Brasil saca a la luz los delitos de sus diputados y senadores

La ley de Transparencia ya aprobada en Brasil está sirviendo para que los ciudadanos conozcan mejor la corrupción que se anida en los entresijos del poder y que podrá servir como antídoto en las próximas elecciones del 2014, en las que el Congreso será renovado.

La Ley de la Ficha Limpa, aprobada tras una petición popular de más de un millón de firmas, impide a los diputados y senadores que tienen sentencias pendientes en la justicia hasta segundo grado presentarse a las elecciones. Esta norma ha sido un gran catalizador para impedir que presuntos corruptos puedan ser de nuevo elegidos.

Para las elecciones de 2014, los más de ochenta millones de electores tienen ya en sus manos el mapa del actual Congreso Nacional donde aparecen - gracias a las nuevas leyes de transparencia - el número de diputados y senadores que han recibido ya alguna sentencia condenatoria de la Justicia o de los Tribunales de Cuentas.

El mapa pone de relieve que las críticas contra la corrupción política durante las manifestaciones de protesta social del pasado junio no eran injustificadas. Como ha declarado Claudio Weber Abramo, director ejecutivo de la ONG Transparencia Brasil, los datos “confirman una valorización muy negativa de la actual composición del Congreso".

En ese mapa se puede leer que actualmente 190 de los 594 diputados y senadores en ejercicio- prácticamente una tercera parte - han sido alguna vez condenados por la justicia o por los tribunales de cuentas.

No se libra ningún partido. Por ejemplo, el PMDB, que cuenta con 101 diputados, tiene 36 condenados; el PT, con 100, aparece con 28 condenados; El PSDB, con 60, tiene 22; el PR con 43, tiene 14; el PSB con 29, 12, etc.

Incluso han sido emitidas sentencias de cárcel para 14 diputados en activo. Para trece de ellos, las penas fueron cambiadas por multas o por prestación de servicios sociales.

La lista de delitos contra los 190 congresistas condenados es muy variada: homicidio culposo, trabajo degradante, abuso de poder político, ilegalidades administrativas, irregularidades en el uso de dinero público, enriquecimiento personal ilícito, y así hasta 14 tipos de crímenes.

En los sondeos sobre el grado de aprobación de las mayores instituciones del país, el Congreso siempre figura en las últimas posiciones. A partir de ahora, las nuevas leyes de trasparencia permitirán que los electores conozcan quiénes han roto su juramento de trabajar a favor de la comunidad y no a favor de sus propios intereses.

Las próximas elecciones, las primeras en las que se contará con esa información, serán el mejor test para confirmar el grado de responsabilidad de los electores y de su rechazo a los actos de corrupción perpetrados por sus representantes. Ya no será posible alegar ignorancia a la hora de votar a políticos corruptos.