Dominios reservados

¿Debe un Presidente del Gobierno tener manos libres para llevar a su país a la guerra? ¿O, por el contrario, en una democracia tal decisión sólo debería poder ser tomada con el consentimiento de los representantes de los ciudadanos? Tradicionalmente, los Parlamentos han venido siendo convocados para legitimar ante la opinión pública decisiones respecto al uso de la fuerza ya tomadas. Dado que el control retrospectivo ha sido la norma y el control previo ha sido la excepción, nos llama especialmente la atención el caso de Siria donde, además, este control ha adoptado un carácter negativo o dudoso.

El caso británico ha sido el más evidente. La inesperada derrota de Cameron en los Comunes ha barrido de golpe décadas de relación especial con los EE UU y ha puesto en hibernación una política exterior y de seguridad sumamente proactiva. De no haber renunciado Obama a proseguir la vía militar en Siria, al menos temporalmente, hubiéramos asistido a un hecho inaudito en las últimas décadas: una crisis internacional en la que Londres no estaba presente codo con codo con Washington.

Pero el caso de Obama no ha sido menos espectacular. EE UU se caracteriza por tener una cultura de seguridad nacional en la que las diferencias partidistas son puestas inmediatamente entre paréntesis en caso de conflicto internacional. Sin embargo, en esta ocasión, el tradicional patriotismo estadounidense, reflejado en la frase “my country, right or wrong” (en traducción libre, “con mi país, para bien o para mal”), no ha servido para que la opinión pública otorgara un apoyo incondicional a Obama. Como allí, en virtud de su sistema electoral y su cultura política, los representantes populares no sólo son criaturas temerosas de Dios, sino también de sus electores, Obama, olfateando la posibilidad de una derrota o, alternativamente, de una victoria tan apretada como debilitante, no ha podido sentir más que alivio ante la apertura de una inesperada vía diplomática.

Todo ello ha dejado singularmente expuesto al Presidente Hollande que se ha resistido a llevar la cuestión a la Asamblea Nacional francesa. Si algo caracteriza a la V República Francesa es la concesión al presidente de un amplísimo poder para la conducción de la política exterior y de seguridad. Esas prerrogativas, nacidas al amparo del trauma de la guerra de Argelia y la llegada a la presidencia del General de Gaulle, reflejan la idea de que la política exterior y de seguridad es sustancialmente distinta de cualquier otra política pública y debe ser conducida de forma distinta a otras políticas.

Esta idea del dominio reservado puede resultar difícil de entender en un país como España, cuyas relaciones internacionales tienen un perfil multilateral y de baja intensidad en cuestiones de seguridad. Pero si rebobinan y vuelven a la guerra fría entenderán por qué, en un mundo con armas nucleares cuyo empleo se tendría que decidir en cuestiones de minutos, resultaba ineludible conceder a los presidentes del Gobierno la prerrogativa de decidir unilateralmente sobre estas cuestiones y, en consecuencia, excluir a los parlamentos. Aunque de forma hipotética, todavía hoy, democracias consolidadas como EE UU, Reino Unido y Francia, consideran aceptable conferir a un representante electo, Obama, Cameron u Hollande, la capacidad de interpretar cuándo una amenaza existencial a su país puede justificar matar a millones de personas pulsando el botón nuclear.

Esta anomalía democrática se ha justificado como un reflejo de las características del sistema internacional, dominado por lo que los teóricos llaman “anarquía estructural”, una manera elegante de describir aquello que, en la esfera interna, Thomas Hobbes describió como el estado de naturaleza donde, en ausencia de un poder superior, el hombre era un lobo para el hombre. Como demuestra la crisis de Siria, pese a la evolución del derecho internacional, que con el tiempo ha dotado a la comunidad internacional de normas de gran amplitud y profundidad, y pese a la existencia de una sociedad internacional cada vez más densa y una opinión pública mundial cada vez más relevante, la realidad internacional sigue teniendo como elemento central la existencia de unos Estados soberanos que son tan autónomos hacia dentro como hacia fuera y que no responden ante una autoridad superior. La inoperancia de Naciones Unidas, en esta crisis y en decenas de asuntos internacionales, sigue mostrando cómo el viejo orden westfaliano sigue, mal que nos pese, en pie. En este mundo, caracterizado como una mesa de billar donde los Estados se asemejan a bolas que chocan unas contra otras, la fuerza sigue siendo la última ratio y medida del poder de los Estados. Eso no supone una justificación del uso de la fuerza, sino una reivindicación del papel central de la diplomacia; si el derecho internacional fuera efectivo y el orden internacional fuera tal, la diplomacia sería innecesaria.

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