Los rebeldes acusan a El Asad de comprar tiempo para rearmarse

La oposición siria duda de que el gobierno de Bachar el Asad vaya a cumplir los compromisos de desarme adquiridos a través de Rusia y acusa a Damasco de estar comprando tiempo para reforzarse militarmente. Este sábado, el comandante del Ejército Libre Sirio, general Salim Idriss, acusó al régimen de haber comenzado a trasladar material químico de sus arsenales a países vecinos a los que tiene pasaje seguro, como Líbano e Irak. Además, el brazo político de la oposición siria eligió finalmente en Turquía a un primer ministro provisional, el islamista moderado Ahmad Tumeh, que deberá gobernar en las zonas que los rebeldes han ganado a El Asad y entablar relaciones con sus aliados en Occidente, cada vez más reticentes a ofrecerles respaldo militar por la presencia de yihadistas en la amalgama de milicias rebeldes.

“Les hemos comunicado a nuestros aliados que el régimen ha comenzado a mover parte de su arsenal de armamento químico a Líbano y a Irak”, dijo este sábado el general Idriss en Estambul, informa AFP. “No nos afecta este acuerdo. Nosotros no tenemos armas químicas y vamos a seguir combatiendo como hermanos para que caiga el régimen”, añadió, equiparando las gestiones de Rusia con una “colaboración con los asesinatos sirios” y con “crímenes contra la humanidad”. El viernes, el propio secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, admitió en una conferencia en Nueva York que hay pruebas de que el régimen de El Asad “ha cometido numerosos crímenes contra la humanidad”.

El régimen se ha apresurado a dar garantías de que permitirá un raudo cumplimiento de los acuerdos alcanzados en Ginebra. Antes incluso de que estos se sellaran, el viernes, el embajador de Siria ante la ONU, Bashar al Yafari, anunció que su gobierno había iniciado los trámites para firmar la Convención sobre Armas Químicas, vigente desde 1997. Este sábado, el director de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPCW), Ahmet Üzümcü, ya avanzó que está trabajando en un “programa acelerado para verificar la destrucción total de los arsenales”. Nueve expertos en armamento químico de la OPCW ya han visitado Siria, en la investigación de la Secretaría General de la ONU, cuyos resultados se esperan la semana entrante.

“Tarde y mal”, dijo el viernes la Coalición Nacional Siria. En un comunicado, el grupo opositor calificó la firma de la Convención sobre Armas Químicas por parte de El Asad de “intentona de evadir la acción internacional además de su obligación de rendir cuentas ante la ciudadanía siria” y pidió que cualquier desarme se imponga a través de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, que abriría la vía a una intervención armada en caso de incumplimiento. Esas exigencias deberá canalizarlas a partir de ahora Tumeh, nuevo primer ministro opositor, elegido este sábado con el 97% de los votos. El anterior, Ghassan Hitto, dimitió en julio por su incapacidad de formar ejecutivo.

Mientras, las operaciones militares contra las posiciones rebeldes se intensificaron este sábado, igual que en las jornadas recientes. Olvidada la parálisis en que quedó el país cuando el ataque de EE UU parecía inminente, el régimen se ha esforzado de nuevo en intentar ganar terreno. Hubo este sábado ataques con artillería y el apoyo ocasional de misiles en Derá, Damasco, Alepo, Hama y Homs. Los Comités de Coordinación Local, una red de observadores afiliados a la oposición, informó de al menos 40 fallecidos en una sola jornada. Según una estimación de la ONU, cada mes mueren en Siria 5.000 personas. De las más de 100.000 bajas registradas en 30 meses de conflicto, sólo un 2% obedece a ataques químicos.

Un nuevo informe de la ONU, presentado el viernes, acusa al régimen de atacar reiteradamente hospitales y convoyes médicos en su acoso a los rebeldes, lo que ha incrementado notablemente el número de bajas. “Las fuerzas del gobierno le niegan tratamiento médico a aquellos que residen en áreas controladas por la oposición de forma sistemática. Es una política que se implementa con ataques a unidades médicas, poniendo en peligro hospitales y personal médico e impidiendo el tratamiento de pacientes”, reza el informe, elaborado por el Consejo de Derechos Humanos. Desde que comenzó la revuelta, han cerrado 32 de los 88 hospitales públicos de Siria, 26 en zonas disputadas por los rebeldes, como Alepo o Homs.