Brasil asiste expectante a la posible reapertura del juicio del ‘mensalão’

Brasil contiene la respiración ante el desenlace de la votación del Tribunal Supremo Federal (STF) que decidirá este miércoles si 12 de los 25 condenados el año pasado en el juicio del denominado mensalão (como se bautizó a la mayor trama de corrupción política destapada en la democracia brasileña) tendrán derecho a un nuevo juicio y a una posible atenuación de sus penas. Tras el pronunciamiento de diez ministros de la máxima instancia judicial de Brasil (cinco ya votaron a favor y cinco en contra de admitir a trámite el recurso), el voto del ministro decano del tribunal, Celso de Mello, inclinará la balanza de la justicia hacia uno u otro lado y pondrá a prueba la credibilidad de un poder judicial sobre el que históricamente planean sombras de duda.

A efectos prácticos, el reglamento interno del Supremo permite en determinados casos (cuando los reos hayan obtenido en el primer juicio al menos cuatro votos a favor de su absolución) la celebración de un nuevo proceso. Este recurso, denominado en Brasil “embargo infringente”, debe obtener previamente la aprobación de la mayoría de los once ministros. Si Mello vota a favor de esta vía, el juicio emprendería una segunda fase de duración incierta. Mientras el grueso de la opinión pública brasileña espera un inminente ingreso en prisión de los condenados, algunos cálculos apuntan a que un nuevo proceso podría dilatarse hasta 2016. Otros más pesimistas hablan de hasta seis años más de análisis y deliberaciones. De cualquier forma, de producirse el nuevo juicio, este no arrancaría hasta el año que viene, invalidando temporalmente las penas ya fijadas y contaminando lo que ya se perfila como un durísimo año electoral (las elecciones presidenciales se celebrarán en octubre de 2014).

Tres son los apuntados como cabecillas de la red corrupta: José Dirceu, ex ministro de la Casa Civil durante el primer mandato de Lula da Silva y mano derecha del expresidente, Delúbio Soares, ex tesorero del Partido de los Trabajadores (PT), y José Genoino, expresidente de la misma formación política. En los casos de Dirceu y Soares, un nuevo juicio podría absolverlos del delito de formación de cuadrilla y, de esta manera, cumplir una condena reducida en régimen semiabierto.

El ministro Celso de Mello, que durante el juicio del año pasado emitió uno de los votos más duros contra los acusados, definiéndolos como “delincuentes que se instalaron en el núcleo más íntimo de la democracia”, podría ahora pronuciarse en la dirección contraria. Así los apuntan algunas declaraciones realizadas por Mello en los últimos días, en las que no ha dado la mínima muestra de que su voto garantizará la entrada en prisión de los condenados. Por su parte, el magistrado Marco Aurelio de Mello, que ya votó en contra de reabrir el caso, ha dicho que “la credibilidad del Supremo está al borde del precipicio”.

A la situación actual se ha llegado tras la jubilación de dos miembros del Supremo y su sustitución por los ministros Roberto Barroso y Teori Zavascki, que no participaron en el juicio ni en la dosimetría de las penas. Sin embargo, han sido ellos los promotores de la posibilidad de reabrir el juicio al considerar excesivas las condenas impuestas. A ellos se sumaron posteriormente otros tres ministros, dividiendo a la corte suprema y generando un acalorado debate en la opinión pública y los mentideros de la política brasileña. Mientras tanto, los reos, que hace algunos meses lo tenían todo perdido, asisten a una suerte de milagro que les ha hecho ver la luz por primera vez.

Millones de brasileños se echaron a la calle el pasado junio para clamar contra un sistema político que no colma sus expectativas y contra una corrupción enquistada en lo más profundo de la administración pública. Según algunos analistas, si el voto de Mello acaba dando vía libre a la celebración de un segundo juicio, podría encenderse la mecha de un nuevo estallido social. Las condenas impuestas en el juicio del mensalão representaron para la prensa y para la sociedad brasileña una línea divisoria en la historia del país. Por primera vez, figuras políticas consideradas intocables ingresarían en prisión. A Dirceu, por ejemplo, le cayeron diez años y diez meses de cárcel en régimen cerrado; A Delúbio Soares, ocho años y once meses; A José Genoino, seis años y once meses. El suma y sigue de las condenas llegó hasta un total de 270 años de prisión para los 25 condenados. Los siete años de juicio y las 44.000 páginas de sumario penden ahora de un hilo.