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El Gobierno del DF endurece el gesto

Las autoridades de la capital de México anuncian que impedirán el retorno de los maestros al Zócalo y que buscarán penas más severas por delitos como “ultraje a la autoridad”

El alcalde de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera.
El alcalde de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera.

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera (México DF, 1966), no permitirá que los maestros inconformes con la reforma educativa se vuelvan a instalar en el Zócalo de la ciudad. Además, el mandatario capitalino ha anunciado que “quien ataque a la ciudad encontrará la respuesta de la ley”; y esa ley, se supo la mañana de este martes, será más severa a la hora de castigar casos de "ultraje a la autoridad" y lesiones.

Al rendir su primer informe de gobierno, Mancera dijo ante los legisladores de la ciudad que si bien no promoverá “escenarios violentos ni caeremos en provocaciones”, no rehuirá de “su responsabilidad con los habitantes” de la ciudad, por lo que advirtió que mantendrá la paz pública.

El alcalde de la capital mexicana trata de esta manera de salir al paso del aluvión de críticas que recibió por su actuación en la crisis derivada de los plantones, las manifestaciones y los bloqueos de vialidades de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que durante semanas desquiciaron a la capital.

Mancera ha hablado durante una hora ante la legislatura local, dominada por el Partido de la Revolución Democrática, que le postuló en las elecciones de julio de 2012, y utilizó los últimos minutos de su mensaje para fijar postura sobre las marchas y mítines –algunas con violencia, todas con afectaciones viales— que suceden cotidianamente en la capital mexicana.

“En este periodo [desde diciembre pasado] ha habido 2.370 manifestaciones, el 68% de ellas por problemas ajenos a la ciudad”, informó el alcalde, quien manifestó su solidaridad a los capitalinos. El gobernante anunció que por lo anterior pedirá al Gobierno federal la creación de un “fondo de capitalidad” para ayudar a quienes resulten afectados por las manifestaciones. No dio más detalles al respecto, pero adelantó que negociará para ello con las autoridades federales, con las que seguirá la buena relación, reiteró. Esa colaboración le ha acarreado críticas de quienes consideran que se ha desdibujado frente al poder federal.

Minutos antes de la comparecencia de Mancera ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Manuel Granados, coordinador de los diputados perredistas en ese órgano legislativo anunció vía twitter que “se reformará el Código Penal capitalino para endurecer sanciones por ultraje a la autoridad y ampliarlas por lesiones”.

El anuncio supone un giro de 180 grados con respecto a lo que la Asamblea hizo apenas en diciembre pasado, cuando cambió la ley para rebajar sanciones y así permitir la libertad de personas detenidas en un desastroso operativo policial –plagado de arbitrariedades y violaciones a los derechos humanos— realizado durante las manifestaciones del 1 de diciembre, cuando tomó posesión el presidente Enrique Peña Nieto, cuatro días antes de que Mancera asumiera la gubernatura de la capital.

Ahora, y luego de que sectores empresariales y algunas voces en la prensa hayan denunciado la pasividad del gobierno capitalino frente a manifestantes violentos (no necesariamente maestros), la respuesta de la Administración capitalina implica endurecer las leyes y no permitir, de entrada, el retorno de la acampada de los maestros al Zócalo, plaza que ocuparon durante semanas, programada para este miércoles.

“La instrucción del jefe de Gobierno es impedir el arribo de los docentes a la plancha del Zócalo”, dijo Héctor Serrano, secretario de Gobierno de la ciudad, quien explicó que si es necesario para ello recurrirán al uso de la fuerza pública.

La decisión implica también un cambio en la postura del jefe de Gobierno, quien rebasado por las protestas y ausente en varios momentos críticos, se escudó todo el tiempo en que la policía capitalina no actuaba –por ejemplo cuando los maestros bloquearon calles de acceso al aeropuerto internacional– para no provocar un enfrentamiento y un eventual derramamiento de sangre. Los maestros respondieron con nuevos bloqueos y el consecuente desquiciamiento de amplias zonas de la ciudad.

Las críticas en contra de Mancera arreciaron el viernes pasado, cuando tras dos advertencias del Ejecutivo de Enrique Peña Nieto a los maestros para que levantaron su acampada, y mediante un operativo de apenas unos diez minutos, la Policía Federal desalojó la principal plaza de este país. Aunque hubo decenas de detenidos y algunas personas resultaron con heridas leves, el operativo fue calificado de “profesional”, según palabras del secretario de Gobernación (Ministro del Interior) Miguel Ángel Osorio Chong, y aplaudido por prácticamente toda la prensa. Todo el crédito por la exitosa acción policial se la llevó la administración de Peña Nieto, lo que generó nuevas críticas que reclamaron al gobernante capitalino su bajo perfil.

“El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, observó el operativo de desalojo del Zócalo comiendo tortas junto al secretario de Gobernación”, escribió el analista Roberto Zamarripa el lunes en el diario Reforma. “Apenas terminara la ocupación policiaca de la plancha, los trabajadores de limpia del gobierno capitalino tenían que recoger la basura. Eso de ser el afanador de la República lastima la investidura del jefe de Gobierno. La figura de Miguel Ángel Mancera se ha desinflado. No es lo mismo ser apapachado por el reflector que enfrentarse en el ring a los verdaderos golpes. Mancera no tiene equipo de gobierno y lo que tiene a su alrededor no le ha resultado confiable. Sus dos muletas, la de Gobierno y la de Seguridad, le han provocado más problemas que soluciones. El jefe de Gobierno vivió prácticamente un mes a salto de mata, sin despachar en sus oficinas, y extraviado en el orden de sus decisiones. Ahora ya puede entrar a su oficina. ¿Para qué? Su estilo de gobierno y su gabinete llegaron al límite”.

El calendario marcaba este martes como la fecha del primer informe de gobierno de Mancera, quien llegó al poder con un arrasador 63% de los votos de los capitalinos. El alcalde desperdició 55 minutos de su discurso al recurrir a una vieja tradición de políticos mexicanos de soltar una catarata de cifras sobre obras o acciones de gobierno que no conmueven a nadie.

Al final de su mensaje, en el que nada dijo del tema que más ha marcado su efímera gestión –el caso Heavens, antro del que fueron sustraídos, secuestrados y asesinados 13 jóvenes de Tepito, y cuya resolución parcial ha sido gracias a la actuación de la Fiscalía federal–, Mancera reiteró que será tolerante, pero anunció que quien ataque a la ciudad tendrá que enfrentarse con la ley. Y esa ley, ya anunció el líder de la Asamblea del DF, será más dura.