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California pide más tiempo a los jueces para reducir la saturación de sus cárceles

Los legisladores se comprometen a ampliar los programas de rehabilitación en las prisiones

Presos en la cárcel de Pelican Bay (California) en 2001.
Presos en la cárcel de Pelican Bay (California) en 2001.AP

El Gobierno de California necesita más tiempo para cumplir con la orden del Tribunal Supremo que conmina al Estado a reducir la saturación de las prisiones en unos 9.600 internos para finales de año.

Es el acuerdo al que han llegado en Sacramento demócratas y republicanos. Ninguno de ellos ve con buenos ojos liberar a los presos sin más para cumplir con el mandato de los jueces y tampoco hay consenso con la propuesta que la semana pasada barajó el gobernador Jerry Brown, consistente en trasladar a cerca de 10.000 prisioneros a dependencias penitenciarias privadas y del condado.

Fue el propio líder del Senado, el demócrata Darrell Steninberg, quien bloqueó el plan de Brown, alegando que no tenía sentido invertir 315 millones de dólares el primer año y 410 los dos siguientes en trasladar a los presos a otras prisiones para cumplir con las órdenes judiciales.

Su propuesta de utilizar esos recursos para implementar los programas de rehabilitación en las prisiones cuenta con la simpatía de ambos partidos, siempre y cuando los jueces se avengan a ampliar el periodo de tiempo en el que California debe poner fin a la saturación de las prisiones.

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Steinberg opina que “se necesita más tiempo para invertir en una solución más sostenible y duradera que ponga fin al hacinamiento de nuestras cárceles”. Concretamente habla de tres años para obtener resultados visibles con los programas de rehabilitación que permitan liberar a varios miles de presos.

En el caso de que los jueces se nieguen a demorar una vez más la orden del Tribunal Supremo, el plan alternativo de Sacramento sería poner en marcha la propuesta de Brown. Un buen pellizco presupuestario de los 1.000 millones del fondo de emergencia del Estado se destinaría a pagar prisiones privadas y alojamientos alternativos. Estas dependencias acogerían a los 9.600 presos que sobran en las cárceles estatales, con el objetivo de despejarlas y reducir su saturación del 150% actual al 137,7%.

La Oficina del Analista Legislativo, sin vinculación con ninguno de los dos partidos, se muestra escéptica sobre ambos planes, ya que considera la propuesta de Brown una solución a corto plazo y la de Steinberg, muy lenta.

Tampoco los abogados de los prisioneros se sienten muy convencidos con ninguna de las propuestas. En opinión de Michael Bien, un abogado que ha interpuesto una demanda en torno al descuido de la salud mental en las prisiones, “ pedir tres años más a los jueces para cumplir una sentencia que ya se ha demorado tres años, no sé si va a surtir ningún efecto”.

Bien, al igual que el resto de abogados que representan a los prisioneros, es partidario de solucionar el problema de la saturación de las prisiones reformando la legislación penitenciaria de California, el Estado con mayor número de presos en la nación -120.000-.

Los jueces han expresado en numerosas ocasiones que no estaban dispuestos a demorar por más tiempo la situación de hacinamiento y malas condiciones de habitabilidad que sufren las cárceles en este Estado. Un problema que sacaron a la luz pública los propios presos a través de la protesta más larga y masiva que ha conocido California entre su población reclusa, con 30.000 internos de 22 cárceles en huelga de hambre en su momento de mayor apogeo para denunciar las políticas de aislamiento indefinido que practica el sistema penitenciario de este Estado.

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