Empieza el sexto juicio a Fujimori pero se suspende la primera sesión
El nuevo abogado pidió recusar al tribunal y está pendiente la decisión La Fiscalía lo acusa por ordenar el desvío de fondos públicos a prensa creada para favorecer su reelección en 2000
La primera audiencia del sexto juicio contra el expresidente peruano Alberto Fujimori fue suspendida hasta el próximo 28 de octubre, luego de dos interrupciones para que un médico revise la presión arterial del reo, y a la espera de que otro tribunal decida sobre el pedido del nuevo abogado del político para recusar a las tres magistradas de la Cuarta Sala Penal. La Fiscalía de Perú lo acusa por haber ordenado el desvío de unos 43 millones de dólares de fondos públicos a diarios sensacionalistas creados para apoyar su tercera reelección en el año 2000 y desprestigiar a sus opositores, como parte de las operaciones psicosociales del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). Este caso es denominado el de la prensa chicha.
A diferencia de lo que acostumbraba en anteriores juicios, Fujimori no vistió traje, sino un suéter, un pantalón de drill y mocasines. Lucía ojeroso, con el cabello ligeramente crecido y despeinado, y los reporteros nacionales lo notaban “demacrado”. Tampoco llevó a la audiencia un maletín ejecutivo de cuero, sino un block y un lapicero en la mano, además de un tensiómetro.
El expresidente, detenido desde 2006 en Lima, cumple su condena en una casa acondicionada para ese fin en una base policial en Ate, en la periferia este de Lima. Su sentencia mayor, dada en 2009, es de 25 años de pena por crímenes de lesa humanidad y secuestro agravado, aunque ha sido sentenciado por cinco casos de corrupción. En juicios anteriores, su exabogado César Nakasaki recomendó el reconocimiento de los cargos para la terminación anticipada de los procesos.
Sin embargo, la nueva defensa, el abogado William Paco Castillo ha optado por otras formas. Además del pedido para recusar a las tres magistradas de la Cuarta Sala Pena, Paco cuestionó la jerarquía de las magistradas que pretenden procesar a su patrocinado, y pidió que sea juzgado por la Corte Suprema.
El pedido de la defensa de Fujimori fue descrito por el procurador anticorrupción Julio Arbizu como un “problema de comprensión lectora” de Paco Castillo, pues precisó que de acuerdo a la Constitución de 1993, los presidentes son juzgados por la Corte Suprema solo en los cinco años posteriores a su mandato: Fujimori gobernó hasta el año 2000.
La Fiscalía pide que Fujimori pague una reparación civil de 43 millones de dólares, por el daño patrimonial causado al Estado, aunque la Procuraduría Anticorrupción ha solicitado elevarla a 88 millones de dólares (224 millones de soles), “no solo por el desfalco, sino por el daño a la institucionalidad pública y los derechos ciudadanos”, sustentó Arbizú durante la sesión.
Entre 1999 y 2000, el Servicio de Inteligencia Nacional, que dirigía el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos, creó una red de periodistas y diarios afines a la reelección de Alberto Fujimori, a los cuales les pagaba y los orientaba sobre el tipo de noticias que debían elaborar. Montesinos fue condenado en 2006 a ocho años por peculado y falsedad genérica, a consecuencia de esos pagos millonarios.
Los hijos de Alberto Fujimori, Keiko y Kenyi, presidenta de Fuerza Popular (la actual agrupación fujimorista) y congresista en ejercicio, respectivamente, asistieron a la audiencia, aunque también a diferencia de otros años, no tuvieron espacio preferente y permanecieron casi toda la diligencia de pie, esperando que Alberto Kenya volteara para un saludo. En el juicio oral por los crímenes de lesa humanidad, el Poder Judicial estableció espacios distintos para la prensa, los familiares de los acusados, y los de la parte civil. Esta vez, habiendo pasado años desde el último juicio oral en la Diroes, las salas habían vuelto a ser usadas por los policías en actividades de entretenimiento y solo minuto antes de la instalación de la mesa se vio a trabajadores de limpieza arreglando a último momento el lugar.
En los casi 40 minutos de audiencia, el tribunal confirmó que esperan la decisión de la Primera Sala Liquidadora acerca del pedido para recusar a las tres magistradas que deben juzgar a Fujimori, escucharon la argumentación de Castillo para que la Corte Suprema juzgue a Fujimori, y la sustentación de la procuraduría para elevar el monto de la reparación civil.
En respuesta, el representante del Ministerio Público dijo no estar “de acuerdo” con la continuación de la primera sesión del sexto juicio a Fujimori: “previamente debe resolverse la imparcialidad del colegiado”, acotó. Paco Castillo ha cuestionado a las magistradas porque según él, son antifujimoristas, una de ellas, Aissa Mendoza, es esposa del exfiscal Avelino Guillén, uno de los dos que acusó a Fujimori por crímenes de lesa humanidad en 2009.
Pese a la presión alta que registró el tensiómetro hoy, el parte medico del día indicó que el exgobernante estaba clínicamente estable y con tratamiento para un cuadro de otitis media. El sexto juicio por el uso de la prensa chicha continuará en un par de semanas, con la nueva defensa de Fujimori: no solo el nuevo abogado, sino también la nueva (descuidada) apariencia y mensajes acerca del padecimiento que sufre en prisión: un discurso que el político repite vía Twitter, desde septiembre, a sus 11.000 seguidores. El gobierno de Ollanta Humala no concedió un indulto humanitario a Fujimori, pero Paco Castillo ha solicitado que Fujimori cumpla el resto de la pena bajo arresto domiciliario, una figura que la mayoría de expertos ven improbable.
Al salir del complejo policial, terminada la audiencia, la excandidata presidencial Keiko Fujimori declaró que la familia esperaba solo un juicio “justo y rápido”. Fuera de la instalación policial, una veintena se seguidores del ‘Chino’ entonaba la cumbia que lo llevó a la presidencia fraudulenta en el 2000 y mostraba carteles con frases de apoyo a su líder.
“Estos son solo juicios mediáticos, pantallas, cortinas de humo para tapar otros temas del gobierno actual, nada tiene que ver con el ingeniero, lo usan pese a que está debilitada su salud”, comentó Emilia Ramírez, un ama de casa de 52 años vestida con prendas naranjas, el color que distingue a Fuerza Popular, el partido de los fujimoristas. Sobre pantallas de humo muy costosas del año 2000 es justamente el proceso que ha empezado.
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