El Gobierno de México culpa a las autoridades regionales del desastre

El Gobierno de México ha reiterado este lunes por la tarde que actuó correctamente en la prevención y en la reacción ante la embestida de las tormentas Manuel e Ingrid, que ha dejado 145 muertos y más de un millón de casas afectadas, la mayor desgracia humanitaria en este país desde el terremoto de 1985. De acuerdo con la explicación del titular de Protección Civil, Luis Felipe Puente, el gobierno federal alertó con tiempo a las autoridades estatales y locales, por lo que los posibles errores u omisiones en la gestión de los ciclones habría que buscarlos en esos niveles de gobierno: “Es importante que las autoridades estatales y municipales hagan un balance de sus actuaciones. Eso es claro y objetivo. Ellos deben contestar”.

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, ordenó el sábado que se empiecen las investigaciones. Esta tarde, Puente abundó en que lo fundamental después de la tragedia es saber “quién hizo qué, cómo lo hizo y poder determinar responsabilidades”.

El responsable de Protección Civil resaltó que las instituciones municipales son “las primeras responsables” de los operativos en situaciones de emergencia –“son las que tienen el conocimiento de su propio terreno”, dijo Puente-, y que en caso de que ellas no puedan afrontar la situación deben ser los gobiernos estatales los que las auxilien. El recurso directo a los organismos federales sería, según su explicación, el tercer escalón de los procedimientos de defensa y de respuesta ante esta clase de situaciones. Puente precisó que Protección Civil tiene sobre todo la misión de coordinar las alertas y el apoyo a las autoridades estatales.

El titular de Protección Civil hizo hincapié en que las alertas se dieron antes de la catástrofe. Informó de que el 12 de septiembre empezaron a avisar de la tormenta Ingrid, que entró por el Golfo de México, y que al día siguiente hicieron lo mismo con la tormenta Manuel, que entró por el Pacífico y que fue la que más daños causó, sobre todo en el Estado de Guerrero, donde machacó su principal centro turístico, Acapulco, y dejó alrededor de 70 cadáveres sepultados en el pueblo serrano de La Pintada. Puente precisó que en los avisos se incluyeron recomendaciones de que se extremase la precaución por deslaves de carreteras y de que se pusiesen “restricciones” a las actividades turísticas. En Acapulco hubo unos 40.000 turistas que se quedaron incomunicados durante días hasta que se pudieron establecer salidas aéreas de urgencia.

Tres días después de la primera alerta por Ingrid, y dos después de la primera de Manuel, se formó un Comité Nacional de Emergencias, según indicó Puente. Fue el domingo 15 por la noche. Fue en ese momento cuando se calibró la alarmante dimensión del problema, y la sensación de urgencia no del todo prevista quedó retratada en la manera apurada en que el presidente Peña Nieto tuvo que abandonar un acto en el Palacio Nacional en el que iba a participar en una cena de gala por la conmemoración del Día de la Independencia. Ese mismo domingo ya habían muerto 14 personas por el efecto de los temporales. Entonces, se puso en marcha el Comité Nacional para, en palabras de Luis Felipe Puente, “activar todas las instancias federales, estatales y municipales”, y mandos de Protección Civil e incluso secretarios de Estado del Gobierno federal se trasladaron a los Estados para supervisar los operativos por orden del presidente.

En la actual fase de depuración de responsabilidades un punto clave es el que tiene que ver con las corruptelas urbanísticas, comunes en México, que permitieron la construcción de vivienda en zonas susceptibles de derrumbes o en cauces fluviales secos. El subsecretario de Gobernación Eduardo Sánchez, que acompañó a Puente en la rueda de prensa, subrayó ese problema: “Algunas autoridades pudieron haber otorgado licencias de construcción indebidamente en lugares donde no se debió permitir”. Puente también apuntó a este asunto: “Los accidentes sucedieron en comunidades lejanas donde tuvieron el infortunio de la deforestación y de la ocupación de laderas”. Según él, fuera de estas zonas retiradas, en las zonas de riesgo previstas en los planes de prevención se evacuó a la gente como era debido.

Aparte de aseverar que la actuación del Gobierno federal fue correcta, el titular de Protección Civil reconoció que a México le hacen falta “redes hidrometeorológicas” regionales para poder calibrar mejor las condiciones particulares de cada zona ante las tormentas y una reforma legal que “homologue la Ley de Protección Civil a cada uno de los Estados”. Luis Felipe Puente dijo que el Gobierno tiene la voluntad de resolver estas carencias y que “a mediados del año que entra” el país estará “muy preparado”.