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El Supremo rechaza la apelación de California sobre la saturación carcelaria

El tribunal recuerda al Estado que debe despejar sus prisiones antes del mes de enero

Protesta contra la situación en las cárceles el pasado julio.
Protesta contra la situación en las cárceles el pasado julio. Lucy Nicholson (REUTERS)

California tendrá que cumplir con la orden de despejar sus cárceles para finales de enero del año que viene. La Corte Suprema ha rechazado escuchar la apelación del Estado. Es la segunda vez que el Gobernador Jerry Brown apela la orden del Tribunal Supremo de poner fin a la saturación de las prisiones estatales, al 150% de su capacidad con un total de 120.000 presos.

Y la respuesta dictaminada sigue siendo la misma: “La apelación es rechazada por decisión de esta jurisdicción”, ha comunicado el Tribunal.

Michael Bien, uno de los abogados que lleva pleiteando con el Estado desde hace 23 años en torno a las carencias relativas a la salud mental de los prisioneros, opina que “ la decisión del Supremo envía un claro mensaje al Estado: “Sus prisiones continúan siendo peligrosas y disfuncionales”.

“Queda todavía mucho que hacer para cumplir con los estándares constitucionales que garantizan el cuidado médico y mental apropiado de los prisioneros”, señala Bien. “La Corte federal no va a aceptar que simbólicamente se remedien las serias violaciones de los derechos de los presos que aún continúan causando innecesario sufrimiento e incluso la muerte”.

A principios de año Jerry Brown declaró que la crisis de las prisiones de California estaba superada por lo que pidió a la Corte Federal que dejase de supervisar las cárceles estatales y retirase la orden que pende sobre el sistema penitenciario del Estado.

Tras el rechazo de la apelación, California ahora tendrá que arreglárselas en el plazo de tres meses para despejar las celdas de 9.600 prisioneros y dejarlas así al 137’5% de su capacidad.

Los jueces han concedido al Estado un mes extra para solucionar el problema de la saturación, prolongando el plazo de finales de año hasta el 27 de enero. Si bien, los legisladores habían solicitados tres años más a cambio de implementar los programas para la rehabilitación de los internos.

Los jueces también han comunicado al Gobernador que de marcha atrás a los planes de realojar presos en dependencias privadas fuera del Estado, una idea que Brown había apuntado para descongestionar las celdas, con la oposición de los abogados de los presos y sus familiares. Los jueces conminan a ambas partes a que negocien para encontrar una solución definitiva.

Cuál va a ser la solución a partir de ahora para cumplir con la orden inapelable del Tribunal Supremo todavía no está clara. Lo único cierto es que si a 27 de enero del año que viene las prisiones no se despejan, los jueces ordenarán la liberación masiva de varios miles de presos.

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