber dañado la reputación empresarial” al haber escrito una quincena de artículos sobre las dificultades financieras de Zoomlion, una empresa de maquinaria de la construcción de la provincia vecina de Hunan, que cotiza en las bolsas de Shenzhen y Hong Kong, y es un gran contribuyente en impuestos en Changsha, capital de Hunan.

El editorial asegura que no hay pruebas de que Chen haya cometido algún crimen, y recuerda que los periodistas no deben ser procesados criminalmente por publicar de forma responsable hechos que puedan avergonzar a compañías o individuos influyentes. “Somos un periódico pequeño, pero tenemos agallas por pobres que seamos”, dice el texto. El diario afirma que la policía de Changsha llevó a cabo la detención en una operación interprovincial, y que también buscaba al redactor jefe de Economía, quien lleva “escondido” varios días.

Zoomlion es el segundo mayor fabricante de equipos para la construcción de China, con 32.000 empleados y una facturación de 48.000 millones de yuanes (5.700 millones de euros) el año pasado; el Gobierno de la provincia de Hunan es su mayor accionista, con alrededor del 16% del capital, informa Associated Press.

En sus textos, Chen acusó a Zoonlion de suministrar datos contables fraudulentos y haber inflado los beneficios, según ha explicado el periódico en su cuenta en el servicio de mensajes cortos Weibo, similar a Twitter. “Siempre hemos pensado que mientras informemos de forma responsable, no habrá problema”, continúa el editorial, que añade que el periódico había revisado las informaciones de Chen y no encontró errores significativos. “Incluso si hay un problema, podemos ir a juicio y, si perdemos, pagar la compensación adecuada, aunque signifique que tenemos que cerrar”, señala. “Pero los hechos demuestran que fuimos demasiado inocentes”.

Zoomlion asegura que se quejó a la policía de los artículos de Chen para “salvaguardar los derechos legítimos de la compañía”, según ha declarado su vicepresidente, Sun Chongjin, sin dar más detalles, a la agencia Reuters.

Un consejero del presidente de Zoonlion acusó en julio pasado en su microblog al periodista de cobrar de una empresa competidora, Sany. New Express le demandó por libelo. Sany ha negado cualquier implicación. La fuerte competencia entre las dos empresas de equipos de construcción, en un mercado a la baja, las ha llevado a acusarse mutuamente de espionaje industrial.

La detención de Chen se ha propagado rápidamente por las redes sociales, y hoy ha sido uno de los temas más seguidos en Weibo. Yu Jianrong, un investigador y bloguero influyente, ha calificado el arresto de “abuso de poder público”. Los censores han intentado controlar la difusión del incidente y han eliminado el editorial en algunos portales de noticias.

No es la primera vez que los periodistas de New Express, cuyo público es la creciente clase media, tienen problemas. En agosto pasado, otro periodista, Liu Hui, fue detenido después de que acusara en Internet de negligencia a un antiguo funcionario de la municipalidad de Chongqing, una de las mayores ciudades de China, en el suroeste del país.

Algunos periódicos chinos fuerzan en ocasiones los límites del rígido sistema de control y propaganda bajo el cual funciona la prensa. En enero pasado, los periodistas de Nanfang Zhoumo (Semanario del Sur) fueron a la huelga después de que los censores bloquearan un texto, con ocasión del Año Nuevo chino, en el que el periódico pedía mayor respeto por los derechos constitucionales.

El presidente chino, Xi Jinping, ha puesto en marcha una fuerte campaña anticorrupción, pero al mismo tiempo ha incrementado el control sobre Internet y la represión contra blogueros y periodistas, que, ante la censura habitual de la prensa tradicional, se vuelcan cada vez más en Internet para revelar delitos y manifestar opiniones críticas. El Gobierno asegura que quiere poner fin a lo que llama “rumores en línea”. Una reciente normativa establece que los internautas pueden ser condenados a tres años de cárcel por difundir mensajes difamatorios que sean reenviados 500 veces. Las detenciones de blogueros y periodistas envían una clara señal a cibernavegantes: el Gobierno es quien fija el ritmo de la información y las denuncias de corrupción que son hechas públicas.