Un congresista peruano admite que se apropió del sueldo a sus trabajadores

El congresista Michael Urtecho —de Solidaridad Nacional, agrupación del exalcalde de Lima, Luis Castañeda— se define como cristiano, y aludió a su devoción para disculparse el domingo por haberse apropiado parte del sueldo de sus trabajadores en 2007, 2007, 2009 y 2010. Ha reconocido su culpa después de tres semanas de denuncias en la prensa, la amenaza de una acusación constitucional y cuando los dirigentes de su partido discuten su expulsión.

La Comisión de Ética pidió para Urtecho la semana pasada 120 días de suspensión, una acusación constitucional, y que el caso pase al Ministerio Público por los delitos de concusión, estafa, asociación ilícita para delinquir y enriquecimiento ilícito.

Pese a la gravedad de las imputaciones y pruebas disponibles, el congresista llegó a un programa de televisión, se disculpó por haber mancillado el nombre de Dios y acompañó sus disculpas con un soundtrack. El conductor del programa dijo que recibió un CD que el congresista le pidió difundir, pero que no verificó previamente el contenido.

“El ser humano comete muchos errores, graves y de cualquier índole, y ¿sabes qué es lo más difícil?, reconocerlo, por miedo, por susto, por el qué dirán. Hasta el viernes yo no decía la verdad, como cristiano he permitido durante varios días que se mancille el nombre de Dios, he caído en mentira, pero ya no puedo aguantar más esto”, dijo el tercer vicepresidente del Congreso 2009-2010.

“Ya le he pedido perdón [a Dios]. Se cometió un error en 2006, 2007, 2009 y 2010, por pedir apoyo a los trabajadores a través de sus tarjetas [de débito]. Mañana me podrán decir lo que sea, pero hoy me estoy quitando un peso de encima”, añadió.

Según la encuesta nacional Pulso Perú divulgada ayer, el 78% de los consultados cree que Urtecho es responsable de los delitos que se le atribuyen.

Otro informe periodístico reveló previamente que el parlamentario solo documentó el destino de 610 de 834 sillas de ruedas que obtuvo en donación en su calidad de congresista: el parlamentario es además una persona con discapacidad, se traslada por ese medio, y con su esposa, Claudia Gonzales, administra una asociación civil creada para apoyar a personas con discapacidad. Las tres extrabajadoras a quienes Urtecho les quitaba parte del sueldo señalan a Gonzales como quien administraba las tarjetas de débito donde ellas recibían su salario, de unos 900 dólares, pues les pedía sus contraseñas.

Sumándose a esta denuncia, el domingo 13 el programa Cuarto Poder mostró que el despacho del congresista usó documentación falsa para justificar gastos de alimentación y de eventos con empresas que no reconocían haber prestado servicios. Otro cargo por los que se le investiga es el haber contratado a empleados fantasma en el Congreso.

El caso Urtecho explota en un ambiente de creciente desconfianza hacia el Congreso y la política en el país andino. El 69% de los encuestados por Pulso Perú cree que se ha incrementado el nivel de corrupción en los dos últimos años, y un 48% cree que el Congreso es la institución más corrupta después de la Policía Nacional y el Poder Judicial. Además, los dos últimos expresidentes, Alan García y Alejandro Toledo son investigados por una comisión del Congreso y por la Fiscalía: García por supuestos casos de corrupción durante su gobierno (2006-2011) y Toledo por posible enriquecimiento ilícito, a raíz de conocerse unas compras inmobiliarias millonarias realizadas por su suegra y un amigo suyo multimillonario que se asociaron para formar una empresa en Costa Rica.