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Los que huyen de la pesadilla mexicana

Los habitantes de Buenavista, un pueblo de las zonas más violentas de México parten hacia EE UU para salvar su vida

Una cuadrilla de mexicanos trabaja en California.
Una cuadrilla de mexicanos trabaja en California. J. MOORE (AFP)

Los de Buenavista, a 500 kilómetros al oeste de la capital de México, presumen que nacieron en “la capital mundial del limón”. Sus campos están entre los principales productores del país. Pero los siete pueblos y 45.000 habitantes del municipio están en Tierra Caliente, Michoacán, uno de los epicentros de la violencia del narcotráfico. El cartel que domina la zona controla los caminos, amenaza a los pobladores y asesina sin pestañear. Y muchos huyen. “Se ha ido demasiada gente”, explica una vecina. El destino es El Norte: Estados Unidos. No buscan el sueño americano: huyen de la pesadilla mexicana.

“Hay muchos que llegan huyendo. Solamente esta semana he sabido de cuatro personas. Es gente, además, que no se quiere quedar, porque ellos tienen su vida allá, quieren volver”, cuenta Héctor Sandoval, presidente de la asociación Unidos por Aguililla de Redwood City (California). Mientras tanto, los que siguen en Buenavista y acceden a hablar piden que no aparezca su nombre para no pasar ningún riesgo. “Sí, es verdad, cada vez se van más”, explica una vecina. El ayuntamiento de Buenavista les da una carta para que pidan asilo.

En solo un mes, casi 200 personas pidieron asilo político en San Diego, California. El Gobierno de EE UU no detalla el origen de los solicitantes, pero una investigación de AP descubrió que al menos 44 son de Buenavista. La mayoría, mujeres y niños. Entre julio y agosto, EE UU recibió 11 peticiones de asilo de mexicanos al día, según datos del Departamento de Seguridad Nacional.

Las peticiones de asilo de mexicanos han aumentado un 400% en seis años. El Gobierno de EE UU registró 9.206 en 2012, cuatro veces más que en 2006, al inicio de la ofensiva contra el narcotráfico emprendida por el expresidente Felipe Calderón. La oficina de servicios para la ciudadanía e inmigración norteamericana (USCIS, en inglés) calcula que para este año la cifra se duplicará.

Y el camino no es nada fácil. El 90% de las solicitudes de mexicanos son rechazadas. Hay que probar que se sufre de persecución ante un juez y muchos de los que esperan la decisión permanecen en centros de detención hasta que se cumpla el plazo: seis meses. Algunos (sobre todo mujeres y niños) son puestos en libertad antes de que pase el tiempo, pero otros prefieren regresar y esperar en Tijuana, a unos kilómetros de San Diego. Una trabajadora de la Casa Madre Asunta explicó a la cadena local Síntesis en agosto que el problema de estos inmigrantes es “aún peor de lo que vivimos en la frontera hace unos 10 años”.

Otra señora relata entre lágrimas: “Donde vivimos hay mucho peligro. No hay trabajo. Un señor estaba sentado con sus tres criaturas y decía: 'Por favor no me mate, no enfrente de mis criaturas'. Se los mataron ahí y le dijeron '¿verdad que no sufrieron?'”.

El aumento de los refugiados coincide con unas semanas particularmente violentas en julio, cuando en solo unos días los enfrentamientos causaron casi una treintena de muertes, entre ellos un vicealmirante de la Marina mexicana. Y los muertos se acumulan un día sí y al otro también. El sábado pasado mataron a cinco, hace un mes a un diputado local de la región en Morelia. Esta semana, en menos de 24 horas, dos funcionarios de sendos pueblos michoacanos fueron asesinados.

La aparición de grupos de autodefensa desde febrero de este año en la zona ha desencadenado una lucha aún más encarnizada entre los habitantes de un pueblo y otro. Muchos ya hablan con lenguaje de guerra. “Estamos levantados en armas en contra de un cartel”, comenta otra mujer a este diario.

Y mientras tanto, sus paisanos los miran desde El Norte. Justo en las semanas más sangrientas de julio, un grupo de personas se manifestaron frente al consulado de San José (California). Entregaron ahí cartas dirigidas al presidente de EE UU, Barack Obama y al mexicano Enrique Peña Nieto.

La violencia además ha aniquilado la exangüe actividad económica que permanecía en la ciudad. La cosecha del limón de este año se perdió. Los productores denunciaron en mayo que los bloqueos del cartel de narcotráfico que opera en la zona hicieron que se perdieran 130.000 toneladas. Como si quisieran quitarles hasta el título de la capital mundial del limón.

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